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Andalucía podrá sancionar a los bancos con viviendas vacías

El TC cree que la norma garantiza el derecho a disfrutar de unos pisos dignos y adecuados

Miércoles, 18 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:04h

madrid- El pleno del Tribunal Constitucional ha avalado que Andalucía pueda sancionar a los bancos y otras empresas que tengan en sus manos viviendas vacías, al considerar constitucional la Ley andaluza 4/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

El Tribunal Constitucional avaló en enero del año 2018 que Navarra pueda expropiar inmuebles cuando estos pasen dos años desocupados como recoge la Ley Foral de la Vivienda de 2013. Ahora aplica aquella sentencia a un caso muy similar, la ley andaluza que regula esta misma materia en términos parecidos.

El decreto andaluzLa norma andaluza fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy después de impugnar el decreto andaluz antidesahucios. El Tribunal Constitucional anuló el decreto porque regulaba mediante una norma de urgencia materias que debían ser objeto de ley.

Sin embargo, y como ya sucedió en el caso de la comunidad foral, ahora el Tribunal Constitucional acepta esas mismas medidas, que obligan a destinar la vivienda a su uso social, cuando vienen reguladas por una ley.

Por su parte, el alto tribunal no considera que Andalucía haya invadido competencias del Estado central, ni tampoco que haya desproporción entre las medidas que diseña la norma recurrida y sus fines.

En la sentencia relativa a Navarra el Tribunal Constitucional aceptó que esa comunidad pudiera expropiar los inmuebles que llevasen dos años desocupados siempre que fueran propiedad de una empresa o persona jurídica y no de particulares, y después de que el Gobierno regional hubiera advertido antes al titular de la vivienda del riesgo que corría.

Ahora, respecto a Andalucía, señala que aunque el precepto impugnado en el recurso del Gobierno central “contiene una restricción relevante para el titular del derecho de propiedad”, es cierto que persigue “un fin de relevancia constitucional como es garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. - Efe

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