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estudiar la veracidad de las denuncias

La comisión de abusos policiales arranca hoy a la espera de que Madrid retire el recurso

Covite, sindicatos policiales y plataformas de la Guardia Civil apelan a Marlaska para que se mantenga el litigio en el TC

Míriam Vázquez - Martes, 10 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Víctimas de ETA, GAL y abusos policiales han solicitado a los partidos que celebren juntos el Día de la Memoria el próximo 10 de noviembre.

Víctimas de ETA, GAL y abusos policiales han solicitado a los partidos que celebren juntos el Día de la Memoria el próximo 10 de noviembre. (Álex Larretxi)

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Víctimas de ETA, GAL y abusos policiales han solicitado a los partidos que celebren juntos el Día de la Memoria el próximo 10 de noviembre.

MADRID- Tras haber designado al grupo de expertos que se encargará de estudiar la veracidad de las denuncias, la Comisión de Valoración de los casos de abusos policiales registrados entre 1978 y 1999 se constituirá hoy de manera oficial para avanzar hasta donde pueda, a la espera de que el Gobierno español de Pedro Sánchez retire el recurso que interpuso Mariano Rajoy en contra de la ley. Tal y como ha podido saber DNA, la comisión arrancará hoy, un paso que ya estaba recogido en los planes de la Secretaría de Convivencia de Jonan Fernández y se iba a producir de todas formas con independencia de que el Gobierno de Pedro Sánchez abriera o no conversaciones con el Ejecutivo vasco para reconducir el litigio abierto por Rajoy. Sin embargo, esta negociación abre un nuevo horizonte para la ley y permite albergar la expectativa de que se retire el recurso y se salde una deuda histórica con estas víctimas, de manera que la comisión pueda reparar a los damnificados sin ver limitadas sus funciones.

El Tribunal Constitucional congeló de manera automática varios artículos de la ley a la espera de decidir sobre el fondo del asunto, y esa suspensión se traduce en que la comisión podrá recibir las denuncias, pero no podrá conceder la categoría de víctima hasta que concluya el conflicto judicial. Se espera que ambos gobiernos reúnan de manera inminente la Comisión Bilateral de Cooperación para acordar el desistimiento del recurso. Se desconoce en qué términos plantea el Gobierno español esta negociación y si, cuando se refiere a introducir unas modificaciones en la ley, está hablando de cambios de matiz y de tipo técnico, o bien no existe una nueva actitud y el PSOE pide asumir las condiciones que en su momento exigió Rajoy, que rechazaba de plano la posibilidad de conceder la condición de víctima al margen de un proceso judicial. Rajoy entendía que solo los tribunales pueden decidir con una sentencia. Nada parece indicar que el planteamiento de Sánchez sea tan restrictivo. A priori, no parece necesario meter demasiado el bisturí en la ley, que fue pactada por el PNV y el propio PSE en el Parlamento Vasco, donde los socialistas incorporaron una batería de enmiendas para blindar la seguridad jurídica de la ley y evitar un recurso. Con esas enmiendas, PNV y PSE dejaron claro que se plantea un procedimiento administrativo para reconocer a las víctimas, y no penal en contra de los presuntos agresores. Además, la ley tiene el aval del experto de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli.

El Gobierno Vasco trabaja con una horquilla de entre 300 y 450 casos que podrían obtener una reparación. Entre ellos, se encuentran los jóvenes Lasa y Zabala, secuestrados, torturados y asesinados por los GAL;y Gla-dys del Estal, fallecida en una protesta antimilitarista. Esta ley da continuidad al decreto activado durante el mandato de Patxi López, que se centró en los abusos sufridos en el franquismo y los primeros años tras la muerte del dictador (1960-1978).

Tal y como adelantó este periódico, la comisión la formarán nueve expertos, como el prestigioso forense Paco Etxeberria. Esta comisión nace con un amplísimo consenso de PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PSE. Solo el PP, con 9 escaños de un total de 75, se opone a esta tarea. Tres de los titulares para la comisión fueron designados por el Parlamento (Juana Balmaseda, Eloína Mayo y Paco Etxeberria), otros tres los propuso Jonan Fernández (Jon Mirena Landa, Sabino Ormazabal y Luis Salas), y el Instituto Vasco de Medicina Legal añadió dos forenses y una psicóloga (Benito Morentín, David del Valle y Mariam Elizegui). Estará presente Monika Hernando como directora de Derechos Humanos.

COVITEEl colectivo de víctimas del terrorismo Covite ha firmado un comunicado con sindicatos policiales como el SUP y la plataforma AUGC de la Guardia Civil para exigir al ministro Grande-Marlaska que, “en su condición de juez, no sea cómplice de un ataque al Estado de Derecho retirando el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de abusos policiales”. A su juicio, el Gobierno Vasco “quiere construir un falso conflicto a su medida que diluya las responsabilidades criminales de ETA”. Reconocen la tortura como un “crimen deleznable” pero no quieren que se deslice la idea de que ha sido sistemática.

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