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Movilización social y política

Prisión para los cuatro detenidos ayer en Altsasu

Aunque la condena no es firme, la Audiencia Nacional aprecia riesgo de fuga

Movilización social y política de protesta en Pamplona y Altsasu

E.C./N.M./J.I.C./J.L./U.Y. - Miércoles, 6 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:04h

Manifestación en la plaza del Castillo, Altsasu.

Manifestación en la plaza del Castillo, Altsasu. (Javier Bergasa)

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Manifestación en la plaza del Castillo, Altsasu.La Guardia Civil detuvo en Altsasu a los cuatro condenados y retiró varias pancartas alusivas al caso.

pamplona- El caso Altsasu se adentró ayer en otra senda excepcional. La Sala Primera, la misma que juzgó y condenó a los ocho jóvenes de Alsasua a penas de entre 2 y 13 años de cárcel por agredir a dos guardias civiles y a sus novias en un bar, decretó ayer el ingreso en la prisión de Soto del Real de los cuatro jóvenes condenados a entre 9 y 13 años de cárcel (la condena a Iñaki Abad se corregirá por contener un error y se quedará en diez años de prisión) que seguían en libertad. Ellos eran el referido Abad, además de Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob y Aratz Urrizola.

El tribunal -como ya presagiaba el hecho de que hubiera ordenado detener a las 8.00 de la mañana a los cuatro jóvenes en un gran despliegue policial en Alsasua en lugar de haberles citado a través de sus representaciones en la propia Audiencia Nacional- se tomó unos minutos para deliberar sobre la petición del fiscal, la abogada del Estado y el letrado de la Asociación Unificada de la GuardiaCivil de que se encerrara a los jóvenes con el único argumento de que existía un riesgo de fuga, por haber sido condenados a penas graves de cárcel (aunque ninguna individualmente supere los cinco años). De nada sirvió que tengan arraigo familiar, domicilio conocido, contratos de trabajo, estudios en marcha o que acumulen más de 150 personaciones judiciales para cambiar la decisión del tribunal.

Solo cuatro días después de la sentencia, que todavía no es firme, la Audiencia entiende que pueden huir de la Justicia. Las familias de los cuatro jóvenes que ingresaron en prisión al acabar la tarde se mostraron indignadas y perplejas por el proceso. “Somos los únicos a los que el arraigo familiar, en lugar de servir para nuestra defensa, se usa como que pudiera favorecer nuestro riesgo de fuga”, señalaban ayer tras conocer la decisión del tribunal. La doble decisión judicial -primero de ordenar la detención con un gran dispositivo y luego de decretar prisión- provocó ayer una nueva cascada de reacciones políticas, institucionales y de diferentes colectivos sindicales y sociales así como un rosario de concentraciones en varios lugares entre los que destacó, además de la propia Altsasu, la importante respuesta en Pamplona con miles de personas en la Plaza del Castillo. La concentración tuvo como lema el de Libertad para los de Alsasuay también se corearon consignas como Pamplona con Alsasua y Fuera de aquí, dejadnos en paz.

Aunque sin el formato de declaraciones institucionales, el Gobierno de Navarra, a través de su consejera Ana Ollo, volvió a mostrar su disconformidad con el fondo y la forma del procedimiento judicial que consideró “vertiginoso y desproporcionado”. Joseba Asiron, alcalde de Pamplona, lo tachó de “despropósito” y subrayó que la ciudanía no entiende esta desproporción y diferentes criterios de medir en este caso y en otros de corrupción, por ejemplo. El Gobierno Vasco, desde el “respeto a la Justicia” y al ámbito competencial de Navarra, sí que recordó que desde el principio vieron que era un procedimiento “desaforado, excesivo y desproporcionado”, explicó su portavoz, Josu Erkoreka.

Desde él ámbito Parlamentario -institución que el lunes había cuestionado formalmente la sentencia- partidos como Podemos-Ahal Dugu, EH Bildu o Geroa Bai reiteraron su postura muy crítica con los sucedido. El diputado por Navarra de Podemos Eduardo Santos, evidenció el diferente trato a estos jóvenes, sin sentencia firme, y a la mujer de Bárcenas. Bakartxo Ruiz, de Bildu, hablo de una “justicia vengativa” mientras que Unai Hualde, parlamentario de Geroa Bai y exalcalde de Altsasu, calificó los hechos de “una flagrante injusticia y un paso más en la delirante desproporción que rodea a este caso”.

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