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Lucha por la salud laboral y recuerdo a las víctimas del trabajo de riesgo

Por Jesús Uzkudun Illarramendi - Sábado, 28 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:04h

Con ocasión del 28 de abril, Día de la Salud de los Trabajadores, la Organización Internacional del Trabajo nos aporta cifras escalofriantes: 2,78 millones de muertes anuales en el mundo a consecuencia de los trabajos de riesgo o sin la prevención adecuada, de ellas 2,4 millones son víctimas de enfermedades profesionales y 204.000 muertes son de ciudadanas europeas, es decir, se producen 35 muertes por enfermedad profesional por cada muerte en accidente de trabajo. Datos que deberían forzar un cambio en la orientación preventiva y discurso de las instituciones públicas e incluso de las organizaciones sindicales, para no continuar reduciendo los problemas de salud laboral, exclusivamente al accidente de trabajo.

A esas terribles cifras, hay que sumar 160 millones de personas afectadas por enfermedades profesionales y 334 millones de víctimas de accidentes de trabajo no mortales, aunque muchas sean invalidantes.

Por otro lado, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto a la Comisión Europea señalan que el cáncer es la principal causa de muerte relacionada con el trabajo en la Unión Europea, causando alrededor del 53% de las muertes relacionadas con el trabajo. Aunque algunos silencien esta terrible sangría, genera una pérdida económica anual de 476.000 millones de euros en la Unión Europea. ¿Nos hemos vuelto cínicos o absolutamente insensibles para no reaccionar ante semejante catástrofe?

Que la enfermedad profesional no sea un daño de aparición inmediata, tenga menor impacto visual y social que los accidentes traumáticos, no eliminan la gravedad del sufrimiento, los costes sanitarios, la pérdida de vidas y días de trabajo que generan, es gravísimo, especialmente, cuando se demuestra que derivan de infracciones empresariales a medidas de prevención obligatorias.

Durante décadas y todavía hoy, la mayoría de las empresas asesoradas por las mutuas (MATEPSS), han reducido su actividad preventiva a tratar de reducir o evitar con más o menos acierto los accidentes de trabajo, mientras desprecian los riesgos de enfermedad profesional derivados de los riesgos higiénicos, ergonómicos y psicosociales presentes en el puesto de trabajo. No es una acusación gratuita, viene avalada por múltiples sentencias que condenan a las empresas al pago de recargos de prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene o indemnizaciones de daños a los enfermos o familiares de víctimas del amianto, silicosis, siderosis… No solo las empresas incumplieron la ley, los servicios médicos de empresa, también estaban obligadas a realizar reconocimientos médicos específicos a los trabajadores/as o comunicar “Sospecha de EEPP” de las enfermedades detectadas. Se dedicaron a ocultar el origen laboral de muchas enfermedades. Lamentablemente, ante la infracción de normas de seguridad y salud, la mayoría de los delegados y responsables sindicales, atrapados por el economicismo, no asumieron como prioridad la defensa de la salud laboral y la lucha por la mejora de las condiciones de trabajo insalubres, limitándose a reclamar pluses de tóxico, penoso, peligroso o nocturnidad, tratando de mejorar los míseros salarios y dulcificar el daño a la salud.

Si hablamos con personas mayores, de 55 a 70 años, que trabajaron en la industria o la construcción, veremos que gran parte portan audífonos para la vida social, dado el deterioro de su capacidad auditiva por el ruido laboral, la afección de una epidemia de enfermedades respiratorias: fibrosis pulmonar, placas pleurales, asma, silicosis, cánceres derivados de la inhalación de fibras de amianto, sílice, humos metálicos, soldadura…etc. No nos confundamos, no son enfermedades propias de la edad, son derivadas de las condiciones insalubres en la que trabajaron décadas atrás. Asimismo observaras, las importantes cifras de cáncer pulmonar, mucho más elevadas al de otros sectores. Lo cual demuestra que el cáncer, además de estar determinado por el código postal, viene condicionado por el código de la profesión o el sector productivo donde estuvo empleado. Tampoco pasan desapercibidas, las lesiones en brazos y espalda, que siguen siendo la principal causa de jubilación anticipada o incapacidad permanente, derivada de los sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o trabajo con posturas forzadas. Lógicamente, las mujeres son doblemente víctimas, por un lado, porque se olvidó la prevención de sus riesgos específicos y por otro, porque se encuentran con mayores obstáculos a la hora del reconocimiento de la incapacidad permanente.

Es por esta razón, que no comparto la opinión de quienes culpabilizan exclusivamente a la precariedad laboral, como causa del incremento de la siniestralidad laboral o el incremento de los daños a la salud en el trabajo.

La eventualidad, la subcontratación, etc., sin ninguna duda perjudican a la salud de las personas afectadas, pero dicho discurso favorece la ocultación de las infracciones empresariales a las normas de seguridad y salud en el puesto de trabajo, siendo está la principal causa de los daños y el deterioro de la salud de las personas trabajadoras. Es más, estoy convencido que una exigencia rigurosa de las normas de información, formación, evaluación de riesgos, coordinación de actividades empresariales,…, unido a la exigencia de responsabilidades por los daños, es una vía mucho más eficaz para luchar contra la precariedad laboral y avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo.

En este 28 de abril, además de recordar a las víctimas, generadas por el incumplimiento empresarial de las normas de seguridad, adquiere especial importancia los tres retos siguientes:

1. Romper el bloqueo parlamentario impuesto por el Gobierno del PP al proyecto ley para la creación del fondo de compensación para las víctimas del amianto, con recursos suficientes, que posibilite acabar con la desigual indemnización a las víctimas. Es injustificable, que mujeres que enferman por lavar el buzo de sus maridos o quienes trabajaron en pequeñas empresas ya desaparecidas no tengan indemnización.

2. Es necesario revertir e impedir las crecientes competencias de las mutuas patronales en el control de la enfermedad común de los trabajadores/as y que el PP pretende darles mayor poder con la Ley de Mutuas, favoreciendo que estas acusen de fraude a los médicos de familia de la sanidad pública por prolongar las bajas, así como a las personas enfermas, precisamente, cuando se observa el crecimiento del “presentismo” es decir, acudir enfermo al trabajo por miedo al despido. Urge crear una amplia alianza sindical, social y sanitaria para frenar la privatización de la sanidad pública hacia las mutuas patronales, que supondría convertir a las clases trabajadoras en objetos de usar y tirar, especialmente, cuando ya sea deteriorado la salud por condiciones nocivas de trabajo.

3. Urge acabar con la ocultación del origen laboral de las enfermedades laborales, dado el fraude que supone a la Seguridad Social y a la prevención de los riesgos laborales. La respuesta del sindicalismo no puede quedar reducida a denunciar el subregistro de las enfermedades profesionales, debe implicarse con planes de trabajo similares al incumplimiento salarial de los convenios, orientados a su reconocimiento y visualización. Sin ese compromiso sindical permanecerán ocultas con sus fatales consecuencias.

Finalmente, considero que ha llegado la hora de dar la importancia que se merece a la salud y la necesidad de lograr una protección adecuada en el trabajo. La salud es lo más valioso que tenemos y si la perdemos, con seguridad perderás el empleo y el mínimo bienestar.

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