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compromiso con las víctimas de los jeltzales

El PNV no estará en la cita del pacto antiterrorista que lo equiparaba a ETA

Mantiene su rechazo a la alianza firmada por Aznar y el PSOE que impulsó la política de ilegalizaciones

Míriam Vázquez - Martes, 8 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:04h

Firma del Pacto Antiterrorista en el año 2000, con el entonces presidente José María Aznar, y el socialista Zapatero a sus espaldas.

Firma del Pacto Antiterrorista en el año 2000, con el entonces presidente José María Aznar, y el socialista Zapatero a sus espaldas. (EFE)

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Firma del Pacto Antiterrorista en el año 2000, con el entonces presidente José María Aznar, y el socialista Zapatero a sus espaldas.

bilbao- El PNV no acudirá a la reunión del Pacto Antiterrorista que quiere convocar el presidente español, Mariano Rajoy, en los próximos días. El partido de Andoni Ortuzar mantiene su rechazo al acuerdo suscrito en el año 2000 por el PP y el PSOE, un documento concebido para aislar políticamente al PNV, y que acusaba a los jeltzales de haber ofrecido un precio político a ETA a cambio del cese de la violencia. Insinuaba, por tanto, que el partido había mantenido una posición de tibieza ante el terrorismo y de complicidad en los objetivos. Ese documento, además, fue el punto de partida de la estrategia de ilegalización de la izquierda abertzale, que en unos años dejó fuera de juego a esa sensibilidad política y propició el desalojo del PNV del Gobierno Vasco por la suma de fuerzas del PSE y el PP en un Parlamento Vasco distorsionado. Por ello, el PNV estima que no puede legitimar el contenido de ese documento acudiendo a una reunión bajo su paraguas, porque cree que ese pacto tuvo desde el primer momento la vocación de trazar un cordón sanitario en su contra con acusaciones muy graves.

La Ejecutiva del PNV abordó este asunto ayer, en la reunión rutinaria semanal celebrada en Sabin Etxea. Las fuentes jeltzales consultadas por este periódico aseguran que no han recibido ninguna invitación ni saben si van a recibirla, pero no tienen ninguna intención de acudir a la reunión de este pacto, que más que un acuerdo contra ETA fue un acuerdo contra el PNV, tal y como recuerdan. En ese pacto, la organización ya disuelta y los jeltzales aparecían al mismo nivel. En cualquier caso, el PNV recalca que su posición ante ETA es de sobra conocida, así como su apuesta por el consenso y por trabajar con Rajoy, pero no en este foro. También recuerda su compromiso con las víctimas y la Ponencia sobre Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco, donde es el PP quien no está presente. “Seguiremos trabajando por la reparación de las víctimas y la readecuación de la política penitenciaria a un nuevo tiempo”, aseguran.

El Pacto Antiterrorista lo firmó el entonces presidente José María Aznar con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con la intención de maniatar la posición política del PSOE en el debate sobre la paz y evitar que pudiera desmarcarse públicamente con mensajes más posibilistas. El PNV nunca estuvo en ese pacto. Sumar a los jeltzales tampoco era la vocación de los firmantes, sino más bien lo contrario. En el preámbulo del documento, PP y PSOE aseguraban que el retorno a la violencia tras la ruptura de la tregua de Lizarra había puesto de manifiesto “el fracaso de la estrategia promovida por el PNV y por EA, que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la violencia”. “Ese precio consistía en la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco”, zanjaban. A renglón seguido, apostaban por aislar políticamente al PNV mientras no rompiera de manera formal el Pacto de Lizarra.

