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Presupuestos y salarios: rebajas y ofertas

Por Joaquín Arriola - Viernes, 25 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:04h

En otras ocasiones he señalado como desde 2011 el programa político del Gobierno no es el que se pueda plantear en el debate presupuestario en el parlamento a final de cada año, y sus modificaciones, sino el que se negocia en el primer semestre, en Bruselas, con la Comisión Europea.

De esta forma, la reciente publicación del plan de estabilidad 2018-2021 y el programa de reformas de 2018 aporta las razones de fondo y el contexto de los propios presupuestos generales del Estado mucho mejor que cualquier declaración en sede parlamentaria del ministro de Hacienda o del presidente del Gobierno.

Así, podemos ver, por ejemplo, cómo quedan en papel mojado algunos de los (pocos) acuerdos en materia de mejora de rentas para los trabajadores, pues en el programa de reformas se confirma el acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo: “un incremento del SMI del 4% en 2018;del 5% en 2019 y 10% en 2020”, pero “estas subidas quedan condicionadas a que la economía registre al menos un crecimiento del PIB real del 2,5% y un aumento del número de afiliados de 450.000”... y en el mismo paquete se ha enviado a Bruselas un programa de estabilidad a medio plazo en el que se prevé que el crecimiento en 2019 y 2020 esté por debajo del mínimo requerido para que se cumpla el acuerdo.

También nos enteramos que los modelos de análisis de prospectiva macroeconómica que emplea el gobierno son especialmente reacios a cualquier valoración positiva de los incrementos salariales, pues con el modelo empleado se estima que el aumento del SMI pactado tendrá “un impacto negativo en el PIB de -0,13 y -0,49 puntos porcentuales entre 2018 y 2028” y además estima que “el empleo se reduce en -0,16 puntos porcentuales en 2018, efecto negativo que aumenta hasta -0,41 puntos porcentuales en 2028”.

Bien harían los responsables políticos de la oposición en evaluar la calidad y neutralidad de los modelos de análisis económico que promueve la Comisión Europea, pues su sesgo ideológico es más que cuestionable. En un país que se caracteriza por una estructura productiva especializada en la producción de bienes de consumo de los trabajadores (viviendas, turismo de sol y playa, servicios de peluquería, bares, agricultura, automóviles de gama baja…), todo euro de aumento salarial, en particular a los salarios bajos, supone un incremento del consumo de productos locales, y por tanto de la producción y el empleo.

España es junto a Rumanía el país de la UE con la menor tasa de reinversión productiva de los beneficios, es decir que lo que deja de pagarse en salarios, y queda como beneficios, no se reinvierte en la misma medida, y por tanto no aumenta la producción. Si el beneficio extra lo consumen los propietarios, será sobre todo en productos importados, que reducen el crecimiento. Con estas características, las previsiones que hace el Gobierno del impacto del aumento del salario mínimo en relación con el empleo y crecimiento son un escarnio a los trabajadores precarios.

España es junto a Rumanía el país de la UE con la menor tasa de reinversión productiva de los beneficios, es decir que lo que deja de pagarse en salarios, y queda como beneficios, no se reinvierte en la misma medida

Si traducimos a euros por habitante las previsiones presupuestarias incluidas en el plan de estabilidad, el Gobierno afirma que este año el producto va a aumentar en 1.004 euros por persona, de los cuales 451 serán en salarios. Pero el gasto del conjunto de las administraciones públicas en bienes, servicios y transferencias solo va a aumentar en 279 euros por habitante, es decir, que el presupuesto va a crecer menos que el producto, reduciendo el impacto del gasto en la actividad económica general.

Las transferencias sociales, en particular las pensiones, aumentarán en 140 euros por habitante, el gasto en sanidad en 39, el gasto educativo en 24, el gasto en cultura, deporte y medios de comunicación públicos aumenta en 8 euros por ciudadano, en vivienda y alumbrado, recogida de basuras y agua;se gastará 2 euros más por persona que el año 2017;49 euros más por persona en asuntos económicos, 13 en policía y tribunales, 6 euros más en protección del medio ambiente, 4 en gasto militar, y 7 euros menos per capita en servicios públicos generales de la administración (órganos políticos, ayuda al desarrollo, embajadas etc.).

Si consideramos que al menos el 70% de los gastos comunes los pagan los asalariados, de los 451 euros en que aumentará la masa salarial por habitante este año, se destinarán 195 euros a cubrir los gastos públicos -el gasto en intereses se estima por otro lado que se reducirá en 26 euros por habitante- y 256 quedarán, como les gusta decir a los neoliberales, “en el bolsillo de los ciudadanos”.

En términos de salariaros distribuidos y gasto publico total, las cifras son las siguientes: en 2018, el producto por habitante se elevará a 26.061 euros, de los cuales los salarios por habitantes alcanzarán los 12.299 euros. El gasto público previsto este año requiere la aportación de 10.557 euros por persona;de modo que suponiendo siempre una aportación de los trabajadores equivalente al 70% de los ingresos públicos, los salarios se dividen aproximadamente en 7.390 para financiar los bienes y servicios públicos -incluidas las pensiones-y 4.909 euros por habitante para el consumo privado, el cual se complementa a su vez con las transferencias recibidas por las familias y el consumo de parte de los beneficios empresariales.

De modo que lo que conviene dilucidar, en primer lugar, es si la parte de la producción que obtienen los asalariados es la justa y adecuada a sus necesidades de reproducción. Parece que hay un consenso, en el que participan por cierto los banqueros, temerosos de perder el lucrativo negocio del crédito al consumo, de que es necesario elevar los salarios en casi todos los tramos de renta, y por tanto, la participación de los mismos en el producto.

Si algo está lastrando el crecimiento económico es precisamente la escasa capacidad d consumo en efectivo y a crédito que permiten la mayoría de los salarios actuales, no solo los salarios mínimos. Nótese que un incremento salarial permitiría una mejor financiación del gasto público y en consecuencia, una menor necesidad de nuevo endeudamiento del estado. Mientras los aumentos de salarios no se hagan a costa de los beneficios reinvertidos, no tendrán un impacto negativo en el crecimiento. Y por ahora, en los años del ajuste, los aumentos de beneficios obtenidos por la política de represión salarial han sido mucho mayores que las cantidades invertidas en ampliar la capacidad de producción.

En segundo lugar, hay que debatir si el nivel de gasto público es el adecuado para satisfacer las necesidades sociales de bienes y servicios públicos y de transferencias de renta entre personas (de los que trabajan y los rentistas a los parados y pensionistas, fundamentalmente). El comatoso estado de la justicia, la sanidad o la educación, antes bien, llevaría a abogar por un aumento de la recaudación. Lo cual significaría reducir la parte que queda en el bolsillo de cada uno para aumentar la parte que se coloca en la bolsa de todos. Es falso afirmar que las subidas de impuestos reducen el crecimiento de la producción, por cuanto el gasto público es producción de bienes y servicios e inversión y también se compone de transferencias de renta entre grupos sociales, que unos dejan de consumir para que consuman otros.

De lo que hay que tomar conciencia, en todo caso, es que si se quiere tener mejores hospitales, ambulatorios, carreteras o menor contaminación ambiental o pobreza, hay que pagarlo. Mientras la sociedad no asuma que por mucho que aumenten los impuestos a los propietarios, quienes tienen que pagar los servicios serán siempre, en su mayor parte, los asalariados, el debate estará viciado.

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