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en el real monasterio de San Agustín

Álava y Burgos firmarán el 3 de abril los convenios por Trebiño

Los documentos cuentan con el plácet de todas las instituciones, incluida la Junta de Castilla y León

Pablo José Pérez - Martes, 27 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Una señal de tráfico muestra el camino hacia Condado de Trebiño.

Una señal de tráfico muestra el camino hacia Condado de Trebiño.

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Una señal de tráfico muestra el camino hacia Condado de Trebiño.Los plenos que sirvieron para relanzar la aspiración de Trebiño de integrarse en Álava se desarrollaron con total normalidad en La Puebla y Condado de Trebiño. A ambas citas, que se desarrollaron con solo una hora de diferencia, acudieron representantes dEntrada a la localidad de Trebiño, uno de los dos municipios del enclave burgalés en Álava.

vitoria- El real monasterio de San Agustín, en Burgos, será el escenario para la firma de los convenios de colaboración entre la Diputación Foral de Álava y la Diputación Provincial de Burgos para la prestación de servicios en el enclave de Trebiño. Todo se materializará en un acto protocolario el próximo martes, 3 de abril, según ha confirmado Borja Suárez, portavoz de la institución burgalesa.

Previamente a ese acto se deberán cerrar los flecos administrativos pendientes. Por un lado, esta mañana, el Consejo de Gobierno de la Diputación de Álava aprobará definitivamente los siete documentos, los convenios ya revisados por todas las instituciones implicadas (ambas diputaciones y gobiernos autonómicos de Euskadi y Castilla y León). A continuación, el 2 de abril, hará otro tanto la Diputación de Burgos. Y, finalmente, al día siguiente y en el monasterio mencionado se realizará la firma definitiva para la puesta en marcha de los servicios para los habitantes del enclaves con carácter inmediato. En este acto no estará la alcaldesa de Condado de Trebiño, aunque sí el de La Puebla de Arganzón, según han confirmado ambos, aunque ambos han participado y han estado al tanto de todo el proceso negociador.

La fecha de la firma y el proceso restante ha sido confirmado a este diario por el citado Suárez y por la teniente de diputado general alavesa, Pilar García de Salazar, que son las dos personas que han llevado a cabo las negociaciones para la consecución del acuerdo en torno a los convenios. Estos serán suscritos por el presidente de la Diputación Provincial de Burgos, César Rico, y por el vicepresidente de esa institución, José María Martínez González. Por parte de la Diputación alavesa, la firma corresponderá al diputado general, Ramiro González, y a la teniente de diputado general, Pilar García de Salazar.

Suárez destaca la importancia de esta firma “porque es el primer acuerdo formal que realizan las dos diputaciones desde que en el año 1995 se llevara a cabo la Ponencia de Enclaves del Senado”. Para su logro “se ha dedicado tiempo y trabajo, para que el consenso fuera real. De ahí la demora en el tiempo para que se pudiera estudiar el marco competencial de cada materia por parte de todas las instituciones y para recoger algunas sugerencias que ha realizado la Junta de Castilla y León, que finalmente ha dado su aprobación al acuerdo” como establece su Estatuto de Autonomía.

Por su parte, García de Salazar resalta la importancia de estos convenios “porque vienen a cubrir unas demandas de los ciudadanos que las instituciones tenemos que cubrir”. La teniente de diputado general señala, sobre el proceso negociador, que el acuerdo ha sido posible “porque al otro lado de la mesa había interlocutores propicios al acuerdo. A veces las personas son las que facilitan el consenso y en este caso así ha sucedido: la interlocución ha sido muy seria y muy trabajada, ha habido coincidencia y se ha podido dar la alianza entre las instituciones”. Con la firma definitiva de los convenios lo que se gana “es seguridad jurídica a las actuaciones”, explicaba García de Salazar, “el que una persona de cualquier núcleo del enclave pueda acudir a una consulta o a realizar una gestión en Álava y tenga el soporte jurídico para que pueda ser atendida aunque no viva en el territorio histórico”.

