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Autoridad

Por Javier Otazu Ojer - Viernes, 27 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:03h

¿Qué personas tienen autoridad sobre otras? ¿Cómo podemos evaluar de forma correcta la autoridad que debe tener un juez, policía, profesor, padre, madre sobre otras personas? Además, existe un problema en doble sentido. ¿Cómo evitar abusos? ¿Cómo hacer que se cumplan las normas?

Es muy difícil que el lector no haya tenido ningún debate personal acerca de los dos asuntos judiciales más polémicos a día de hoy: el juicio de La Manada y el asunto de Alsasua. En ambos casos la autoridad judicial ha quedado en entredicho. ¿Cómo nace la misma? ¿Podemos dudar de los jueces? Y las actitudes y quejas de representantes del Gobierno, ¿tienen su razón de ser debido a la supuesta injusticia que perciben? ¿O deberían haberse aguantado y respetar la separación de poderes?

El conflicto es inevitable al ser humano. Por lo tanto, es necesario un sistema efectivo para dirimir los desencuentros existentes entre personas, instituciones, colectivos sociales o empresas. Para que ese sistema cumpla su cometido debemos dotar de autoridad a los que deben decidir: los jueces. No obstante, una resolución judicial siempre deja alguna parte descontenta. En un caso extremo, estas resoluciones generan nuevos conflictos. Por ejemplo, cuando se dan recusaciones o se acuden a otras instancias. Entramos así en un círculo vicioso que evita la resolución del problema inicial dejando otros en la “bandeja de salida”. Así es como nos encontramos ahora, con un sistema judicial saturado que pide (menuda sorpresa) más recursos económicos. Tiene compañía: lo mismo ocurre en Educación, Defensa, Sanidad, Dependencia... Resumiendo, en todas las partidas dotadas de presupuesto gubernamental. Es un tema cultural sujeto a la siguiente frase: “el no ya lo tengo”. Si dudamos de los jueces, dudamos de todo el sistema. Por eso el castigo que tienen cuando no actúan de acuerdo a la ley es enorme: se juegan su carrera profesional de por vida. Así que un poco de cuidado se supone que tendrán, ¿no?

En el caso de La Manada, el problema es la presunción de inocencia. Se supone que alguien es inocente mientras no se demuestre lo contrario y, por lo tanto, ante la más mínima duda, no se condena a la persona. ¿Que nuestro sistema es demasiado garantista? Posiblemente. ¿Que en casos de violación un sospechoso debería ir a la cárcel debido a la durísima experiencia que sufre una persona violada y que además le puede crear traumas de por vida? Se debate. Que los partidos acuerden la solución y se cambia la ley. Punto. Pero lo fácil es hacer electoralismo barato y salir a la calle. El papel del juez es hacer cumplir la ley. El del político: redactar, discutir y consensuar la ley en su ámbito de actuación: el Parlamento. No hay otro sitio.

Respecto del tema del juicio de Alsasua, la idea anterior se repite. Si la ley es muy dura, se cambia. Si el juez se ha extralimitado en la condena debido a prejuicios o ideologías, instancias superiores se encargarán de castigarlo. Que nadie lo hace, dos posibilidades. Puede ser que, pese a todo, la interpretación del caso respecto de la ley no sea incorrecta. Otra opción: el sistema es un completo estercolero y el corporativismo cumple otra ley, “hoy por ti, mañana por mí”. Pero ahí radica una de las ventajas de pertenecer a la Unión Europea: muchas veces existen instancias superiores a las que se puede acudir en busca de justicia.

Necesitamos reglas. Reglas sencillas, claras y que se puedan interpretar con facilidad. Es difícil determinar aquí la palabra “reglas justas”, ya que este concepto es subjetivo. Lo que para unos está bien, para otros no lo está. Solo los debates que han generado asuntos como la presión permanente revisable sirven para dar cuenta de ello.

Las otras autoridades están más especificadas, y cada una tiene sus problemas. A nivel policial las dificultades son el abuso (ya se sabe, el Estado tiene el monopolio de la fuerza). En el caso de los profesores, el respeto y la permisividad de los padres respecto de los hijos. Es curioso: hace años, en caso de conflicto entre el alumno y el profesor la presunción de inocencia era para el profesor. Ahora, es para el alumno. Cosas de los nuevos tiempos. En la relación entre padres e hijos, tres cuartos de lo mismo. Existe una regla sin la cual nada tiene valor: el respeto. Cuando no existe, todo ha terminado.

¿Y los políticos? ¿Se les respeta? Aquí la situación es todavía más extraña. Cuando se habla de ellos, los comentarios son negativos: “sólo piensan en sí mismos y en coger todo lo que puedan”. Cuando se les ve, la cosa cambia “tengo un amigo parlamentario”, “he estado con el presidente del partido X, cuánto gana en las distancias cortas”.

Eso sí, en un mundo en el que la sobreinformación nos genera dudas e incertidumbres, una autoridad es imprescindible. La de los medios de comunicación.

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