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Marian Olabarrieta DIPUTADA FORAL DE SERVICIOS SOCIALES

“Nuestro propósito es lanzar una tercera convocatoria de OPE antes de acabar la legislatura”

Olabarrieta, que este viernes firmó las bases de la segunda OPE del IFBS, avanza que ahondará en la estabilización del empleo público con una convocatoria más.

Carlos Mtz. Orduna José Ramón Gómez - Domingo, 20 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:04h

Vitoria- Marian Olabarrieta (Laudio, 1966) cumplirá muy pronto un año y medio al frente de los Servicios Sociales alaveses, el área que absorbe casi la mitad del presupuesto de todo el engranaje foral. La diputada, que accedió al cargo avanzada la legislatura y en un momento muy difícil, apenas un mes después de que estallara el caso Sansoheta, defiende la actuación foral en la gestión de los centros de menores, pone en valor las mejoras laborales en un Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) donde las relaciones con los sindicatos vuelven a tensarse y adelanta que las obras de la nueva residencia de Lakua, la próxima de la red foral que abrirá sus puertas en Gasteiz, arrancarán antes de que concluya este 2018.

Asumió el cargo poco después de que saliese a la luz la presunta trama de prostitución de menores bajo tutela de foral. ¿Fue difícil dar el paso en estas circunstancias?

-Fue un caso complejo, aunque lo asumimos enseguida y nos pusimos a trabajar. Pero sí que fue complicado, porque fueron unos días convulsos, en los que se puso en evidencia el sistema de protección. Realmente, luego hemos comprobado que los protocolos funcionaron y que se actuó de forma correcta, tanto por parte de los técnicos del departamento como de los trabajadores de Sansoheta. Incluso el Ararteko también reconoció que no se había hecho nada mal. El sumario está ahí, somos acusación particular y seguimos a la espera.

¿Tienen alguna idea sobre cuándo comenzará el juicio?

-No, no sabemos nada. Al ser acusación particular, estamos a la espera de que nos llamen para ir a declarar, pero el sumario todavía sigue adelante. Es una pena que haya pasado tanto tiempo y que los posibles infractores por abusar de nuestros menores no hayan sido juzgados aún, pero seguimos con nuestro trabajo centrado en su protección y atención. Un trabajo que es intenso y complicado por los perfiles que tienen.

¿Qué medidas se han tomado en el centro para que no vuelvan a repetirse situaciones así?

-Las medidas con las que se cuentan en este centro y en el resto de centros de menores son siempre psicoeducativas, terapéuticas y de refuerzo conductual. Todo lo que tenga que ver con restricciones y con otras medidas más duras no nos compete. Se trata de que las conductas que no sean adecuadas sean corregidas, y por eso lo que funciona es el trabajo diario, el seguimiento de cada caso y que los menores tengan un vínculo con los trabajadores para que puedan contar lo que les ocurre, a raíz de lo cual pudimos destapar toda esta historia. Seguimos trabajando con ellos, los casos problemáticos que nos surgen se atajan de la mejor manera posible y la mayoría de los menores están bien.

Recientemente, admitió que en otro centro de menores de gestión foral, Bideberria, existía una situación de “sobreocupación”, aunque era “extraordinaria”. ¿La situación se ha normalizado?

-Es cierto que nos están llegando menores extranjeros no acompañados en una cantidad mayor de la que habitualmente venían. No en la línea de Bizkaia o de otras comunidades que tienen un problema importante, pero ya nos hemos reunido en Madrid en varias ocasiones para alarmar sobre esta situación. Los menas que nos llegan son atendidos de manera adecuada, el esfuerzo que hacen los trabajadores fundamentalmente en Bideberria, que es la puerta de entrada, es muy importante, y tenemos que tener en cuenta que son menores con una especial vulnerabilidad y que llegan en unas circunstancias extremas. La ocupación es mayor de la que tenemos habitualmente, pero insisto, la atención es la adecuada. Hemos tenido inspecciones y se ha podido comprobar. Pero es un tema complicado, que debe tratarse a nivel estatal, y eso es lo que intentamos hacer ver desde las diputaciones y el Gobierno Vasco.

En este sentido, ¿se le ha trasladado al Gobierno central alguna petición específica desde Euskadi?

-En las reuniones que se han mantenido se han lanzado muchas alternativas para ver qué soluciones se pueden tomar y estamos en ello, pero quien debe tomar la batuta y después tomar las decisiones es el Gobierno central, con la participación de varios de sus ministerios e inmigración. Es lo que hemos pedido y lo que también han pedido muchas comunidades autónomas.

Su predecesora, Beatriz Artolazabal, se marcó como uno de sus retos de legislatura normalizar las relaciones con la plantilla del IFBS. A día de hoy, sin embargo, éstas no pasan por su mejor momento.

