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Propuesta al Congreso de los Diputados

El consejero vasco de Vivienda traslada a Madrid sus medidas para proteger el sistema de alquileres

Domingo, 3 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Detalle de viviendas en el gasteiztarra barrio de Salburua.

Detalle de viviendas en el gasteiztarra barrio de Salburua.

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Detalle de viviendas en el gasteiztarra barrio de Salburua.Un cartel anuncia la existencia de una vivienda de alquiler en la capital alavesa.

“Pagaría menos por una hipoteca, pero todavía no me planteo comprar” “Prefiero pagar 600 euros de hipoteca que 700 de alquiler” “Si tuviera estabilidad económica, compraría un piso”

El estallido de la burbuja inmobiliaria provocó efectos colaterales en la vida de los alaveses. Uno de ellos, tal vez el más inmediato, fue el incremento de los ciudadanos que pasaron a vivir de alquiler. Las condiciones para acceder a una hipoteca se endurecieron y quienes buscaban alojamiento, ante la falta de otras vías, se volcaron en el arrendamiento. Quien quiso y cumplía con las condiciones exigidas por las administraciones, accedió a viviendas sociales y, quien no, se decantó por el mercado privado. Aquel giro en las costumbres activó la ley de la oferta y la demanda y abrió la puerta a la posibilidad de que se produzca una nueva burbuja: la del alquiler. La escalada de las rentas ha llevado al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda a adoptar medidas para contrarrestar los efectos adversos de esta nueva tendencia y el consejero del área, Iñaki Arriola ha planteado modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para proteger a los consumidores. Su objetivo consiste en ampliar de tres a cinco años el plazo de los contratos de alquiler “para ofrecer una mayor estabilidad y certeza a la relación entre inquilinos y arrendatarios”. Hablamos con tres vecinos de Vitoria que viven bajo este régimen para conocer las razones que les animaron a escoger esta opción y, de paso, saber qué les parece la medida propuesta por el ejecutivo de Lakua.

Patricia vive de alquiler desde hace cinco años y considera que la ampliación de la vigencia de los contratos de arrendamiento perjudicará a los caseros sin ofrecer excesivas ventajas a los inquilinos. Ella sería partidaria de que se regulara el incremento máximo que puede aplicarse a los contratos, para lo cual podrían aplicarse porcentajes por tramos de renta. El suyo es un caso atípico, ya que, además de arrendataria, es arrendadora. En 2013, debido a cuestiones familiares, llegó a la conclusión de que necesitaba, sí o sí, residir en una vivienda adaptada. Lo malo es que se había comprado un piso “en el peor momento” y su economía no le permitía malvenderlo para tratar de comprar otro. Así las cosas, acudió a Etxebide para explicar su situación y le ofrecieron una alternativa. Un alquiler social de una vivienda que se ajustaba a sus necesidades. Sólo dos factores en contra. “En primer lugar, la ubicación. Estaba muy lejos, casi en Uritiasolo. En segundo lugar, el precio. Tenía que pagar unos 600 euros, lo mismo que en el mercado libre, así que preferí elegir yo la situación del piso en el que iba a vivir. Busqué y encontré uno en Lakua-Arriaga, el barrio en el que he vivido desde que era pequeña, así que me mudé aquí”.

A resultas de estas decisiones, Patricia conoce las dos caras de la realidad de los alquileres. De hecho, tuvo problemas con su inquilino “porque no me pagó durante tres meses”. Presentó la correspondiente denuncia y notificó lo que sucedía a Etxebide, ya que el ocupante gratuitode su vivienda percibía una ayuda por arrendamiento. “Se la retiraron durante un mes y al mes siguiente se la volvieron a conceder porque se fue de mi casa y buscó otra. Entiendo que lo justo en este caso hubiera sido que Etxebide me hiciera directamente los ingresos a mí, que fui la que perdió varios meses de renta”, explica.

También ha experimentado tensión al otro lado de la barrera. Hace un par de años, su casero quiso subirle la renta 150 euros, de manera que ella le recordó los términos de su contrato de arrendamiento, que impedían una subida de semejante calibre. Ahora, al hacer balance, reconoce que “si consigo vender mi piso por un precio razonable, trataré de comprar una vivienda adaptada. Los alquileres han subido una barbaridad en los últimos años y prefiero pagar 600 euros de hipoteca que 700 de alquiler”, concluye.