A partir de entonces, los partidos constitucionalistas se encerraron en sí mismos y articularon un frente antinacionalista que se sometió a prueba por primera vez en las elecciones vascas de 2001, donde Jaime Mayor Oreja (PP) y Nicolás Redondo Terreros (PSE) intentaron desalojar al PNV del Gobierno Vasco y solo consiguieron agrupar aún más el voto de los aber-tzales. Sin embargo, en paralelo, comenzaría el reguero de ilegalizaciones de las marcas electorales de la izquierda abertzale, y fue precisamente su expulsión del ruedo político la que propició que PP y PSE sí consiguieran desalojar al PNV de Ajuria Enea unos años más tarde, en las elecciones de 2009. La ausencia de la izquierda abertzale alteró el reparto de escaños en el Parlamento Vasco e hizo posible que los constitucionalistas obtuvieran en esa Cámara distorsionada la mayoría que no tenían en términos sociales. Patxi López se convirtió en el primer lehendakari no nacionalista vasco con los votos del PP de Antonio Basagoiti.

reformas legalesEl pacto apostaba también por utilizar “todos los medios del Estado de Derecho” para derrotar a ETA, y defendía que la legislación penitenciaria se aplicara “asegurando el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas”. Además, abría la puerta a acometer reformas para endurecer la legislación. El momento histórico en que se firmó el acuerdo se deja notar en su lenguaje beligerante, que ha quedado superado por los acontecimientos y la reciente disolución de ETA.

La primera decisión de Rajoy tras la desaparición de la banda ha sido convocar este pacto. En teoría, persigue lanzar un mensaje de unidad en contra de la concesión generalizada de beneficios penitenciarios a los reclusos. Quiere proyectar la idea de que no habrá contrapartidas por su disolución, aunque algunas voces del PP asumen que, una vez desaparecida la organización, hay que revisar la política de alejamiento de los reclusos y poner fin a esa excepcionalidad que contradice el artículo 12 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Rajoy tendrá el apoyo del PNV y la cobertura institucional de los gobiernos de la CAV y Nafarroa si quiere dar este paso. Los jeltzales exigen a la izquierda abertzale y los presos un ejercicio de autocrítica, pero ese planteamiento no es óbice para que pidan también que se levante la excepcionalidad legal. Rajoy tendrá todo su acompañamiento para superar las presiones de Ciudadanos y la opinión pública de Madrid.

El Pacto Antiterrorista ha evolucionado en los últimos años con el surgimiento del terrorismo yihadista, hasta el punto de que ha surgido cierta confusión. En el pacto contra el yihadismo se menciona la prisión permanente revisable, que el PNV tampoco comparte. Por ello, no se ha incorporado a ese acuerdo, pero acudió como oyente a sus reuniones tras la situación excepcional que se abrió con los atentados en Catalunya.

PACTO ANTITERRORISTA

“Precio político”. “El PP y el PSOE, decididos a reforzar su unidad para hacer plenamente efectivas las libertades y acabar con el terrorismo, entienden que es su responsabilidad ante la sociedad española adoptar el siguiente acuerdo: El retorno de ETA a la violencia terrorista, tras el cese temporal anunciado en septiembre de 1998, ha puesto dramáticamente en evidencia la situación en el País Vasco. Con ello, ha quedado también de manifiesto el fracaso de la estrategia promovida por el PNV y por EA, que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la violencia. Ese precio consistía en la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco”.

Veto al PNV. “El abandono definitivo, mediante ruptura formal, del Pacto de Estella y de los organismos creados por este, por parte de ambos partidos, PNV y EA, constituye una condición evidente y necesaria para la reincorporación de estas fuerzas políticas al marco de unidad de los partidos democráticos para combatir el terrorismo (...). La ruptura del Pacto de Estella y el abandono de sus organismos constituye, para el PP y el Partido Socialista, un requisito imprescindible para alcanzar cualquier acuerdo político o pacto institucional con el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna”.

Dureza legal. “Queremos hacer explícita, ante el pueblo español, nuestra firme resolución de derrotar la estrategia terrorista, utilizando para ello todos los medios que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición (...) Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la legislación penitenciaria ha de aplicarse asegurando el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas (...). Los delitos de las organizaciones terroristas son particularmente graves y reprobables porque pretenden subvertir el orden democrático y extender el temor entre todos los ciudadanos. Nuestro sistema penal ofrece una respuesta jurídica adecuada para reprimir esos delitos. No obstante, si nuevas formas delictivas o actitudes y comportamientos que constituyeran objetivamente colaboración o incitación al terrorismo exigiesen reformas legales, nos comprometemos a impulsarlas en el marco del mutuo acuerdo”.

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