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la crisis catalana

La internacionalización judicial dificulta la estrategia de Llarena

Los abogados de Puigdemont, Ponsatí, Comín y Serret afean “la politización de la Justicia” para evitar la extradición

Martes, 27 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:03h

El magistrado Llarena atribuye a los encarcelados ayer los delitos de rebelión y malversación, excepto para Forcadell, a la que solo acusa de rebelión.

El magistrado Llarena atribuye a los encarcelados ayer los delitos de rebelión y malversación, excepto para Forcadell, a la que solo acusa de rebelión.

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El magistrado Llarena atribuye a los encarcelados ayer los delitos de rebelión y malversación, excepto para Forcadell, a la que solo acusa de rebelión.El exconseller, Jordi Turull (c), candidato a ser investido presidente de la Generalitat, a su llegada al Tribunal Supremo, tras un receso para comer, a la espera de que el juez Pablo Llarena decida si decreta su ingreso en prisión provisional.

madrid- El Gobierno de Rajoy temía que el procés saltara las fronteras españolas para situarse como un problema de orden europeo. Por el contrario, la detención de Puigdemont en Alemania;la situación de los consellers cesados Toni Comín, Lluis Puig y Meritxel Serret en Bélgica y Clara Ponsatí en Escocia;y las huidas Anna Gabriel y Marta Rovira en Suiza han generado el efecto no deseado por Moncloa. Las defensas legales de todos ellos, que plantarán una decidida batalla ante las órdenes de extradición a España contrarrestando caso por caso la “politización de la Justicia española”, se han vuelto en contra de los intereses del Ejecutivo del PP al obstaculizar la estrategia judicial del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

El conflicto catalán se ha integrado como cuestión de primera orden en el contexto de la Unión Europea, con los aparatos judiciales de Alemania, Suiza, Bélgica y Reino Unido, con procedimientos más garantistas que el español, bajo el foco. En el caso alemán, los letrados de Puigdemont confían en que la petición de extradición sea rechazada ante el riesgo de que el president cesado no sea objeto “de un juicio con todas las garantías” en el Estado, según apuntó ayer su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas. Otro letrado al servicio del president cesado es Paul Bekaert, conocido por haber resuelto satisfactoriamente casos de etarras ante la justicia de Bélgica. A su juicio, España está “abusando” de la euroorden “con fines políticos” y para “encarcelar a opositores políticos”.

El argumentario es similar en el caso de Ponsatí, que anunció que se entregará a las autoridades escocesas. Sin embargo, esa posición de colaboración con la Justicia británica no conllevará la renuncia a una lucha judicial, ya que recurrirá su extradición. “Esta es una persecución política, un intento sistemático para criminalizar el deseo de independencia”, censuró Aamer Anwar, rector de la Universidad de Glasgow sobre el que recaerá su defensa jurídica.

Comín y Serret, defendidos por Eduardo Boye, tampoco se quedarán de brazos cruzados. Por lo pronto, ayer ganaron un poco de tiempo extra. Aunque pendientes de que sean citados para prestar declaración, la Fiscalía belga les dejó ayer libres, al igual que a Puig, al no existir un riesgo manifiesto de fuga. Pero es que en opinión de su abogado, existe un factor que puede favorecer a los responsables políticos catalanes huidos. Tras la detención de Puigdemont en suelo alemán, la situación es “mucho más favorable”, ya que habrá cuatro jueces de cuatro “países democráticos” que podrán analizar la actuación de Llarena, que se llevará “una gran sorpresa”. Según sostuvo, se van a pronunciar “seguramente en un sentido que al juez Llarena no le va a gustar”. “A veces me planteo si Llarena es nuestro mejor aliado, porque las cosas no se podían hacer peor de lo que las está haciendo”, concluyó.

Además de un flanco judicial que rompe fronteras, el ámbito político también se ha internacionalizado. La Unión Europea sigue impasible ante el procés, al menos en sus pronunciamientos de cara al exterior. “Es un asunto español”, han señalado, como ayer se vio abocado a repetir otra vez más el portavoz de la Comisión Europea, Alexander Winterstein. “Tuvimos oportunidad de discutir esto otras veces. Saben cuál es nuestra posición y no me moveré de ahí”, zanjó. Tuvo que responder hasta en diez ocasiones en las que fue requerido, incluso ante una interpelación en la que se comparó la justicia española con la turca. - I. Fradua

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