Toda la diligencia y sensibilidad que exige la gestión de la situación legal y humanitaria de los migrantes en tránsito bloqueados en Euskadi en su ruta hacia Europa ha faltado en la alarmante iniciativa de incentivar su arresto a cambio de días de libranza laboral. La inconcebible iniciativa, que habría partido del inspector jefe de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Irun en una instrucción a los agentes destinados bajo su mando, denota una percepción radical del problema sobrevenido en la localidad guipuzcoana por la decisión del Gobierno de Emmanuel Macron de cerrar el paso hacia Iparralde y devolverlos en caliente. No cabe negar que este es el primer exceso, que incumple unilateralmente las condiciones de tránsito en el marco del acuerdo de Schengen. Pero el incidente pone de nuevo sobre la mesa la evidencia del fracaso colectivo de los mandatarios europeos, incapaces de consensuar una política de gestión común de una migración que no se detendrá por cerrar los ojos ni por cosificar el tratamiento de las personas hasta olvidar los principios del derecho de asilo y asistencia humanitaria. Frente a esa situación, se pueden promocionar diversas aproximaciones al tratamiento del problema. La que demuestra la instrucción, afortunadamente derogada y sometida a expediente, es de una deshumanidad notoria. No se trata de desistir de la seguridad como uno de los componentes de este asunto poliédrico, pero no cabe fiar a la coerción, al tratamiento punitivo, la solución del problema. Mucho menos con la frivolidad de convertir la detención de inmigrantes en una carrera hacia el asueto. Hay una consideración previa, un prejuicio que equipara al migrante con delincuente y asienta lo peor del discurso deshumanizador que alimenta la xenofobia. No estamos ante un “error absurdo”, como condescendientemente interpretaba el delegado del Gobierno español, aludiendo a que su autor es un recién llegado al servicio. No ha llegado con la lección aprendida o, al menos, con la lección correcta y esa es una dejación de responsabilidad del sistema de promoción del Ministerio de Interior. Una culpa in vigilando que ha propiciado una frivolidad que contiene, además, el pecado de que naturaliza un señalamiento de la diversidad racial y facilita su criminalización... a cambio de vacaciones.