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Apuntes sobre la Ley de víctimas de violencia policial

Por Joseba Eceolaza - Viernes, 10 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Nuestra historia, como la de otros lugares, está marcada por la violencia. Las consecuencias sociales, las heridas morales, los damnificados son tan enormes que algunos hemos tratado de dedicar buena parte de nuestra fuerza a cerrar, en la medida de lo posible, todo lo vinculado a ello.

La de esta ley, presentada por Izquierda-Ezkerra, es la crónica incompleta de una reparación necesaria. Y sobre todo, redactar esa ley supuso apostar por romper unos muros morales que nos han dificultado ver en el otro, en el que piensa diferente a nosotros, también una víctima de la violencia. Es como si durante años hubiéramos dado por bueno eso de que “cada uno que llore a sus muertos”. Y aún peor, nos hemos movido en un terreno lleno de insensibilidad y de relatos que justificaban el matar a alguien por su profesión o su ideología. Hemos sido unos perfectos matizadores cuando el dolor era de los otros.

Por eso fue rompedor, valiente y revolucionario que en pleno proceso de debate de esta ley Iñaki García Arrizabalaga, al que los Comandos Autónomos (escisión de ETA) le mataron al padre, se uniera a Lourdes Zabalza (hermana de Mikel Zabalza) en su demanda de reconocimiento, justicia y verdad.

No se trató de compensar una violencia con otra, ni reescribir la historia en la que ETA ha sido quien ha agredido de forma permanente, cruel e inútil a quien no pensaba como ellos

Como queda patente entonces, la cosa va de reparar un daño causado, en este caso, por funcionarios públicos y grupos ultra. Fijando un relato que haga de la defensa de los derechos humanos algo continuo, universal y permanente. No se trató de compensar una violencia con otra, ni reescribir la historia en la que ETA ha sido quien ha agredido de forma permanente, cruel e inútil a quien no pensaba como ellos. No se trata de plantear una ecuación ruinosa en la que la violencia del 36, más la policial, más ETA era igual a cero, como nos lo quieren imponer quienes encontraron sentido práctico a la violencia de ETA. Las víctimas se suman, no se compensan.

Esa fue, entonces, la intención a la hora de redactar la ley de víctimas de violencia policial. Pero como en todas las leyes sobre víctimas es necesario algún organismo que certifique quién es víctima, y objeto de derechos, y quién no. Por eso la ley navarra, en su artículo 3, creaba la Comisión de Reconocimiento y Reparación, análoga a la que seis meses después creó la ley presentada en la CAV, bajo el nombre de Comisión de Verificación.

Y esta no es una técnica legislativa rara, ni poco habitual, al contrario, en todas las leyes de víctimas se hace de forma parecida. La propia ley foral de víctimas del terrorismo de ETA dice que para acogerse a lo dispuesto en la ley es requisito que los daños producidos sean consecuencia de un acto terrorista. Dicha condición la determinarán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o las respectivas sentencias judiciales, si así las hubiera, o bien por resolución de la Administración competente en la que se determine expresamente dicha calificación. Es decir que independientemente de si hay o no sentencia judicial la administración pública, sin necesidad de encontrar a los culpables, puede definir la condición de víctima cuando se trata del terrorismo de ETA. En el caso, por ejemplo, de la ley de memoria histórica son los testimonios familiares, los trabajos académicos y el programa que existe en la Universidad Pública quien define un censo de víctimas. Así se hace también en el caso de los bebés robados, sin necesidad de juicios paralelos, el Gobierno de Navarra debe presentar un censo de víctimas.

La paradoja entonces no radica en que en la ley de víctimas de violencia policial se haya inventado una comisión rara o extraordinaria, la paradoja radica en que ninguna de esas leyes, salvo la de víctimas de violencia policial, han sido declaradas inconstitucionales pese a llegar al final del proceso de la misma forma. Por lo tanto no hay una técnica normativa rara, ni algo extravagante en la ley navarra. Aunque parezca peregrino, la nuestra la han anulado por una cuestión de tiempo. El recurso contra la ley de la CAV vino unos meses después que el recurso a la ley navarra. Eso ha permitido al Gobierno Vasco negociar la retirada del recurso, oportunidad que el Gobierno de Navarra no ha tenido, dado el poco tiempo que ha habido entre el cambio de gobierno a nivel estatal y la resolución del TC. “La impunidad es tan perversa como la injusticia”, dice Amin Maalouf, yo creo sin embargo que la impunidad forma parte de la injusticia en sí misma, es el símbolo. Por eso lo volveremos a intentar, porque en la batalla de la memoria histórica aprendimos que, aunque cansemos, merece la pena hablar, sanar y reparar.

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