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Lakua y Madrid blindan la reparación a las víctimas policiales sin centrarse en el autor

Sánchez acuerda retirar el recurso de Rajoy contra la ley en el Tribunal Constitucional con modificaciones mínimas

Míriam Vázquez - Miércoles, 25 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:03h

El lehendakari, en un acto con víctimas de todas las violencias, entre ellas Inés Núñez de la Parte, a la izquierda, cuyo padre fue reconocido en el decreto de abusos hasta 1978.

El lehendakari, en un acto con víctimas de todas las violencias, entre ellas Inés Núñez de la Parte, a la izquierda, cuyo padre fue reconocido en el decreto de abusos hasta 1978. (efe)

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El lehendakari, en un acto con víctimas de todas las violencias, entre ellas Inés Núñez de la Parte, a la izquierda, cuyo padre fue reconocido en el decreto de abusos hasta 1978.

el acuerdo

Desistir del recurso. Sánchez anunciará este viernes en Consejo de Ministros que retira el recurso contra la ley.

El Parlamento modifica la ley. La Cámara deberá impulsar en octubre los cambios pactados en la ley, que afectan a los artículos 4, 7 y 14, y a la disposición adicional sexta. Se eliminarán las expresiones que aludan al “esclarecimiento de los hechos”, que tienen reminiscencias que recuerdan a la labor judicial, y se dejará en una mención a “la más completa resolución de los expedientes”. También se protegerán los “derechos al honor, a la presunción de inocencia y a la protección de los datos de carácter personal de las terceras personas que pudieran concurrir en los expedientes”. Se matizará también la mención a la colaboración con el Gobierno Vasco para que sea menos “intensa”.

vitoria- Los gobiernos vasco y español han alcanzado un acuerdo clave para superar el agravio histórico que han padecido las víctimas de abusos policiales y concederles el reconocimiento oficial que se les ha hurtado durante décadas. El presidente español, Pedro Sánchez, ha querido lanzar un primer guiño a la comunidad autónoma vasca con la retirada del recurso que interpuso Mariano Rajoy en el Tribunal Constitucional contra la ley que busca reparar los abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999. Todas las partes se ven reconocidas con este acuerdo. Por un lado, se podrán desplegar todas las actuaciones previstas en la ley: la Comisión de Valoración de los casos podrá estudiar las denuncias de los afectados tengan o no una sentencia judicial que respalde su versión, conceder la condición de víctima y entregar indemnizaciones si corresponde. Por otro, no se ahondará en buscar culpables y se protegerán los datos de los agentes policiales implicados para no suplantar la labor judicial.

Habrá que introducir muy pocos cambios en la ley, lo que da una medida de la seguridad jurídica que le habían dado ya Jonan Fernández, PNV y PSE en la negociación parlamentaria. Se dejará claro que el proceso se centra en reconocer a las víctimas, y no en perseguir a los autores, algo que nunca estuvo en el ánimo del secretario de Convivencia. Ahora quedará plasmado con claridad cristalina.Las modificaciones serán mínimas. Afectan a tres artículos (4, 7 y 14) y la disposición adicional sexta. En concreto, se van a eliminar las alusiones al “esclarecimiento de los hechos”, que por su formulación pueden entrecruzarse con la tarea de los jueces;y se reforzará la presunción de inocencia y la protección de datos.

De esa forma, el Gobierno español entiende que ha quedado blindada la seguridad jurídica de la ley, y lanza un mensaje de tranquilidad y pedagogía a las asociaciones de víctimas, sindicatos policiales y colectivos de la Guardia Civil que rechazan esta ley al entender que busca el descrédito generalizado de las fuerzas de seguridad y entrometerse en el derecho al honor y la presunción de inocencia de sus miembros. Desde el Gobierno Vasco aún hablan en términos de preacuerdo porque el Consejo de Ministros debe confirmar el viernes que desiste del recurso. El Parlamento Vasco, por su parte, se compromete a impulsar los cambios en la ley en octubre. El Gobierno Vasco ha hablado con los grupos y da por hecho que no habrá problemas, con la excepción del PP, que se niega a la reparación. En sentido estricto, el Tribunal Constitucional tiene la última palabra, pero el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, apuntó ayer como una posibilidad muy remota que mantenga el conflicto cuando las partes han llegado a un acuerdo. También quitó hierro al intento de personación de Dignidad y Justicia, argumentando que solo están legitimados los gobiernos, parlamentos y diputados.

Este acuerdo se firmó el lunes en Madrid, en una reunión de la Comisión de Cooperación entre los técnicos de ambos gobiernos. Acordaron retirar el recurso y no materializar el que afecta a la subida salarial de los funcionarios en los Presupuestos de este año. El capítulo de las transferencias lleva otro ritmo y es más complejo. En septiembre se reunirá la Comisión Mixta para cerrar el traspaso de las dos líneas de ferrocarriles donde el Tribunal Constitucional ha reconocido la titularidad vasca, y estudiarán las autopistas y el puerto de Pasaia, la materia más complicada de este paquete de infraestructuras. Pronto se reunirán Erkoreka y la ministra Batet para sellar los acuerdos.

valoraciónErkoreka consideró que los cambios en la ley serán “puntuales y muy concretos para blindar la seguridad jurídica”. Resumió que van a garantizar que la comisión no se inmiscuya en el poder judicial, y también van a asegurar la presunción de inocencia, la protección de datos y el derecho al honor. Concretó que la Comisión de Valoración, de la que forma parte el forense Paco Etxeberria, se pudo reunir antes de este acuerdo porque no tomó decisiones que afecten a artículos suspendidos cautelarmente por el tribunal. El Gobierno Vasco ve entre 300 y 450 casos susceptibles de ser reconocidos. En su papel para tranquilizar a las fuerzas de seguridad, el delegado del Gobierno español, Jesús Loza, en otra comparecencia, aclaró que las vulneraciones no fueron sistemáticas. “Actuaciones aisladas no pueden manchar su buen nombre y su mejor hacer en defensa de la libertad”, dijo.

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