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reparto de mercado y fijación de precios

Próxima investigación sobre los comedores escolares

Este 12 de abril quedará constituida la comisión del Parlamento Vasco

Viernes, 30 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:04h

Un grupo de escolares en el comedor escolar.

Un grupo de escolares en el comedor escolar. (Foto: Afp)

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Un grupo de escolares en el comedor escolar.

Gasteiz- La comisión parlamentaria que investigará si hubo responsabilidades políticas del Gobierno vasco en la contratación de empresas para gestionar comedores escolares en los colegios púbicos quedará constituida el próximo 12 de abril en la Cámara vasca. Este órgano especial echará a andar después de que el pasado 8 de febrero el pleno del Parlamento aprobase su formación con los votos de Elkarrekin Podemos y PP, promotores de la iniciativa de forma conjunta, y por EH Bildu. Los partidos que forman el gobierno se abstuvieron.

En concreto, tal y como se acordó, esta comisión analizará “todo el proceso que culmina en la contratación de estas empresas” por parte del Departamento de Educación, asunto sobre el que ya se pronunció la Fiscalía Superior del País Vasco en 2016, que decidió archivarlo al no encontrar indicios de delito en la actuación de estas empresas. La Fiscalía abrió diligencias de investigación después de que la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) impusiera una sanción de 18 millones de euros a siete empresas por un reparto de mercado y fijación de precios entre 2003 y hasta 2011, y entre 2013 y 2015. Dijo que se habían alineado para repartirse las distintas áreas geográficas en que se distribuía el contrato de comedores y maximizar sus beneficios. El sobreprecio pudo alcanzar el 30%, lo que se traduce en unos 1.040 euros de más por cada familia usuaria durante el período analizado, según algunas informaciones.

No obstante, un año después varias de estas firmas recurrieron la multa y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rebajó la sanción en un 60%, aunque entendió que existió un pacto entre ellas y consideró que fue posible gracias a la falta de “reacción, indagación, consulta o prevención” del Gobierno vasco. La última comisión de este tipo abierta en el Parlamento Vasco fue la que investigó si fueron ajustadas a derecho las ayudas públicas que recibieron los fallidos proyectos de Epsilon e Hiriko.

Las comisiones de investigación están integradas por dos representantes de cada grupo. Su función es elaborar un plan de trabajo para el que pueden pedir la comparecencia de particulares o autoridades públicas y privadas. Sus conclusiones no son vinculantes para los tribunales y deben plasmarse en un dictamen que será debatido en pleno parlamentario. - E.P.

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