Historia de un acuerdo El acuerdo entre las dos instituciones se comenzó a gestar en octubre del año 2016, cuando Pilar García de Salazar propuso a los dos ayuntamientos del enclave la posibilidad de solicitar un periodo de negociaciones con la Diputación de Burgos “para identificar las materias en las que resultaba prioritario articular procedimientos de colaboración para la prestación de servicios a la población”.

En concreto, en el convenio se mencionan expresamente la promoción de actividades culturales, educativas y de aprendizaje y la normalización del euskera;la integración y la atención social y la tutela de personas mayores, la atención a la discapacidad y a la dependencia;y los protocolos y coordinación en la lucha contra la violencia de género. También se citan las políticas públicas en materia de igualdad, juventud, protección civil y atención de emergencias, en particular, en materia de prevención y extinción de incendios y salvamento. No faltan las referencias a las infraestructuras de comunicación y transportes colectivos interurbanos o los proyectos de conservación, mantenimiento y restauración de elementos menores de equipamiento e infraestructuras promovidos por los ayuntamientos del enclave, entre otros.

A pesar de las reticencias a seguir funcionando vía convenios por parte del Ayuntamiento de Condado de Trebiño, ya que La Puebla de Arganzón sí estaba de acuerdo, finalmente se aceptó la propuesta y el equipo de García de Salazar comenzó una discreta negociación con Suárez, que se convirtió en un principio de acuerdo el 30 de enero de 2017.

Ese punto de partida para la negociación recogía la posible colaboración interinstitucional en trece materias tan diversas como los servicios sociales, bomberos, euskera, infraestructuras, vialidad invernal o transportes, ámbitos que pueden ser extensibles a ciudadanos que residen en zonas limítrofes. Desde entonces se abrió un periodo de trabajo para que los respectivos departamentos de ambas instituciones trabajaran una regulación específica para cada una de las materias.

Tras la consecución del principio de acuerdo y mientras la Junta de Castilla y León era informada por la Diputación de Burgos, en la de Álava se perfilaron las comisiones de trabajo y se diseñó un convenio-modelo con cada servicio, sus condiciones, el ámbito de aplicación y la financiación. Tras ello, y como se había realizado inmediatamente después de lograrse el principio de acuerdo, se informó de los procedimientos a los dos alcaldes y se les solicitó su colaboración para enriquecer los textos con sus aportaciones. El 23 de octubre de 2017 se volvió a celebrar un encuentro entre las diputaciones y en esta ocasión García de Salazar entregó a Suárez las propuestas de convenios que desarrollaban las 13 materias negociadas en siete documentos (cultura y deporte, igualdad, patrimonio, servicios sociales, prevención de incendios y emergencias y juventud) y se nombraron los interlocutores técnicos por parte de ambas instituciones.

El 11 de diciembre se celebró una nueva reunión, en la que se repasaron los avances y el día 26, en Burgos, hubo una maratoniana jornada de trabajo en la que se terminaron de dar los vistos buenos a todos los documentos, ya convertidos en los siete convenios y se enviaron a la Junta de Castilla y León -los llevó en mano el propio Borja Suárez-, para su estudio y ratificación.

Pocos días después, el 19 de enero, se amplió el consenso con la propia Junta de Castilla y León, ya que ese día se encontraron en Valladolid la viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales de Castilla y León, María de Diego, acompañada por el director de Ordenación del Territorio y Administración Local, Luis Miguel González Gago, y la teniente de diputado general y diputada foral de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial, Pilar García de Salazar, a Inés Vadillo, jefa de servicio de Desarrollo Normativo y miembro de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo marco. Un encuentro que tuvo como objetivo avanzar en las actuaciones precisas para la firma de convenios o acuerdos de colaboración entre ambas administraciones para mejorar la prestación de servicios a sus ciudadanos.

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