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Envejecimiento activo en el empleo y protección social ante la vejez

Por F. Javier Arrieta Idiakez - Sábado, 24 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:04h

Se trataría de desplazar el acento natural de un compás (en este caso la protección social ante la vejez) produciendo una nota en un tiempo débil de ese mismo compás (el denominado envejecimiento activo en el empleo) y prolongándola hasta un tiempo fuerte (la jubilación). Y ello porque corremos el riesgo de hacer un mal uso de la jubilación al posibilitar que quien realmente sea una persona envejecida pueda continuar maltrabajando y malviviendo. Pues no debiéramos olvidar que la vejez significa edad senil, senectud, y se refiere al período de la vida que sigue a la madurez, en la que se advierte una decadencia física, psíquica y/o sensorial. Y, en ese sentido, conviene también apuntar que se consideran trabajadores maduros o de edad avanzada a los mayores de 45 años.

Esta advertencia no parece baladí, teniendo en cuenta la preocupación de la OCDE respecto a la sostenibilidad del sistema público español de pensiones y su principal receta para remediar todos los males: la compatibilidad entre cobrar íntegramente la pensión por jubilación y trabajar. En efecto, la OCDE entiende que España tendrá para 2050 una de las tasas de dependencia más altas del mundo. Además, recuerda que las reformas llevadas a cabo en pos de la racionalización de los gastos de la Seguridad Social han supuesto un debilitamiento de su rama contributiva, al haberse endurecido los requisitos para acceder a las prestaciones otorgadas por la misma. Así, esta situación irá reduciendo la tasa de sustitución (el porcentaje que supone la pensión de jubilación sobre el último salario percibido en la etapa laboral), lo que supondrá una considerable merma de la suficiencia de las prestaciones. Ciertamente, en un sistema como el español, con tradición de mantener una tasa de sustitución elevada, dependiente, principalmente, de la rama contributiva de Seguridad Social, la situación es más grave. Actualmente, la tasa bruta de sustitución en España oscila en el 82%, una de las más elevadas de la OCDE y 20 puntos superior a la media europea. Pero como ha señalado la Comisión Europea, de no cambiar la situación, dicha tasa podría caer para 2060 hasta el 48%. De ahí que la OCDE entienda que incrementar la tasa de empleo entre los más mayores continúa siendo un reto clave para España.

Parafraseando a la cantante Mala Rodríguez, que en su canción Quién manda nos habla de partituras rotas, queda claro quién manda. No en vano, la ministra de Empleo y Seguridad Social, en sintonía con la música de fondo, no ha tardado en posicionarse a favor de que los trabajadores en activo tras la jubilación puedan cobrar el salario y toda la pensión.

Cobra entonces importancia el concepto de envejecimiento activo. La Organización Mundial de la Salud se ha referido al alcance del adjetivo “activo” para con el envejecimiento, al señalar que significa una participación continua en cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, no solo a la capacidad de estar físicamente activo o de participar en el mercado laboral, y que las personas mayores que se jubilan y las que se jubilan por discapacidad o enfermedad pueden seguir desempeñando un papel activo en su entorno. Pues bien, puede entenderse que la vejez marca un punto de inflexión entre el envejecimiento activo en el empleo y el envejecimiento activo postempleo tras acceder a la jubilación.

Centrando la atención en el envejecimiento activo en el empleo, las políticas de empleo debieran considerar especialmente a los trabajadores de edad avanzada, velando por que permanezcan en el mercado de trabajo con condiciones laborales dignas y ajustadas a sus particularidades hasta llegar a la vejez y, por ende, acceder a la jubilación.

