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Un órgano externo decidirá sobre el contrato de limpieza

El Consistorio se someterá al dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi porque no lo puede resolver por sí mismo

Viernes, 13 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:04h

Camión de basura en las instalaciones de FCC.

Camión de basura en las instalaciones de FCC.

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Camión de basura en las instalaciones de FCC.

vitoria- La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (Cojua) estudiará la petición de la UTE formada por FCC y GMSM para rescindir el contrato del servicio de limpieza de Vitoria después de que los técnicos del Ayuntamiento hayan desestimado los argumentos en los que la contrata basa su petición. Fuentes de Alcaldía trasladaron ayer el contenido de la reunión de seguimiento de la contrata con los técnicos y grupos políticos celebrada durante la mañana, en la que se explicó que el 2 de julio terminó la fase de alegaciones para la empresa con las que el martes se elaboró desde el Servicio de Contratación un informe de contestación.

“Los informes técnicos son desestimatorios, por lo que el Ayuntamiento considera que no se puede resolver el contrato”, explicaron estas fuentes, aunque desde el consistorio han decidido someterse al dictamen de la Cojua. Por ello, el alcalde, Gorka Urtaran, remitirá esta semana al organismo todo el expediente para que lo estudie, con un plazo de dos meses para ello.

Este trámite es necesario porque la ley establece que en Euskadi, en los expedientes de resolución de un contrato, se debe pedir un informe a este organismo cuando exista oposición entre la contrata y la administración. En este caso, la UTE ha solicitado resolver el contrato por el alto absentismo, argumentando que no obtienen beneficio, aunque “los técnicos municipales consideran que la empresa no ha demostrado documentalmente el absentismo que dicen que padece y que sería la causa de la imposibilidad de ejecutar el servicio en los términos pactados”, trasladan las fuentes.

El otro argumento es el de resolver el contrato de mutuo acuerdo, que por parte de la empresa “sólo exige su voluntad”, aunque a la administración le obliga a demostrar que existe un interés público para hacerlo, y en el expediente “sólo se acredita el interés de la UTE”. - Efe

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