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Editorial

Víctimas de segunda

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la ley navarra de víctimas de extrema derecha y abusos policiales niega el derecho de los afectados al reconocimiento y la reparación

Lunes, 30 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:03h

La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (TC) que anula buena parte de la ley navarra de reparación a las víctimas de actos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos es un duro golpe a los derechos de las víctimas de estos actos terroristas y abusos policiales que va a suponer una vulneración de su legítimo derecho al reconocimiento y la reparación como damnificados. El fallo es, asimismo, un ataque a la capacidad normativa y, con ello, al autogobierno de Nafarroa y puede sembrar dudas sobre la ley hermana -aunque ciertamente distinta y con elementos y características diferenciadores- aprobada por el Parlamento Vasco en 2016 y conocida como de abusos policiales. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que esta sentencia es fruto del recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la ley foral, en un intento por evitar la realidad de la existencia durante décadas de una violencia proveniente de grupos de extrema derecha y parapoliciales y de excesos y vulneraciones de los derechos humanos cometidos por funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es, en este sentido, un fallo derivado de una política del pasado basada en la confrontación y la negación y en un intento por imponer un relato único y uniforme sobre la violencia en nuestro país. La resolución del TC considera que la ley invade competencias del Poder Judicial y que busca “fijar la verdad de lo sucedido”. Es especialmente reseñable que la sentencia cuenta con el voto particular de nada menos que cuatro magistrados, varios de los cuales cuestionan que la norma pretenda suplantar al Poder Judicial y defienden el derecho de las administraciones a resarcir a las víctimas fuera del proceso penal, como ya se hace con las víctimas de ETA. Ell fallo, además, ha podido generar inquietud también sobre el futuro de la ley vasca de abusos policiales, que también fue recurrida por el Ejecutivo de Rajoy aunque hay un acuerdo entre los gobiernos de Iñigo Urkullu y de Pedro Sánchez para retirar el recurso -lo que hará en el próximo Consejo de Ministros- tras unos retoques a la norma que no afectan a su núcleo central. Además, las leyes de la CAV y de Nafarroa no son gemelas aunque mantienen el mismo objetivo de reconocer y reparar a los damnificados, única y estrictamente justa finalidad que las mueve, para que no sigan siendo víctimas de segunda.

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