Forzar a trabajadores maduros, sanos y con voluntad de seguir trabajando a que abandonen sus puestos de trabajo, aparte de una ilegalidad, parece un error

Se trataría de recuperar la idea de que jubilación y vejez coincidan. Con otras palabras, la vejez actuaría como un riesgo susceptible de ser materializado y la jubilación como contingencia a proteger, una vez materializado el riesgo de vejez, con el objetivo de evitar que quien la padezca quede en situación o estado de necesidad. Al fin y a la postre, se trataría de evitar tanto que la jubilación proteja a personas que realmente no están en la vejez como que estos últimos continúen en activo. En principio, como la vejez es una situación que no se manifiesta por igual en todas las personas, no sería posible establecer una edad concreta para que en virtud de la misma operara el acceso automático a la jubilación. Con todo, atendiendo a las expectativas de vida y a la calidad de la misma, podría estimarse, con carácter general, una edad a partir de la cual cabría considerar que comienza a manifestarse la vejez. Y partiendo de esa edad general, tampoco cabría desconocer que podrían reconocerse excepciones motivadas en la penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad de algunos sectores profesionales que justifiquen considerar que la vejez comienza a manifestarse en una edad más temprana. En suma, se trataría de las edades legales de jubilación. Unas edades que se establecen por mor de la seguridad jurídica y pueden posibilitar, a partir del cumplimiento de las mismas, un control real de la vejez, con el fin de proteger a quien realmente la padezca. En los estadios anteriores a la vejez operarían la incapacidad contributiva y la invalidez no contributiva, así como el resto de técnicas de protección que coexisten con la Seguridad Social.

Ahora bien, ¿qué protección social cabría ofrecer a los jubilados por vejez? Ahí radica otra de las cuestiones en ,las que debiera hacerse hincapié. Como considerara el Parlamento Europeo, el éxito de las políticas de envejecimiento activo está fuertemente vinculado a la eficacia de una serie de políticas de no discriminación, protección social, inclusión social y salud pública desarrolladas a lo largo del ciclo de vida de los trabajadores. Con otras palabras, es necesario que los trabajadores de edad avanzada en su tránsito hacia la jubilación por vejez mantengan unas condiciones laborales dignas y, ante situaciones de desempleo, unos estadios de protección adecuados, que aseguren pensiones suficientes.

Por desgracia, esta necesidad choca de lleno con el análisis realizado en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020: el 49,4% de los desempleados registrados son mayores de 45 años. Y cerca del 60% de ellos son de larga duración y el 25% de baja cualificación. Por si ello no fuera bastante, el Comité Europeo de Derechos Sociales, en sus Conclusiones de 2017, ha señalado que España no cumple con el artículo 12.1 de la Carta Social Europea en materia de prestaciones por desempleo a parados sin cargas familiares.

La situación se irá agravando dado el envejecimiento progresivo de nuestra sociedad. Pero, como subraya el Parlamento Europeo, el cambio demográfico no puede utilizarse como pretexto para la supresión de los derechos y prestaciones sociales. En todo caso, es obvio que no cabe envejecimiento activo mientras que no se ponga fin a esta situación.

De cara a revertir tal situación, la batería de medidas a adoptar es amplia. Sin duda, posibilitar que se trabaje voluntariamente hasta que se manifieste la vejez es la mejor de las medidas. Así, forzar a los trabajadores maduros sanos y con voluntad para continuar trabajando a que abandonen sus puestos de trabajo, aparte de una ilegalidad, parece un error, pues el rejuvenecimiento unilateral y, con frecuencia, en precario, no favorece la innovación, sino que representa un derroche de experiencia y conocimientos. También es fundamental el aprendizaje permanente, la recualificación de competencias y una mejor formación, especialmente en el ámbito digital. En cualquier caso, la eliminación de la discriminación por edad, tanto en el acceso al empleo como en la salida del mismo se erige en un principio orientador. Respecto a la conservación de los puestos de trabajo resulta clave una adecuada política de prevención de riesgos laborales centrada principalmente en la adaptación del trabajo a la persona. En la misma línea, se requieren nuevas formas de organizar el trabajo, con un mayor margen para flexibilizar las condiciones laborales.

Y para las situaciones de tránsito del desempleo al empleo o a la jubilación debiera contarse con modelos adecuadamente articulados y coordinados de protección social, que eviten la pobreza y la exclusión social.

La tarea no parece fácil pero tampoco lo es componer una buena obra de jazz, donde se utilizan mucho las síncopas, y todos conocemos alguna. Es cuestión de inspiración, dominio de la situación y muchas horas de trabajo en discreción.

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