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por unas pensiones dignas

La presión social tumba un pilar de la reforma de pensiones del PP

La decisión del Pacto de Toledo de volver a ligar su revalorización con el IPC elevará el gasto

Xabier Aja - Lunes, 18 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Las movilizaciones de los jubilados en las calles no han pasado desapercibidas para los representantes políticos.

Las movilizaciones de los jubilados en las calles no han pasado desapercibidas para los representantes políticos. (Foto: Borja Gesto)

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Las movilizaciones de los jubilados en las calles no han pasado desapercibidas para los representantes políticos.

madrid- La última reforma del sistema público de pensiones en el Estado español publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 26 de diciembre de 2013, planteada con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo puede tener los días contados, al menos tal y como fue redactada. La Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, en la que están presentes todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados español, decidió la semana pasada hacer la recomendación de volver a ligar la revalorización de las pensiones con la evolución de los precios, o sea con el IPC, rompiendo así uno de los ejes de la normativa actualmente en vigor.

Las movilizaciones callejeras de decenas de miles de jubilados y pensionistas y sus continuos avisos de votar en consecuencia con sus intereses en un tema tan complejo como el de las pensiones no han caído en saco roto y los partidos políticos se han hecho eco de las reivindicaciones al menos en los tocante a mantener el poder adquisitivo de las pensiones.

Aunque en principio, y a la espera de concretar el tema, esa vinculación sólo se producirá cuando la economía evolucione positivamente, o sea con el PIB creciendo, no es un tema menor a nivel económico.

De hecho, el gasto del Estado en pensiones alcanzó los 8.985 millones de euros en mayo, lo que representa un incremento del 3,01% con respecto al mismo mes de 2017, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Según estas prestaciones que se abonaron el 1 de mayo, la pensión media de jubilación en el Estado español ascendió a 1.082 euros mensuales, un 1,93% más que en mayo de 2017.

Por otro lado, la pensión media del sistema -que incluye además de las de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y a favor de los familiares- se situó de 936 euros, un 1,85% más. En total, la Seguridad Social abonó el último mes nada menos que 9.592.963 pensiones, lo que representa el 1,13% más que respecto al año anterior. De éstas, la gran mayoría fueron pensiones de jubilación (5.904.918), seguidas de las de viudedad (2.356.004), incapacidad permanente (950.916), orfandad (339.513) y a favor de familiares (41.612). Los políticos insisten en que volver a ligar las pensiones al IPC es factible, ya que, al fin y al cabo, el incremento del gasto rondaría los 2.500 millones de euros en 2018, según la inflación prevista del 1,8%, aunque este mes está en el 2,1% pero a largo plazo con el esperado crecimiento de la vida de los ciudadanos puede ser insostenible si no se plantean nuevas fuentes de financiación.

IngresosLa ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha recordado que el problema de la Seguridad Social es de ingresos y aunque indicó que el PSOE llevaba en su programa un impuesto a la banca y a las transacciones financieras como vía para ayudar financiar las pensiones reconoció que sólo con esos impuestos no se resuelve el déficit de la Seguridad Social, por lo que habrá que inyectar otros recursos, además de “racionalizar los gastos”. Pero sobre todo, insistió Valerio, “hay que inyectar ingresos complementarios en el sistema de pensiones”.

Mucho más rotundo se muestra el profesor Jose Antonio Herce, uno de los expertos en sistemas de pensiones en BBVA, que recuerda que si hoy hay 9 millones de pensionistas en el Estado español dentro de unos años habrá 15 millones, lo que implicará un gasto notable. Y en su opinión la principal labor de los políticos tendría que ser la de “asegurar la sostenibilidad de la Seguridad Social”.

Herce descarta de plano los alarmismos sobre el futuro del sistema pues en su opinión seguirá habiendo pensiones públicas pero considera que no podrán ser del nivel actual si no se ahorra más durante toda la vida laboral porque la gente hoy vive más. “En 1900 sólo el 26% de la población llegaba a los 65 años de edad y hoy el 90% de la gente alcanza esa edad”, eso significa, en su opinión, que no es lógico pensar que cotizando entre 30 y 40 años se puede vivir después de una pensión otros 30 o 40 años. La gran longevidad de las generaciones actuales, según Herce, aconseja retrasar la edad de jubilación mucho más de los 65-67 años actuales.

En opinión de José Antonio Herce, el primer recurso para financiar las pensiones y que se puede empezar a aplicar desde ya mismo es el tiempo. “Debemos jubilarnos cada vez más tarde generalizando las fórmulas de compatibilización de pensión con el trabajo”. La alternativa a no hacerlo pasa por reducir la tasa de sustitución a cotas del 50%. Lo que significa que la pensión no supere el 50% del último sueldo frente al 80% actual.

ReformasLa reforma de pensiones aprobada en 2013 introdujo dos cambios radicales en el sistema. En primer lugar, las prestaciones ya no se actualizarían conforme al IPC, sino con un nuevo Índice de Revalorización que tendría en cuenta los ingresos y gastos del sistema así como el aumento de pensionistas y de la prestación media con el que, automáticamente, si hubiese déficit se limitarían las subidas hasta alcanzar el equilibrio. La ley fijaba una subida del 0,25% para los años malos, de manera que los pensionistas perderían poder adquisitivo si la inflación supera esa cifra como estaba pasando ahora. Una pérdida que sería costoso de recuperar porque también hay un techo para la subida de las pensiones en los años de bonanza, el IPC más 0,5%. Eso significa que, por cada punto porcentual de poder adquisitivo que se pierda en un año malo, se necesitarán dos años muy buenos en los que se aplique la subida máxima.

La segunda novedad fue el llamado Factor de Sostenibilidad, que consiste en un coeficiente que se aplicará en el momento de calcular la pensión de los nuevos jubilados. La pensión mensual a cobrar se ajustará a la variación de la esperanza de vida. Como, previsiblemente, la esperanza de vida aumentará en el futuro, de hecho cada año que pasa crece dos meses, las prestaciones mensuales serán más bajas. El Gobierno aseguró que la prestación total percibida será equivalente a la de pensionistas anteriores puesto que se cobrará menos cada mes pero durante más años.

Con ambas medidas, el Gobierno del PP calculaba que el sistema se ahorraría cerca de 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022.

Estos cambios se suman a los aprobados en la reforma de 2011: el retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años y la exigencia de más años cotizados para cobrar el 100% de la pensión (37 años en lugar 35), que se está haciendo de forma progresiva hasta alcanzar los límites fijados en 2027. También se incrementó el periodo de cotización para calcular la base reguladora sobre la que se determina la prestación: que pasará paulatinamente de 15 años a 25 en 2022.

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