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Todos somos ilegales

Por Jone Bengoetxea - Lunes, 16 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:04h

¿Quién dice que una persona es ilegal? Digamos que la respuesta fácil sería decir que es el poder establecido quien decide o sentencia. En este caso, la Ley de Extranjería española no perdona. Así, las cuestiones migratorias quedan directamente vinculadas a las cuestiones de seguridad del Estado y no a los Derechos Humanos fundamentales. Y aquí empieza la trampa.

El pasado marzo, las calles empezaron a responder: jóvenes, ancianas, mujeres y hombres han abarrotado pueblos, plazas, calles y ciudades. El feminismo y las mujeres desbordamos ese espacio público históricamente negado el pasado 8 de marzo y la lucha por unas pensiones públicas dignas y justas lo hizo el 17 de marzo. El 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, tocaba también alzar la voz. Y aquí nos detenemos. Desde el sindicato ELA, un sindicato de clase, soberanista y de contrapoder en construcción feminista, el ejercicio de revisión ideológica es constante pero sobre todo es una revisión que se va haciendo desde la praxis. Llevamos tiempo cuestionándonos con preocupación y a menudo con más preguntas que certezas, cómo llegar a esos nichos de precariedad laboral aparentemente impenetrables. Si el mercado laboral con papeles es un mercado salvaje y obsceno para una gran parte de la clase trabajadora en situación administrativa regular, (sectores como los de la limpieza, la ayuda a domicilio, las residencias, el telemarketing, la hostelería, las subcontratas en general o la construcción, entre otros tantos), el acantilado que se abre y yace en la economía sumergida o el mercado laboral informal, no tiene nombre.

Dividir a la clase trabajadora es un clásico, y para ello crear fronteras jurídico-administrativas entre las personas trabajadoras es un paso más. Que se lo pregunten, por ejemplo, a las empleadas de hogar y trabajadoras domésticas internas que trabajan en régimen de explotación y servidumbre, y con una clara falta en la capacidad para negociar sus condiciones laborales debido a su situación de falta de regularización administrativa. Contar con un convenio laboral colectivo, interpelar a un jefe o a la patronal, estar asistida por una defensa jurídica o disponer de recursos básicos como tiempo, equipo y caja de resistencia pueden no estar al alcance de muchas personas trabajadoras en situación administrativa irregular;de facto no lo están en nuestra realidad laboral.

Ante este panorama, es urgente confluir y afianzar los espacios de alianza y confianza política entre los colectivos y personas afectadas por la precariedad laboral y la precariedad de la vida. Movimiento sindical, movimiento feminista, movimiento anti racista, movimiento juvenil, movimiento de las personas pensionistas… Ojalá pudiéramos estar todas en las luchas de todas porque si alguna reivindicación se hace presente en todas las luchas es: ¡Todos los derechos para todas las personas!

Todas y todos somos ilegales mientras el poder establecido siga dividiéndonos entre personas con papeles y personas sin papeles.

Sirvan estas líneas como homenaje a Mame Mbaye y Mor Sylla, trabajadores de la venta ambulante del top manta de Madrid muertos el pasado 15 y 16 de marzo tras una controvertida actuación policial y tras décadas de irregularidad e indefensión administrativa. Justicia y reparación para estas personas y para todas aquellas que son rehenes de la racista Ley de Extranjería española y a las que continuamente se les vulneran sus derechos básicos como personas.

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