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A juicio por supuesto abuso sexual de una comercial

El hombre está acusado de atacar a la mujer cuando ésta revisaba sus facturas de consumo energético

Axier Burdain José Ramón Gómez - Domingo, 1 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Exterior del Palacio de Justicia de Vitoria.

Exterior del Palacio de Justicia de Gasteiz. (ARCHIVO)

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Exterior del Palacio de Justicia de Vitoria.

Vitoria- Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de abuso sexual, por lo que su autor debería, en principio, enfrentarse a una posible pena de dos años de cárcel, pero la Fiscalía pedirá para él la expulsión del país por un espacio de cinco años. El juicio que decidirá la suerte de este ciudadano de origen marroquí cuya situación administrativa en España “no consta”, se celebrará el próximo jueves en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria.

De acuerdo con lo expresado en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el ataque tuvo lugar el 30 de enero de 2017 en un domicilio particular del centro de Vitoria. Alrededor de las 17.30 horas, una mujer llamó a la puerta de un domicilio y su ocupante, el acusado, le abrió. Ella trabajaba como comercial para una firma de servicios y le comentó que podía plantearle una oferta relativa al suministro de gas y electricidad. Él se mostró interesado y ella le solicitó comprobar sus últimas facturas de gasto.

Hasta ese momento, todo discurrió con normalidad. El hombre buscó las facturas y se las entregó a la comercial para que las revisara. Pero mientras ella procedía a examinarlas de pie, sobre la mesa del salón, él se le aproximó por la espalda y, según consta en la documentación, “al tiempo que le jadeaba en la oreja, comenzó a rozar sus órganos genitales contra ella con movimientos rítmicos mientras se masturbaba”. El fiscal precisa que ella “no deseaba contacto alguno de índole sexual con el acusado”.

En principio, de acuerdo con esta misma documentación, la Fiscalía considera que procedería imponer al acusado una pena de dos años de cárcel, si bien acto seguido señala que “interesa que la pena de prisión sea sustituida, conforme al artículo 89.1 del Código Penal, por la expulsión del territorio español con la prohibición de regresar por un plazo de 5 años”. También se solicita que, en concepto de “daños morales”, el acusado indemnice a su víctima con 1.000 euros.

Durante la vista, está previsto que tenga lugar la declaración del acusado y de dos testigos. Así mismo, se ha solicitado a la Brigada Provincial de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía que aporte la documentación necesaria a fin de conocer la situación administrativa del acusado en España.

artículos robadosPor otra parte, el próximo martes se celebrará otro juicio, también el el Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria, contra dos personas acusadas de haber cometido un presunto delito de hurto y, en el caso de una de ellas, de otro leve de estafa. Según la Fiscalía, ambos sustrajeron objetos de un domicilio particular del barrio de El Pilar y los vendieron en un establecimiento de artículos de segunda mano de la capital alavesa.

Los acusados, un hombre y una mujer, cometieron el robo, de acuerdo con el escrito de acusación, gracias a que ella trabajaba en la casa como empleada de hogar. El fiscal sostiene que en la mañana del 13 de julio de 2015, ambos, puestos de común acuerdo, abandonaron el domicilio y, con ánimo de lucro, se llevaron un televisor, 800 euros en metálico que encontraron guardados en un armario, un teléfono móvil y diversas joyas y enseres personales.

Ese mismo día, el acusado acudió al citado establecimiento que gestiona artículos de segunda mano, ubicado en la calle Reyes Católicos, y “haciendo creer al comercio que el televisor le pertenecía”, lo vendió por 68 euros. Tres días después, el aparato fue ocupado por la Ertzaintza y devuelto a su propietaria.

Según la Fiscalía, los dos acusados son coautores de un delito de hurto, mientras que el hombre sería también responsable de otro leve de estafa. Por ello, pide para ambos una pena de un año de prisión y para él, el pago añadido de una multa de 600 euros. Por su parte, los responsables del establecimiento reclaman la cantidad de 68 euros por el perjuicio económico causado. Los propietarios de la vivienda y víctimas del robo, una mujer con grado 2 de dependencia y su nieto, no solicitan cantidad alguna.

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