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cesión o comunicación de datos personales

Más de 800 consultas sobre protección de datos en Internet

Seis de cada diez fueron planteadas por personas, preocupadas por su difusión y el empleo de dispositivos como cámaras de vídeo-vigilancia

J. Fernández DNA - Lunes, 16 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Evitar la difusión de sus datos personales en Internet es la principal inquietud de la ciudadanía.Foto: DEIA

Evitar la difusión de sus datos personales en Internet es la principal inquietud de la ciudadanía.Foto: DEIA

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Evitar la difusión de sus datos personales en Internet es la principal inquietud de la ciudadanía.Foto: DEIALas campañas de correos fraudulentos tienen como objetivo el robo de datos personales

“La esencia del derecho fundamental a la protección de datos se encuentra en el ejercicio de sus derechos”

Vitoria- La cesión o la comunicación de datos personales sigue sin ser del gusto total de las personas usuarias de Internet. Lo hacen a regañadientes, forzados por los trámites que se requieren para poder navegar, subir o descargar contenidos, engancharse a las redes sociales y, en definitiva, conectarse a ese otro mundo virtual que a diario compite con el real. Ni qué hablar ya de cuando el nombre, los apellidos y cualquier otra referencia privada aparece (y se mantiene en el tiempo) en foros, tablones electrónicos, redes sociales o en los tan comunes grupos de mensajería instantánea.

En el conjunto de la CAV, por ejemplo, durante el año pasado fueron presentadas algo más de 800 consultas ante la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD), el organismo encargado de velar por el cumplimiento y el respeto de la legalidad en este asunto. La mayoría de esas peticiones de asesoramiento estaban firmadas por personas de la calle;más incluso que instituciones o entidades privadas juntas. Esta circunstancia, evidencia una sociedad exigente con sus derechos y más todavía “una sociedad que se quiere tecnológica”, como decía Margarita Uria, directora de este organismo.

En términos generales, requerían información sobre cómo poder ejercer su derecho al olvido en Internet. En estos casos la labor de la AVPD ha sido ayudar y dar pautas de comportamiento “para ejercitar correctamente los derechos de cancelación y oposición sobre todo en el entorno de Internet y las redes sociales”, detallaban fuentes de la AVPD. En concreto, y según los datos a los que ha tenido acceso este diario, el año pasado se resolvieron una veintena de cuestiones ligadas precisamente con estas cuestiones.

“La divulgación de información en Internet sigue siendo una de las preocupaciones fundamentales de las personas”, apostillaban desde la Agencia Vasca de Protección de Datos. Esta circunstancia confirma la tendencia detectada en ejercicios previos: la principal inquietud de la ciudadanía es evitar la difusión permanente en la red de sus datos personales. Ejemplos de ello, unos cuantos: uno de los reclamantes ejercitó el derecho de cancelación de sus datos personales que aparecían en un listado de aprobados en un proceso selectivo del año 2006 y publicados en la web de Osakidetza;otra persona solicitó al Ayuntamiento de Bilbao que borrara del boletín oficial sus datos por considerar que ya estaba cumplida la finalidad de la publicación. O cuando una persona reclamó la supresión de unos antecedentes por violencia de género que ya habían sido cancelados tanto en el registro del Ministerio de Justicia como en los ficheros de la Ertzaintza.

EJERCER LOS DERECHOS “Se observa claramente que se asienta entre las personas la convicción de que la esencia del derecho fundamental a la protección de datos se encuentra en el ejercicio de sus derechos”, apostillaba Uria, al tiempo que sentenciaba que la ciudadanía “es cada vez más consciente” de que el control más efectivo sobre la información personal -datos, documentos e imágenes- está directamente vinculado “con el ejercicio de derechos”. De hecho, la propia AVPD advierte “una vez más” en su Memoria 2017 sobre una tendencia detectada y denunciada: la utilización creciente de dispositivos de vídeo vigilancia, tanto en el sector público como en el privado, “incluso para finalidades para las que se carece de amparo legal”.

De hecho, tal y como explicaban desde la Agencia Vasca de Protección de Datos, “las finalidades legítimas de seguridad o control laboral” son en muchos supuestos rebasadas y sustituidas “por otras que no superan el juicio de proporcionalidad exigido para un tratamiento de datos tan intrusivo para la privacidad”. La gravedad de algunos asuntos ha llevado a la AVPD a establecer doctrina, posicionarse y abrir expediente sancionador en una veintena de ocasiones. “Se han impuesto seis infracciones muy graves, cinco graves, siete leves y otras tres fueron archivadas”, describían.

La causa fundamental de las sanciones fue la vulneración del principio del deber de secreto y el de seguridad de los datos. Así queda reflejado en algunos de las sentencias de la AVPD como la emitida en contra del Ayuntamiento de Vitoria por la difusión a través de WhatsApp del listado resultante del sorteo para la formación de mesas electorales. “Los datos que se divulgaron fueron el nombre y dos apellidos, DNI, distrito, sección y colegio electoral correspondiente al domicilio de los miembros de las mesas, y cargo a ocupar en éstas”, recordaba el personal técnico de la AVPD. Se sancionó a la Administración local con una infracción grave y otra leve “por vulneración de los artículos 9 y 10 de la LOPD: seguridad de datos y deber de secreto”, ilustraban.

Calificada como muy grave fue otra irregularidad denunciada el año pasado y que consistió en la divulgación por el mismo canal de esa aplicación de mensajería instantánea de la ficha policial y la fotografía de un detenido. “Se denuncia la difusión de parte de la reseña policial de una persona, que obra en una de las aplicaciones informáticas que conforman un fichero del que es responsable el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Se declara una infracción del deber de secreto [...]. El Departamento de Seguridad comunica a la AVPD las medidas adoptadas para evitar nuevas vulneraciones del derecho fundamental a la privacidad de las personas”, telegrafiaban desde la Agencia.

imágenes a menoresLas consultas de mayor complejidad son resueltas a través de la figura del dictamen que, de algún modo, cumple la función de cuerpo doctrinal para el resto de personas que tengan una consulta similar. Uno de los temas estrella y que mayores peticiones de asesoramiento reclamó fue el relacionado con el tratamiento de imágenes de menores y con el uso de datos biométricos (la famosa huella digital) para acceder a instalaciones municipales.

Así, en respuesta a una consulta sobre la publicación de fotografías de menores en una revista municipal, se resuelve que si bien la publicación de imágenes de menores exige con carácter general el consentimiento de estos, o de sus padres o tutores si son menores de 14 años, “no será preciso el consentimiento en aquellos supuestos en los que la imagen del menor sea captada en relación con un suceso o acontecimiento público y dicha imagen aparezca como meramente accesoria”. En lo que se refiere a los datos biométricos, destaca que como regla general no podrán ser tratados, salvo consentimiento explícito o interés público. Y sí, todas las administraciones que contraten unas colonias infantiles deben solicitar de la empresa adjudicataria los certificados de delitos de naturaleza sexual de los monitores asignados al contrato.

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