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Un 155 contra los servicios públicos

Por Igor Eizagirre - Miércoles, 11 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Mariano Rajoy ha presentado sus Presupuestos para 2018 con la incógnita de cuánto tardará el PNV en apoyarlos, pero con la seguridad de que en ese viaje le acompañan CCOO, UGT y CSIF desde que el 9 de marzo firmaron el llamado Acuerdo para la Mejora del Empleo Público.

Mucho se ha escrito sobre este acuerdo, supuestamente logrado para recuperar los derechos y el empleo del personal público, pero se debe hacer “la otra lectura”. De entrada, en su negociación se ha negado a ELA y CIG (sindicato gallego) el derecho a participar en todas las reuniones de negociación que se han celebrado en Madrid, pese a que legalmente deben estar y a que lo allí decidido afecta directamente a los trabajadores públicos vascos (y gallegos).

Entrando ya al contenido de este supuesto gran acuerdo: se olvida de la derogación del RD-Ley 8/2010, (medidas extraordinarias para la reducción del déficit);del RD-Ley 20/ 2011 (medidas urgentes para la corrección del déficit público);del RD-Ley 20/2012 (estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad);se olvida también de toda la legislación impuesta por el gobierno para destruir más de medio millón de empleos en todo el Estado (23.000 en Euskal Herria);y se olvida también de la pérdida del 15% del poder adquisitivo, así como de la supresión de importantes derechos laborales arrebatados al personal público.

Pero la cosa no se queda en el olvido;los sindicatos firmantes dan cobertura a las políticas de austeridad que impusieron esos decretos de Zapatero y Rajoy en lo más duro de la crisis, convirtiendo lo excepcional en algo permanente y habitual. Y lo que es peor, acordado. Además, el cumplimiento del acuerdo se condiciona a que las CCAA cumplan los objetivos del déficit, techo de gasto y límite de deuda: es decir, recortes y austeridad para muchos años. Por ello, en la última reunión de la Mesa General, el ministro Montoro se permitió el lujo de pedir a los sindicatos firmantes que presionen al resto de administraciones públicas para que cumplan con los límites de estabilidad presupuestaria y puedan así aplicar el acuerdo. Ante esto, representantes de algunas CCAA, asombrados, denunciaron la sumisión de UGT, CCOO y CSIF, convertidos en guardianes al servicio del PP para hacer cumplir los objetivos del déficit, regla de gasto y el límite de deuda. Por cierto, esa crítica no provino de ningún representante de los gobiernos de Urkullu o de Barkos.

En cuanto a la tan cacareada subida salarial de este “gran acuerdo”, tras una pérdida de los trabajadores públicos de más del 15% del poder adquisitivo, el Gobierno español logra que los sindicatos firmen por primera vez en el sector público un acuerdo salarial trianual condicionado al crecimiento del PIB marcado por el propio Gobierno sin ninguna referencia al IPC. Además, la subida salarial fija pactada es del 6% en tres años y con un IPC previsto para los próximos tres años del 4,6%, la recuperación del poder adquisitivo sería del 1,4%. A este ritmo, se tardarían casi 30 años en recuperar lo perdido.

Los sindicatos firmantes dan cobertura a las políticas de austeridad que impusieron esos decretos de Zapatero y Rajoy en lo más duro de la crisis, convirtiendo lo excepcional en algo permanente y habitual

En materia de empleo, el acuerdo mantiene para 2018 la tasa de reposición. No se puede contratar más personal público que el que se jubila. Es decir, no se detiene la destrucción de empleo público y no da solución ni de lejos a las necesidades de personal.

En cuanto a los procesos de estabilización del empleo, no son más que un balón de oxígeno para el Gobierno tras las sentencias europeas. En fin, el acuerdo manifiesta lisa y llanamente que de estos procesos no podrán derivarse ni incremento de gasto, ni de efectivos. Ni tampoco se plantean procesos de consolidación, por lo que pone en serio riesgo el puesto de muchos temporales con contratos en fraude de ley de larga duración que no han tenido ocasión de consolidar su puesto de trabajo.

En jornada laboral, este acuerdo no deroga el decreto de imposición de las 37,5 horas semanales, aunque contemple la posibilidad de acordar otra jornada siempre y cuando se cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria. Es decir, UGT, CCOO y CSIF apoyan que si los gobiernos vasco o navarro no cumplen el techo de gasto, por ejemplo, el personal de nuestras administraciones pueda ser obligado a ampliar su jornada de las 35 a las 37,5 horas.

En síntesis, la recuperación anunciada en este acuerdo no se ve por ninguna parte: no se recupera el poder adquisitivo perdido, ni las plazas de empleo público ni los derechos laborales suprimidos, y se mantiene casi intacta la legislación restrictiva que tanto daño ha hecho a los servicios públicos.

Así las cosas, emplazamos a los gobiernos de Urkullu y Barkos, así como a las diputaciones forales y entidades locales a que defiendan su ámbito de decisión y no sigan las directrices del Gobierno de Rajoy, UGT, CCOO y CSIF, ahora unidos en esta cruzada contra los servicios públicos. Una vez más, nuestras instituciones políticas deben decidir si quieren ser el brazo ejecutor de las políticas antisociales del PP, como han sido de manera generalizada estos últimos años o si, por el contrario, apuestan por el desarrollo y cohesión social.

Y por supuesto, consideraríamos inconcebible y una dura agresión contra la ciudadanía que cualquier partido vasco apoyara los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

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