No pasaron ni 24 horas de la debacle de las elecciones municipales y regionales del pasado domingo, donde 11 de las 22 capitales de provincia pasaron a dibujarse en el mapa de color rojo a color azul. Como decía, no habían pasado ni 24 horas cuando Pedro Sánchez disolvía las Cortes y anunciaba el adelanto electoral.
Deduzco, que por la premura de la decisión esta ya estaba tomada, es decir, que desde Moncloa se barajaba un escenario de éxito y otro de fracaso, y en este segundo todo pasaba por un adelanto electoral.
El doble efecto que puede producir este adelanto, por un lado, en función de cómo vayan pactando el Partido Popular y Vox, puede que sirva de estimulo para el votante de izquierdas, ante el temor de gobierno de Vox. Y por otro, el segundo efecto logra que Yolanda Díaz y su proyecto político, Sumar no se pueda configurar como una alternativa al partido Socialista, incluso se vea obligada a negociar con Unidas Podemos. Quizás lo que más me ocupa y me preocupa de este adelanto electoral es la cantidad de legislación que queda a medio camino de tramitación, concretamente, 62 de ellas, de las cuales 33 son proyectos del propio Gobierno y 29 son proyectos de otros grupos parlamentarios.
En ese decaimiento parlamentario destacan leyes clave como la Ley de Familias, la de Función Pública, la Ley que regula la prostitución, la Ley de enseñanzas artísticas, la Ley del cine y la cultura audiovisual, la Ley del desperdicio alimentario o la nueva Ley de Movilidad Sostenible. También, la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, la cual, fue un compromiso entre el PSOE y el PNV, que marcó su andadura parlamentaria al inicio de la legislatura y con las Cortes ya disueltas no verán la luz en este mandato.
En cuanto a la reforma de las pensiones, que contó con el apoyo de los sindicatos, a cambio de poder introducir enmiendas y mejoras, la disolución de las cortes frena la incorporación de las mismas, quedando el texto del Decreto, aprobado el pasado 16 de mayo tal y como está.
