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sospechas de irregularidades en el concurso de adjudicación

Relevo accidentado en el servicio de Mediación Judicial

Tras una larga polémica, recursos y una investigación, cambia la empresa adjudicataria

B. Sotillo - Miércoles, 29 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:03h

El servicio de Mediación funciona en los tres territorios.

El servicio de Mediación funciona en los tres territorios. (Foto: O. M. B.)

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El servicio de Mediación funciona en los tres territorios.Protesta de los trabajadores del Servicio de Mediación Intrajudicial, frente al Parlamento Vasco.

gasteiz- Ayer se consumó el polémico relevo de los profesionales y la empresa adjudicataria del servicio de Mediación Intrajudicial de Euskadi, una de las joyas de la corona del departamento de Trabajo y Justicia que en los últimos meses se ha visto salpicada por sospechas de irregularidades en el concurso de adjudicación. El cambio, como todo el proceso, tuvo sus contratiempos y los mediadores que hasta ayer desarrollaban su trabajo en los juzgados de Gasteiz se negaron durante varias horas a abandonar su puesto argumentando que no habían sido debidamente notificados.

Aunque los mediadores de la oficina de Araba llegaron a temer que ante su negativa a dejar sus puestos de trabajo y cederlos a los trabajadores de la nueva empresa adjudicataria del servicio -IRSE Euskadi- la Ertzaintza se personara y procediera a desalojarles, al final esto no fue necesario, aunque sí hubo presencia de los empleados de seguridad del Palacio de Justicia. Fuentes del departamento de Trabajo y Justicia señalaron a DNA que “los trabajadores del servicio, los de la antigua adjudicataria, ya sabían que hoy (por ayer) no tenían que ir a trabajar. En Bilbao y Donostia no ha habido problema, pero los de Álava se han quedado en su puesto de trabajo y se negaban a irse. Se ha optado por esperar a que acabaran su jornada y no ha sido necesaria la presencia de la Ertzaintza. Mañana (por hoy) ya no se les dejará entrar”.

En el departamento de Trabajo y Justicia aseguraron que el cese de actividad de la empresa y los trabajadores que han realizado la mediación judicial en los últimos años fue debidamente notificada, “tanto a la empresa cesante como a la nueva adjudicataria” y “los trabajadores sabían que el día 28 se incorporaban los nuevos mediadores”.

Este accidentado relevo de empresas y trabajadores ha sido posible, según explicaron desde el departamento de María Jesús San José, porque hace unos días el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales resolvió a favor de la administración vasca el recurso interpuesto contra la adjudicación del concurso para la prestación del servicio de Mediación. Anteriormente este mismo órgano desestimó -por haberse presentado fuera de plazo- otro recurso contra el pliego de condiciones del concurso, ya que no contemplaba la subrogación de los trabajadores, tal y como se establece en el convenio del sector de Intervención Social. Ahora, resuelto este último recurso contra la resolución del concurso, que ha paralizado durante unos meses la adjudicación y el relevo de empresas, solo queda la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre las presuntas irregularidades detectadas en el proceso.

un concurso polémicoEl concurso para adjudicar la prestación de servicios de mediación judicial en Euskadi durante los tres próximos años ha estado rodeado de polémica desde el principio, ya que sus cláusulas incumplían la obligatoria subrogación de trabajadores. Además los profesionales del sector denunciaron que a la vista del pliego de condiciones exigidas a las empresas que optaban a llevar el servicio se podía asegurar que el concurso estaba “teledirigido” a favor de una empresa concreta. Las denuncias de los trabajadores y de sus representantes sectoriales llegaron también al Parlamento Vasco, donde hubo varias interpelaciones y preguntas a la consejera San José, así como enmiendas de apoyo a los mediadores y sus reclamaciones.

De hecho, entre enero y el pasado mes de junio se han sucedido las acciones parlamentarias y laborales para reclamar al departamento de Trabajo y Justicia que rectificara su decisión de no incluir la subrogación de trabajadores en el concurso para el servicio de Mediación Intrajudicial. Todas ellas sin resultado, ya que los responsables de Justicia argumentaban que había un cambio de funciones que eximía a la administración de respetar la cláusula de subrogación. Respecto a las sospechas repetidamente señaladas por los profesionales del sector y algunas formaciones políticas de que el concurso estaba diseñado para ser resuelto a favor de una empresa concreta, la decisión final ha terminado por dar la razón a quienes desde el principio sabían qué empresa se iba a adjudicar el contrato.

En el pleno del Parlamento Vasco del 8 de junio, la parlamentaria Jone Goirizelaia aseguró que “nos encontramos con que hay una investigación abierta en la Fiscalía del Tribunal Superior del País Vasco, que está investigando, en relación con este concurso, unas sospechas de prácticas irregulares y de que los pliegos de este concurso estaban teledirigidos para que unas empresas concretas y determinadas obtuvieran las mejores puntuaciones”. También le reprochó a la consejera que su departamento no hubiera abierto una investigación propia. Goirizelaia afirmó que había “apariencia de amaño” y advirtió a San José de las consecuencias de su actuación sobre el personal del servicio de Mediación, que -dijo- “se queda en la calle porque el Gobierno Vasco quiso desde el principio que IRSE Euskadi tuviera las manos libres para colocar a personal amigo”.

Mediación judicial

Historia. El Gobierno Vasco creó en 2007 un servicio de Mediación Penal, un servicio pionero que se fue ampliando a todo Euskadi y en 2011 incluyó la mediación familiar.

El servicio. Actualmente el Servicio de Mediación Intrajudicial es público, gratuito y voluntario, está establecido en todos los partidos judiciales de la Comunidad Autónoma Vasca.

Concurso. A finales del año pasado el Departamento de Trabajo y Justicia hizo público el concurso para la contratación de la Ejecución de las Prestaciones correspondientes al Servicio de Justicia Restaurativa. El contrato es por un plazo de 36 meses.

Denuncias

En diciembre de 2017, los sindicatos y las organizaciones patronales del sector de Intervención Social de Euskadi denunciaron que el concurso vulneraba los convenios al no incluir la subrogación de los trabajadores.

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