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Regularizar el derecho a morir dignamente

Por Concha Castells Carrillo - Lunes, 11 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Desde nuestra asociación DMD-DHE Derecho a Morir Dignamente-Duintasunez Hiltzeko Eskubidea leemos con estupor la carta enviada a los medios por el obispo Munilla, porque en nuestro criterio está llena de falsedades e inexactitudes que pasamos a comentar.

Es imposible asegurar que cuando hay unos buenos cuidados paliativos ya no se quiere morir: será así en algunas ocasiones, pero en otras, como se demuestra con los innumerables casos de los que, por desgracia, tenemos constancia, la decisión de morir está condicionada por sufrimientos que no siempre se resuelven con unos buenos cuidados paliativos. Morir no es una decisión fácil y cuando una persona decide poner fin a su vida es porque tiene razones poderosas. Nadie muere voluntariamente por un dolor tratable o un sufrimiento evitable. Una persona recurre a la eutanasia porque su vida, presente y futura, ha dejado de tener sentido. Detrás de esa convicción hay todo tipo de motivos personales que se resumen en la expresión “coherencia biográfica“. La pérdida de autonomía y de la capacidad de cuidarse a uno mismo, la imposibilidad de emprender lo que a uno le hace feliz o no querer interrumpir el proyecto vital de los más cercanos son motivos habituales, pero no los únicos. Cada vida humana es diferente y cada persona tiene sus propias razones para morir.

No es cierto que en los países donde se legaliza la eutanasia disminuye la inversión en cuidados paliativos. Aunque las peticiones de eutanasia no cambien con cuidados paliativos, se debe ofrecer siempre a todos los solicitantes todas las opciones de tratamiento existentes, como los paliativos. Por ello, los países que han regulado la eutanasia han mejorado su sistema de cuidados paliativos en muy poco tiempo. Desde que aprobaron sus leyes de muerte voluntaria, Bélgica y Países Bajos han pasado a ocupar el segundo y tercer puesto en la UE, solo por detrás de Reino Unido, según un reciente estudio de la Universidad de Navarra.

Para argumentar que la eutanasia “se puede imponer”, poner como ejemplo el reciente caso del niño británico Alfie Evans es, en nuestro criterio, malintencionado. En primer lugar, en Reino Unido no hay, todavía, una ley de eutanasia. Este niño sufría una grave enfermedad degenerativa, y los tribunales, incluido el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, dieron la razón al personal facultativo del hospital donde estaba siendo atendido, que manifestaba que mantener el soporte vital sólo prolongaba el sufrimiento del bebé. Es un caso claro de indicación médica de limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico (LET), que nada tiene que ver con la eutanasia, que se produce por petición expresa, reiterada y mantenida del propio enfermo competente.

Por otra parte, el argumento del desplazamiento de ancianos de países donde está legalizada la eutanasia a otros países, por temor a una eutanasia aplicada contra su voluntad es, simplemente, descabellado. En los países donde ya está regulada la eutanasia no hay pruebas -ni siquiera indicios- de que algo así esté pasando. Porque es una decisión voluntaria, reiterada, bien meditada y que se ha de tomar en plenitud de facultades mentales. No puede pedirla nadie más, ni aunque ejerza de representante legal de otro. Además, la mayoría de las personas que recurren a la eutanasia tienen entre 60 y 70 años, porque es la edad en la que el cáncer es más prevalente. Justamente no son los ancianos de edad más avanzada los que más solicitan la eutanasia en aquéllos países en que está legalizada.

También es un argumento malicioso decir que el primer estado del mundo en legalizar la eutanasia fuera la Alemania nazi, como dice Munilla en su escrito. Durante el Tercer Reich, los nazis pusieron en marcha el programa Aktion T4 con el que asesinaron a más de 70.000 personas con discapacidades entre 1939 y 1941 (y al menos otras tantas, con el programa oficialmente cerrado, hasta

1945). Aunque lo calificaron de eutanasia, las muertes se produjeron en contra de la voluntad de las víctimas. Por cierto, habría sido muy de agradecer que la jerarquía católica de entonces, dentro y fuera de Alemania, hubiera manifestado públicamente su rechazo con la misma contundencia con que hoy condenan la muerte voluntaria mediante eutanasia.

En el siglo XXI la eutanasia siempre es voluntaria, de lo contrario es un homicidio. Las leyes de eutanasia reconocen un derecho a aquellas personas que, aquejadas de un sufrimiento insoportable y supervisadas por dos médicos independientes, deciden voluntariamente que quieren poner fin a su vida. Nadie puede pedirlo en nombre de otro. Ni siquiera los familiares de quien ya no se puede expresar y no ha dejado escrita su voluntad clara e inequívoca de morir en un testamento vital. Comparar a los que sufren y quieren decidir sobre el fin de su vida con los miles de asesinados por el régimen nazi es un disparate. Y por eso mismo, equiparar al personal sanitario que ayuda a un paciente a cumplir su propia voluntad con los que ejecutaron a víctimas inocentes es un despropósito.

Termina su escrito Munilla haciendo referencia al reciente suicidio asistido en Suiza del científico australiano de 104 años, David Goodall, para hacer un alegato acerca de que ¡no existe el derecho a quitarse la vida! y quiere desposeer de esa posibilidad no solo a los que profesan su credo, que tienen perfecto derecho a seguir sus creencias, sino al resto de personas que pensamos que no hay un ser superior que sea dueño de nuestras vidas, y que la disponibilidad de la propia vida es una posibilidad de ejercer nuestra libertad que tenemos las personas que siempre ha existido, existe y existirá. En manos de los legisladores está ahora regularla como derecho y, por lo tanto, decidir si habrá que seguir haciéndolo en la clandestinidad, de forma violenta, en soledad para no incriminar penalmente a nuestras familias, o por el contrario podrá llevarse a cabo con todas las garantías. No son otros que el amor por las personas y el respeto a su libertad y a su dignidad, los valores que guían nuestro movimiento social por la regularización de este derecho civil.

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