-A lo largo de la legislatura se han conseguido mejoras importantes en las condiciones laborales y se han recuperado muchos aspectos que se perdieron durante la anterior, como la paga extra de 2012. Nuestro objetivo es que cuando acabe la legislatura, el número de horas anuales en el IFBS sea el mismo que en la Diputación. La Junta de Personal tiene todo el derecho a expresar y valorar lo que considere, pero es innegable que se han conseguido mejoras. En lo que va de legislatura, hemos aumentado la partida destinada a personal en 4,8 millones, cuando en la anterior se redujo en 2,8. Me llama un poco la atención que el Partido Popular esté ahora totalmente de acuerdo con las reclamaciones que plantea la Junta cuando muchas de ellas son consecuencia de su gobierno. Esto es oportunismo político. La mesa de negociación sigue funcionando y nuestra inclinación a colaborar es la misma, aunque haya habido conflictos e incluso faltas de respeto hacia algunas personas. También es significativo que ELA, que es una de las fuerzas sindicales mayoritarias, se haya retirado de la mesa, que es donde se toman las decisiones, y después vaya a Juntas Generales a explicar los problemas del personal del IFBS. Esto se ubica también en la cercanía de las elecciones sindicales.

Anteayer hablaron los sindicatos de una situación “insostenible”, de colapso... Incluso de “caos total” en el IFBS. ¿Cómo valora estas críticas?

-Son percepciones que ellos pueden tener, pero que en la mayoría de los casos yo no comparto. No se puede hablar de caos, aunque tengamos margen de mejora. Éste es un departamento complicado y hay momentos en los que es difícil mantener el rumbo, porque hay más trabajo que en otros. Durante esta legislatura hemos tenido tres aspectos muy relevantes que han complicado el funcionamiento habitual del IFBS, como son la organización de las OPE, la reordenación de las competencias municipales y forales y que el número de procesos judiciales en los que nos hemos visto inmersos ha sido importante. Las sentencias firmes que nos están llegando a los recursos que nos han ido poniendo a las listas subsidiarias o a las bases generales de la OPE nos están dando la razón.

¿Las OPE convocadas serán suficientes para rejuvenecer y estabilizar la plantilla del IFBS o corren el riesgo de quedarse cortas?

-Nuestro objetivo de legislatura era sacar el mayor número posible de plazas, pero cumpliendo con la normativa sobre la tasa de reposición, que viene desde Madrid. Y es lo que hemos hecho. Convocamos una primera OPE de 80 plazas en 2016, cuyos ejercicios ya se han terminado, y trabajamos con el objetivo de que para finales de este año la mayoría de sus plazas ya estén cubiertas. En cuanto a la OPE de 2017, que supone 187 plazas, acabo de firmar ahora mismo las bases generales, por lo que saldrá publicada en el BOTHA en breve y esperamos que los exámenes sean a partir del verano. En este caso, vamos a contar con la colaboración y el asesoramiento del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), lo que nos ayudará a que el proceso no influya tanto en la dinámica habitual del IFBS. Aparte, estamos trabajando para que los contratos programa del IFBS, que ya se consideran estructurales y necesarios en el grueso de la plantilla, sean incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). A día de hoy tenemos una plantilla real de unas 1.000 personas, pero las nóminas activas, los trabajadores reales, son más de 1.600.

¿Finalmente se convocará una tercera OPE esta legislatura?

-Nuestro propósito es lanzar una última convocatoria antes del final de la legislatura, pero el número de plazas dependerá de lo que se nos diga desde Madrid. De ello dependerá mucho si la dedicamos sólo a una categoría o a varias. No lo sabemos todavía. Pero con todo esto vamos a lograr consolidar muchas plazas que llevaban muchísimo tiempo en interinidad y actualizar el funcionamiento de todo lo que tiene que ver con el personal.

¿En qué plazos nos movemos con el proyecto de nueva residencia para mayores de Lakua?

-Estamos hablando de un complejo residencial, porque va a contar con 100 plazas para personas mayores y 25 más para personas con discapacidad. Con ellas, la lista de espera para personas con discapacidad física quedaría prácticamente a cero. El complejo se va a gestionar a través de un convenio con una cooperativa de iniciativa social, lo que nos asegura una calidad laboral en el proyecto, y estamos trabajando para poder iniciar las obras antes de final de año. Estamos avanzando ahora en el proyecto arquitectónico y en el técnico, teniendo en cuenta las necesidades que tenemos. El centro se va a ubicar en una parcela de unos 6.000 metros cuadrados, en la calle Blas de Otero, que es un entorno adecuado porque tiene todos los servicios y está bien conectado.

Aparte de este centro, ¿se acometerán más proyectos nuevos? Se ha hablado de Añana, de una posible residencia para personas discapacitadas en Ayala...

