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polémica por la sentencia

El juez discrepante

Martes, 1 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Hace exactamente un mes los periódicos se hacían eco de una noticia: “La Audiencia absuelve a una banda acusada de robar en camiones al anular las escuchas telefónicas que autorizó el juez instructor”. Dicha sentencia -en la que justificaba la absolución porque “en el oficio policial se aprecia mucha deducción y escaso dato objetivo que funde las deducciones”- la firmaba el magistrado Ricardo González González, ponente de una resolución que tardó en escribir 14 meses y en la que se extendió durante 88 páginas. El fallo es la viva semblanza de los habituales escritos de González -madrileño, con orígenes en Riaño (León), casado, padre de dos hijos, hijo de juez y maestra, hermano de jueces y abogado y no adscrito a ninguna asociación judicial- plagados de jurisprudencia, perífrasis y armazón probatorio. Cuando existían los juicios de faltas, y al tribunal del que forma parte González llegaban los recursos, sus resoluciones también solían ocupar decenas de páginas aunque fueran por los asuntos más livianos. “Todo el trabajo se lo toma con la misma exhaustividad, da igual la índole del asunto, lo cual quizás sea un error”, dicen de él letrados/as habituales en sus procedimientos.

El magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, adonde llegó hace tres lustros desde Primera Instancia de Bilbao, tras su paso por Valencia y Cantabria, es un hombre poco acostumbrado al foco y al roce con los medios. González pasa por ser un juez discreto, que suele pasar los días de trabajo acompañado por el personal con el que comparte años en la Sección, y al que no se le conoce exabrupto con funcionarios. En sala suele actuar como un hombre meticuloso y detallista, acostumbrado a deliberar con sus colegas togados sobre lo depuesto por un acusado o a corregir a las partes en el caso de que vayan por el camino equivocado. “Desde luego que es intervencionista en las vistas y eso a veces es lo más incómodo para una acusación o una defensa”, dicen varios letrados. “De hecho, si le conocerán bien, las partes habrían podido anticiparse y pensar que en la declaración de la víctima de La Manada iba a intervenir con toda seguridad con alguna pregunta incómoda”, explica un penalista con asuntos asiduos en este tribunal. La Sección Segunda es la especializada de la Audiencia Provincial en asuntos de violencia contra la mujer y, entre los letrados defensores, cunde el comentario habitual de que pasa por ser una Sala especialmente dura en las condenas por esta materia.

“Se le tiene por un hombre al que no le tiembla la mano ni a la hora de condenar ni a la de absolver”, confirma un letrado que le conoce en persona. “Es indudable que puede acumular retrasos y acumulación de asuntos, pero también se debe a que fundamenta exhaustivamente sus razonamientos. Son asuntos con años de cárcel en juego y él se lo trabaja”, dice este letrado, que le define como “educado, serio, correcto y de perfil adusto”. A la hora de pedir calificaciones, los actores y operadores habituales de la Justicia en Navarra cierran filas en torno al trabajo de González, quizás sorprendidos por el terremoto causado por su voto particular y el resto de la sentencia, aunque ninguno esconde que se trata de un magistrado peculiar en sus resoluciones, extensión y retrasos.

Conviene saber que apenas unas semanas después del juicio de La Manada, González y sus compañeros tuvieron que hacer frente a otra vista por una agresión sexual en Pamplona con dos acusados en prisión provisional. También hay deceñas de años de cárcel por juzgar en ese caso. Y el ojo mediático no hace olvidar que a la Sección Segunda de la Audiencia le toca recibir y enjuiciar asuntos que van a ser igualmente sometidos al escrutinio público, como los amaños de Osasuna o la causa de sus exdirectivos con Hacienda por los impagos del IVA del club rojillo. Trabajo les queda, y va a quedar bien expuesto.

González no es inhabitual en formular votos particulares (acumula al menos cinco en resoluciones desde 2010), una práctica discrepante con el sentido de la mayoría de la Sala (que componen otros dos jueces) a la que en escasas ocasiones recurren magistrados de Audiencias provinciales. Tanto él, como la Sección a la que pertenece, tuvieron un seguimiento especial durante los años 2012 y 2013 por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de los jueces encargado de las labores de inspección. Aquel episodio terminó con una sanción al juez Ernesto Vitallé, el último en llegar en 2011 a una Sección Segunda que componían por entonces González, Cobo y José Francisco Goyena (magistrado presidente del caso Nagore ahora destinado en la Audiencia de Madrid). Vitallé, que llegaba de la sección civil a una Audiencia que se especializaba en penal, tardó más de un año en resolver 26 casos. Este juez recurrió la propuesta de sanción ante el Supremo al considerar que la sanción era injusta y no imputable a su falta de dedicación, por entender que se debía “a la actitud del resto de los magistrados de la sección, que sin justificación y reiteradamente rechazaban mis propuestas de resolución”. Su impugnación no prosperó. Vitallé cumplió seis meses de sanción y el resto de la Sección siguió sin ser expedientada y con el refuerzo de un magistrado de Ávila para poder sacar el trabajo pendiente.

En todo este tsunami desatado a raíz de la polémica sentencia, e impulsado por las palabras de ayer del ministro Catalá, el currículum de González y sus avatares personales, según él, por todos conocido, ha pasado a ser cuestión de Estado. La discrepancia abierta y cruda que muestra con sus compañeros de Sala en su voto particular llaman tanto la atención como las descalificaciones a la joven víctima. El sentido de su voto estaba claro. Las formas resultan un exceso, por el que también se le está exponiendo al escarnio público, cuestionando su capacidad para ejercer una carrera en la que hasta ahora no tenía traba posible.El CGPJ no le ha incoado ningún expediente disciplinario en el actual mandato, es decir en los últimos cuatro años, contra el magistrado Ricardo González. - Enrique Conde

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