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La RGI, a debate

Nuestra identidad social en juego

Se está fraguando en el seno del Gobierno Vasco una reforma del sistema de Renta de Garantía de Ingresos. En este contexto situamos esta valoración que hemos elaborado tomando como referencia el documento de bases de mejora de la RGI que se ha debatido en el Parlamento Vasco.

Santi Martínez - Lunes, 21 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:04h

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Para CCOO estamos ante un debate vertebrador de la idea de sociedad que queremos y que, por lo tanto, va mucho más allá de las medidas concretas que se articulen en la modificación del sistema de RGI. Estamos, en nuestra opinión, ante un debate identitario, en tanto en cuanto el sistema de RGI es parte de “nuestro patrimonio político, económico, social y moral”.

La RGI y su reforma son demasiado importantes como para caer en la tentación de buscar una aprobación de la misma sin los consensos plurales, transversales y mayoritarios que esperamos como sociedad.

La cohesión social que debe propiciar un sistema de protección social como el vasco, referencia entre el resto de sistemas de protección existentes a nivel autonómico, merece el esfuerzo y, en su caso, el reproche, si la reforma planteada impide de facto, por algunos de los elementos que puede contener, los consensos reales y necesarios.

Apuntaremos algunos elementos que no facilitan el consenso que señalábamos de forma previa, y que ya hemos transmitido a los partidos políticos con presencia en el Parlamento Vasco.

En cuanto a la cuantía apostamos por que la nueva ley de Garantía de ingresos debe seguir vinculando de forma directa su cuantía al Salario Mínimo Interprofesional.

La propuesta del Gobierno no marca ningún índice de referencia para la revalorización de la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos sino que la misma se fijará año a año en los Presupuestos generales de la CAPV, con lo que la revalorización dependerá del juego entre los departamentos y los acuerdos de gobierno, y no de las necesidades del sistema.

Nos alejamos así de la idea de vincular la renta a las personas, poniendo en peligro, a nuestro entender, la consideración efectiva de derecho subjetivo de la Renta de Garantía de Ingresos.

La propuesta del Gobierno con respecto a la limitación generalizada de una única RGI por unidad convivencial nos parece grave en la medida en que visualiza un desequilibrio entre el interés social en dotarnos de un sistema que combata la pobreza y sus efectos, frente a un interés de la administración evidente por minorar recursos en esa lucha.

Parte del razonamiento que se hace en el documento de bases en el sentido de modificar la fórmula para determinar las unidades de convivencia es la ”incentivación de conductas que buscan beneficiarse de un mejor tratamiento en el marco de la RGI mediante la división artificial de unidades de convivencia que en la práctica existen como tales”.

Se visualiza en este punto una percepción negativa del documento con respecto a las personas perceptoras. Lo que sí es constatable sobre esta limitación la doble penalización que sufrirán las personas que, debido a la imposibilidad de afrontar el pago del alquiler de una vivienda, tengan que compartir la misma y sean a su vez beneficiarias de la RGI.

Nos preocupa la afirmación de que la cuantía de la RGI puede desincentivar la búsqueda de empleo. Es cierto que en la medida que se aumente la cuantía de la RGI ésta se aproximará a los salarios más bajos que cada vez en más ocasiones pagan las empresas. Nosotras creemos que uno de los efectos indirectos que debe tener una prestación como la RGI es precisamente impulsar al alza salarios que no sirven para salir de los umbrales de la pobreza relativa. Por lo tanto, la mejor manera de que la RGI no interfiera en la creación de empleo es subiendo los salarios más bajos, no cuestionando la RGI.

En definitiva, el Gobierno ha elegido mediante esta propuesta no prestigiar la RGI, optando por una reforma de corte más presupuestario que social. En nuestra opinión se quiere trasladar el eje de actuación de las personas, y del objetivo de lucha contra la pobreza y la exclusión social, a la cuadratura de las cuentas públicas y al control del gasto del sistema.

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