-Podemos crear muchas cosas, pero los que vengan después van a tener que mantenerlas. Por eso, nuestro objetivo también es hacer sostenible el sistema. Además de las plazas que vamos a conseguir con el complejo de Lakua, la concertación de 40 plazas más en Añana, Aramaio, Ayala, Gorbeialdea y Vitoria a lo largo de la legislatura nos va a permitir bajar de forma importante la lista de espera. También hay que recordar que en la legislatura anterior no se crearon ni se planificaron nuevas plazas. Y que se van a crear nuevas plazas de iniciativa privada, lo que nos va a permitir concertar más si es necesario. Esta legislatura vamos a pasar de 1.100 plazas públicas para mayores a 1.240, que es un esfuerzo muy importante.

¿La reforma de San Prudencio pactada en su día con EH Bildu se ha descartado definitivamente?-Se valoró la posibilidad de hacer la reforma, pero una vez hecho el estudio desde Arquitectura vimos que la inversión económica que se iba a tener que acometer para conseguir 60 plazas nuevas iba a ser muy importante. Entonces planteamos buscar una alternativa diferente, con una partida presupuestaria parecida y más plazas. Y vimos que con el nuevo complejo residencial de Lakua casi doblamos lo que se había proyectado en San Prudencio. Es la razón por la que hemos abandonado este proyecto. Conseguir más plazas con una misma implicación económica es más adecuado para el territorio.

¿El desarrollo del Mapa de Servicios Sociales va por buen camino o está resultando más problemático de lo que se suponía?

-Probablemente las dos cosas. Va por buen camino, pero no exento de grandísimos problemas, sobre todo con la zona rural. El mayor escollo ha estado y sigue estando ahora en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que históricamente ha sido gestionado y financiado en un porcentaje muy importante por la Diputación junto a otros recursos que ahora son de competencia municipal. Pese a que la Diputación no tiene ningún interés en realizar competencias que no son suyas, se abrió la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran volver a delegar en la Diputación la gestión del SAD. Hay ayuntamientos que lo han aceptado, pero hay otros, que principalmente están gobernados por EH Bildu, que están presentando más problemas e incluso abogan por gestionarlo ellos. Finalmente, hemos buscado la manera para que, vía Fofel, los ayuntamientos cuenten con el dinero que la Diputación destina al SAD para que ellos lo gestionen si quieren. Ahora está en sus manos, pero tenemos de plazo hasta el 31 de diciembre para dar forma a esto y, después, ordenar la gestión de las viviendas comunitarias, los centros rurales de atención diurna y los servicios sociales de base.

¿Y en cuanto a Vitoria?

-Con Vitoria tenemos un acuerdo marco que ha permitido que muchos de los recursos de competencia foral que gestionaba el Ayuntamiento ya hayan pasado a nuestra gestión, como es el caso de los centros de menores. Hay varias cosas pendientes y tenemos como límite enero de 2020 para que las competencias de cada institución estén ordenadas.

las claves

“Es una pena que haya pasado tanto tiempo y que los posibles infractores por abusar de nuestros menores no hayan sido juzgados aún”

“No se puede hablar de caos en el IFBS, aunque tengamos margen de mejora. Hay momentos en los que es difícil mantener el rumbo”

“Estamos trabajando para poder iniciar las obras del nuevo complejo residencial de Lakua antes de final de año”

“Queremos seguir siendo referentes”

Olabarrieta subraya los retos más importantes que tiene sobre la mesa de aquí a final de legislatura.

vitoria- A un año vista de las elecciones, la diputada de Servicios Sociales apela a la “consolidación” del empleo en el IFBS y a la mejora de la atención de los mayores, la “prioridad” de su departamento.

¿Cuál es el reto más importante que se marca de aquí a que finalice la legislatura?

-El reto más importante sigue siendo la consolidación del empleo en el IFBS a través de las OPE, el trabajo con los mayores para darles cobertura con nuevas plazas residenciales u otros recursos o prestaciones, seguir manteniendo la atención a la dependencia en los mismos niveles anteriores a los recortes que hubo por parte del gobierno español... Y hacer sostenible el sistema, sin ninguna duda. Queremos seguir siendo referente en la calidad de los servicios sociales y por la atención a nuestras personas.

¿Álava es ahora, como se habían planteado, un territorio mejor en el ámbito de la atención social respecto a la legislatura anterior?

-Al menos ése es el objetivo, seguir respondiendo a las demandas que la población nos plantea teniendo en cuenta que los presupuestos son finitos, por lo que insisto en la necesidad de seguir haciendo sostenible el sistema. De todas maneras hay que recordar que destinamos casi el 50% del presupuesto de toda la Diputación a los servicios sociales y que cuatro de cada diez euros va para la atención a las personas mayores, lo que refleja cuál es nuestra prioridad en materia social. - C.M.O. / Foto: J.R.G.

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