El caso de David es bien distinto. Hace ya más de una década que vive de alquiler en Vitoria, en el barrio de Arana. Por aquel entonces regresó a su ciudad natal después de unos cuantos años trabajando en Madrid y las circunstancias le condujeron al arrendamiento. No tenía demasiado claro cuál sería su futuro laboral y, a través de su red de conocidos, contactó con una persona de confianza que tenía un piso en alquiler. Las condiciones que se le planteaban eran buenas y no se lo pensó. Hoy, con su situación personal ya estabilizada, sigue residiendo en el mismo piso y se reconoce “contento”. “La relación con mi casera es muy buena e incluso he podido negociar a la baja la renta durante los años malos de la crisis. Me gusta el piso, es cómodo, está bien ubicado, y aunque soy consciente de que si me decidiera a comprar pagaría menos por la hipoteca de momento no me lo planteo”, asegura.

Explica que carece de una opinión fundamentada para evaluar adecuadamente las modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos que plantea el Gobierno Vasco, pero subraya que las claves para que las relaciones entre arrendadores y arrendatarios fluyan con normalidad son la comunicación y la cordialidad. “Si la renta no es excesiva pero a cambio el inquilino se compromete a cuidar la vivienda y a estar al día de los pagos, las dos partes ganan”, amplía.

Admite que no siempre es sencillo este entendimiento al que alude y recuerda que cuando vivía en Madrid hubo fricciones con su casero. “Se estropeó la calefacción y estuve todo el invierno pasando frío y reclamándole que la arreglara. Sólo recibía largas hasta que le dije que si no había calefacción iba a dejar de pagar la renta. En una semana lo solucionó”, indica. Pensando en el futuro, de momento sigue sin decidirse por comprar. “Siempre se ha dicho que alquilar es tirar el dinero, pero durante los años de la crisis ha sido justo al revés”, apunta.

Deborah lleva dos años viviendo de alquiler en Vitoria y ya va por su segundo piso. Natural de Miranda de Ebro, actualmente comparte domicilio con otras dos compañeras y reconoce que se ha decantado por esta opción “porque no quedaba otro remedio”. Trabaja en la Mercedes con un contrato eventual y la inestabilidad le aboca al arrendamiento, pero asegura que si obtuviera un contrato indefinido “me decidiría a comprar, sin ninguna duda”. “Al final te sale mejor desde el punto de vista económico. Los alquileres en Vitoria están por las nubes y no encuentras nada decente por menos de 750 euros. Antes estuve en un piso de 560 euros y no teníamos ni calefacción. Vivíamos con humedades y el casero tardó tres meses en cambiarnos la lavadora cuando se rompió”, explica. Asume que vivir en un piso compartido “es complicado”, pero cuando hace cálculos estima que tendría que ahorrar un 20% del valor del piso que quisiera comprar antes de dar el paso. Una condición que, por ahora, se le antoja compleja y lejana.

la cifra

vitoria- El consejero vasco de Vivienda, Iñaki Arriola, no se ha limitado a promover un cambio en los plazos contractuales de la Ley de Arrendamientos Urbanos dentro de su ámbito de competencias. Recientemente ha trasladado sus inquietudes en torno a este asunto a Fomento. Lo hizo durante la celebración en Madrid de la última Conferencia Sectorial de Vivienda, ya que el Congreso de los Diputados es el foro en el que deben reconducirse los contenidos de la legislación.

Aunque Euskadi cuenta desde 2015 con su propia Ley de Vivienda, que establece que la misma es un bien social destinado a satisfacer un derecho ciudadano, Arriola aspira a que el resto de las administraciones competentes en la materia avancen por esta misma senda para frenar la “amenaza” de una nueva burbuja inmobiliaria.

No será ésta, sin embargo, la única propuesta impulsada por el titular del Departamento vasco de Vivienda. Arriola también aboga por establecer una serie de precios de referencia por metro cuadrado para los pisos de alquiler. Una regulación que, fundamentalmente, tendría en cuenta la situación y las características de los domicilios, y que se desarrollaría en colaboración directa con los ayuntamientos de la CAV.

Estas propuestas se acompañarían, además, por una batería de medidas fiscales que contribuirían, según el ejecutivo autonómico, a “apuntalar el sistema de bienestar en materia de vivienda”. Entre otras, destacarían las aplicaciones de rebajas o recargos sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los pisos alquilados en función de que se superen o no los precios de referencia anteriormente señalado. Igualmente, en el caso del IRPF y del Impuesto de Sociedades, se emplearía un tipo progresivo en los rendimientos derivados del alquiler de vivienda.

En esta misma línea, Arriola tiene previsto desarrollar, dentro del Plan Director 2018-2020 de su Departamento, una propuesta fiscal global y completa en materia de vivienda para su debate público y remisión, en su caso, al Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi. - A. B.

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