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ETA YA ES HISTORIA

Urkullu y Barkos plantean a Rajoy un grupo de trabajo sobre la política penitenciaria

Piden un acuerdo entre todos los partidos sobre la injusticia del terrorismo y la violencia, con una mención especial a ETA

Míriam Vázquez - Sábado, 5 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:05h

La presidenta navarra, Uxue Barkos, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, comparecieron juntos ante la prensa en el palacio del Señorío de Bertiz.

La presidenta navarra, Uxue Barkos, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, comparecieron juntos ante la prensa en el palacio del Señorío de Bertiz. (efe)

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La presidenta navarra, Uxue Barkos, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, comparecieron juntos ante la prensa en el palacio del Señorío de Bertiz.

Bertiz- El lehendakari, Iñigo Urkullu, y la presidenta navarra, Uxue Barkos, dieron ayer un paso al frente para celebrar el final de ETA porque supone un alivio para los vascos, pero también le reprocharon que la autocrítica brillara por su ausencia en su comunicado y que corriera un tupido velo sobre las víctimas que ha ocasionado. Urkullu y Barkos quisieron escenificar esta mirada crítica al pasado para corregir a ETA, que ha vuelto a insinuar en su despedida que ha matado en nombre de los vascos y ayer se topó con el rechazo de los máximos responsables de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. Sin embargo, Urkullu y Barkos no se limitaron a ofrecer una mirada al pasado, sino que presentaron un documento con propuestas para el futuro, donde plantean una declaración unánime que reconozca la injusticia del terrorismo y la violencia, y conformar un grupo de trabajo entre ambos gobiernos y el Ejecutivo español para adaptar la política penitenciaria al nuevo tiempo. Esta petición de ambos gobiernos da una mayor cobertura institucional al presidente español, Mariano Rajoy, para que se avenga a cambiar la política penitenciaria y desoiga las presiones que le llegan desde Ciudadanos.

Los dos mandatarios comparecieron en el Palacio del Señorío de Bertiz, en Navarra, para anunciar una dinámica de trabajo en común que da mayor empaque a las demandas de ambos ejecutivos. Su propósito es asentar la convivencia con acuerdos que sean suscritos por todos: una reflexión crítica y global que incluya de manera expresa la violencia de ETA y sea firmada “por primera vez” por todas las fuerzas políticas, y un consenso sobre la política penitenciaria que alcance a todos los partidos.

Estas dos propuestas interpelan a la izquierda abertzale (por la violencia de ETA) y al PP (el único partido que frena la reparación a las víctimas de la tortura y los excesos cometidos en el marco de la política antiterrorista, y el único que no apuesta abiertamente por acercar a los presos a cárceles vascas). Urkullu y Barkos proponen que se aluda de manera especial a ETA, frente al intento de cerrar en falso esta etapa por parte de la organización ya disuelta, o de justificar su violencia con la existencia de otras vulneraciones de derechos.

Los acuerdos unánimes supondrían un cambio de paradigma con respecto al pasado. No obstante, la primera decisión que ha tomado el presidente español, Mariano Rajoy, ha sido convocar el Pacto Antiterrorista el lunes, un acuerdo donde tiene fundamentalmente el apoyo del PSOE y Ciudadanos, pero no el del PNV. Lo ha convocado sin consultar al Gobierno Vasco.

La declaración crítica y global sobre el pasado se impulsará en la Ponencia sobre Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco, que ya trabaja en ese terreno desde hace meses y donde no está el PP;y en la comisión del Parlamento navarro sobre las relaciones institucionales y ciudadanas, que es el foro natural en el que se están desarrollando estos debates en la comunidad foral. Esa declaración debería tomar como punto de partida el “reconocimiento del daño injusto provocado a las víctimas del terrorismo y la violencia”, “el rechazo público a cualquier forma de terrorismo o violencia y a su legitimación o justificación”, y la reparación de todas las víctimas por razones éticas y legales, todo ello rechazando “cualquier tipo de equiparación compensatoria” entre los damnificados que intente justificar la violencia. Se hará referencia a todas las violencias, y “singularmente a la de ETA”.

En cuanto a la política aplicada en las cárceles, se plantea un grupo de trabajo entre los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y el Estado para desarrollar los consensos parlamentarios que se alcancen en suelo vasco. A los presos les piden que reconozcan el daño causado, pero a Madrid le recuerdan que se pueden impulsar cambios desde ya y en estricto cumplimiento de la ley: piden un proceso de acercamiento de los reclusos a prisiones “próximas a sus lugares de residencia” conforme al artículo 12.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria;aplicar con criterio “humanitario” las opciones que contempla el marco jurídico para las personas enfermas, con menores a su cargo o mayores de 70 años;e impulsar una política de reinserción cuando el riesgo de reincidencia ha desaparecido “fehaciente y definitivamente”.

MEMORIAA medio plazo, apuestan por unas políticas públicas que reparen a todas las víctimas, una educación en convivencia, y el reconocimiento legal de los derechos de las víctimas de abusos policiales. La ley vasca que busca reparar los abusos sufridos entre 1978 y 1999, y la ley navarra que busca reparar a las víctimas de extrema derecha y de la violencia estatal están suspendidas por el Tribunal Constitucional tras el recurso de Rajoy.

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