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Rehúsan aumentar una condena a una procuradora de Vitoria

El Supremo desoye la petición para incrementar la pena de la acusada hasta los dos años y medio

Axier Burdain E. P. - Lunes, 30 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Tribunal Supremo.

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Tribunal Supremo.

Vitoria- La sección primera de la sala de lo penal del Tribunal Supremo ha rechazado aumentar la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Álava a la procuradora de Vitoria condenada a dos años de cárcel por estafa continuada a uno de sus clientes. Los magistrados consideran que la competencia sobre la dimensión del periodo de internamiento recae exclusivamente sobre los jueces alaveses y entiende que no ha lugar a la solicitud de indemnización que reclamó la representación legal de la víctima, que pedía 4.000 euros por los daños morales recibidos.

En junio de 2017, la Audiencia Provincial de Álava dictó sentencia por uno de los múltiples casos de presunta apropiación indebida en los que se ha visto envuelta la acusada. En este caso, la mujer, como procuradora de los tribunales, recibió por parte de uno de sus clientes poder para intervenir en su nombre y le solicitó diversas cantidades de dinero en concepto de provisión de fondos para la realización de diversos trámites procesales relacionados con diversos procedimientos. Dichas cantidades no se ajustaron a los importes reales y, en lugar de percibir los 435 euros que debería haber cobrado por los servicios realizados, acabó embolsándose 9.460 euros. Si bien la Audiencia condenó a la procuradora a dos años de cárcel como responsable de un delito continuado de estafa, los jueces la absolvieron de los delitos de falsedad en documento mercantil y de deslealtad profesional. La Sala, además, ordenó que la acusada abonara a su cliente una indemnización de 9.024,97 euros -más los intereses legales- y a asumir un tercio de las costas legales del procedimiento.

La defensa de la víctima, descontenta con el sentido del fallo, elevó un recurso de casación al Tribunal Supremo por el que reclamaba, entre otros puntos, una indemnización de 4.000 euros y elevar la pena de prisión hasta los dos años y medio.

Los jueces del alto tribunal explican que la reclamación del daño moral “no fue expuesta para la subsanación del error en el momento especialmente habilitado por la ley procesal para la sanación de errores o el complemento de decisión jurisdiccional”. Además, señala que en ningún momento se postula el fundamento de la pretensión indemnizatoria. Igualmente, y pese a que durante el juicio la Fiscalía solicitó una pena de dos años y medio de prisión, los jueces del Supremo subrayan que la decisión final de la pena que se ha de imponer compete exclusivamente al tribunal encargado del enjuiciamiento.

Frente a la solicitud de la aplicación de un agravante en el delito de estafa por el “abuso de relaciones personales”, el motivo se desestima igualmente ya que se entiende que el recurso no refiere “una relación distinta de la puramente representativa que ha sido empleada para el engaño objeto de reproche penal a través del delito de estafa”. Por último, apuntan que la emisión de facturas falsas con precios “hinchados”no equivale a “la completa creación ex novo de un documento con datos inveraces y relativos a un negocio o a una realidad inexistente que se pretende simular”, sino que forman parte de la estafa.

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