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demanda contra el juez del TS

El Gobierno contrata un bufete belga para defender a Llarena

El PSOE corrige su posición inicial para proteger “la soberanía jurisdiccional española” en la demanda contra el juez del TS

Lunes, 27 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:03h

El juez Pablo Llarena junto al ‘major’ de los Mossos, Ferrán López, en un acto celebrado en Barcelona.

El juez Pablo Llarena junto al ‘major’ de los Mossos, Ferrán López, en un acto celebrado en Barcelona. (Foto: Efe)

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El juez Pablo Llarena junto al ‘major’ de los Mossos, Ferrán López, en un acto celebrado en Barcelona.

MADRID- El Gobierno español anunció ayer que ya ha puesto en marcha “todos los mecanismos necesarios” para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada en Bélgica contra el juez Pablo Llarena, entre los que se encuentra la contratación de un despacho de abogados de ese país. El Ejecutivo corrige así su posición inicial, que consistía en no amparar al juez argumentando que “el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función”. Moncloa asegura que ha atendido todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial, “defendiendo los intereses de nuestro país en base a unos criterios jurídicos de nuestro ordenamiento interno, así como del derecho europeo, y garantiza que atenderá las peticiones de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española, que el en futuro pueda realizar el Poder Judicial, de acuerdo con la legislación vigente”.

Llarena, instructor de la causa abierta por el procés, debe comparecer el 4 de septiembre en Bélgica a raíz de la demanda civil presentada allí contra él por el expresident Carles Puigdemont, que alegó que no respetó su derecho a la presunción de inocencia. El órgano de gobierno de los jueces aprobó amparar al magistrado con esta argumentación: “Se nos antoja difícil considerar que pueda existir una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español”.

Además del CGPJ, la Abogacía del Estado -en dos ocasiones- y varias asociaciones judiciales -la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente- y la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales solicitaron al Ministerio de Justicia que asumiera la defensa de Llarena. Jueces y Juezas para la Democracia (JpD) sí consideró que la actuación del Gobierno español era “correcta y ajustada a derecho”, y es que era la única asociación que hasta ahora no había opinado sobre el asunto. - DNA

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