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La AN no ve rebelión ni terrorismo en la presunta líder de los CDR

Solo aprecia desorden público, y la causa dependerá ahora de un miembro en busca y captura

Viernes, 13 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:04h

La presunta coordinadora de los comités fue arrestada por la Guardia Civil el martes en Viladecans.

La presunta coordinadora de los comités fue arrestada por la Guardia Civil el martes en Viladecans. (Foto: Efe)

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La presunta coordinadora de los comités fue arrestada por la Guardia Civil el martes en Viladecans.

madrid- La acusación por rebelión a los Comités de Defensa de la República (CDR) se tambalea y pende de un hilo. El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea no ve delitos de terrorismo ni rebelión en las acciones de la presunta coordinadora detenida el martes, por lo que ayer decidió dejarla en libertad e imputarla únicamente por un delito de desórdenes públicos. Esta decisión reduce los sabotajes a meros incidentes. En cualquier caso, no es una calificación definitiva. Todo dependerá de los resultados que arroje el interrogatorio a otro integrante de los CDR que ahora mismo se encuentra en búsqueda y captura y sobre el que sigue pesando una acusación por rebelión y terrorismo. Si tampoco en ese supuesto existiera rebelión, el Estado español perdería su único enganche para defender que hubo violencia en el procés.

La decisión de la Audiencia Nacional llega después de que la justicia alemana pusiera en libertad al president cesado Carles Puigdemont al no apreciar tampoco un delito de rebelión y tras asegurar que no se produjo una violencia con la suficiente intensidad como para doblegar al Estado. La acusación a los CDR es un elemento clave para mantener vivo el delito de rebelión y condenar por ese mismo concepto a los consellers cesados y a los líderes de la ANC y Òmnium.

El juez De Egea desoyó ayer la petición del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, quien tras la declaración de la detenida reclamó al juez su ingreso en prisión provisional. En un comunicado, la Fiscalía dijo que a Tamara C.G. se le atribuyen “delitos cometidos con finalidad de rebelión, sin perjuicio de las ulteriores calificaciones que puedan adoptarse tras el avance de la investigación” y, según fuentes presentes en la declaración, el fiscal mantuvo ayer ese delito y el de terrorismo en su exposición ante el juez.

Sin embargo, De Egea le imputa un delito de desórdenes públicos, que no es competencia de la Audiencia Nacional y está tipificado con una pena de 6 meses a 3 años de prisión y, en su vertiente agravada (con uso de armas, explosivos o máscaras, o en el marco de una manifestación), con hasta 6 años de cárcel. Por lo tanto, podría ser cuestión de días que el caso pase a juzgarse ante la justicia ordinaria.

medidas cautelaresPara decretar su libertad, el juez le impuso como medidas cautelares comparecencias semanales en el juzgado, prohibición de salir de su municipio de residencia salvo para ir al trabajo, autorización judicial para cualquier salida del término municipal en el que reside, prohibición de salir de España y fijación de domicilio y teléfono.

Además, el magistrado ha decidido mantener bajo secreto esta causa en la que se trató de detener a otro presunto coordinador de los CDR, un hombre al que se intentó localizar el martes sin éxito en Esplugues de Llobregat y respecto al que De Egea decretó ayer una orden de busca y captura.

Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, es por este segundo sospechoso por el que el juez no ha trasladado la causa a un juzgado ordinario. Ese activista está siendo buscado por terrorismo y rebelión y, al estar pendiente que sea detenido y puesto a disposición judicial, el magistrado ha decidido mantener por el momento la causa en la Audiencia Nacional.

Según la Fiscalía, Tamara C.G., que ayer solo accedió a responder a preguntas de su abogado, “habría desarrollado actividades de dirección y coordinación en actos de sabotaje, formando parte de un reducido equipo de dirección que determina las pautas de actuación y las consignas de movilización de estos grupos”. En su nota de prensa, añadió que estos grupos actúan “con actos de rebeldía, encaminados a normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado, trasladando a la calle con actuaciones violentas el proceso soberanista catalán” que se investiga en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, “como una clara una amenaza directa al orden constitucional establecido”.

Una de las principales pruebas que la Guardia Civil ha esgrimido contra la detenida es un archivo de audio difundido por las redes sociales en que explicaba acciones y estrategias que supuestamente se planteaban los CDR para Semana Santa, como cortes en los accesos a Mercabarna o al Puerto de Barcelona. - DNA

registro en diplocat

Pago a los observadores. La Guardia Civil registró ayer durante cinco horas la sede del Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat), en el marco de una operación sobre los pagos a los observadores internacionales del referéndum. Un informe de la Guardia Civil estima en 119.700 euros la contratación de esos expertos.

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