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La Policía debe dar por escrito a los detenidos las causas del arresto

La sentencia del Tribunal Constitucional revoluciona el modo de proceder de los cuerpos de seguridad

Sábado, 10 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:04h

madrid- Las fuerzas de seguridad deben proporcionar a los detenidos, por escrito y antes de proceder a interrogarlos, información suficiente sobre los elementos probatorios esenciales que, según los agentes, les vinculan a los hechos supuestamente delictivos que les atribuyen.

Una novedosa sentencia que aprobó ayer el Tribunal Constitucional y que obliga a la Policía a introducir cambios relevantes en en los datos que han de facilitar a las personas a las que priva de libertad, las cuales tienen derecho a conocer qué fuentes de prueba principales existen contra ellas: testimonios incriminatorios, informes periciales de huellas o ADN, grabaciones, documentos, fotografías, etc.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional amparó ayer el recurso de W.S., al que se le asignó un letrado de oficio tras considerar que se omitieron datos que relacionaban al sospechoso con la comisión de un delito y que podían haber sido útiles para su abogado con el objetivo de “cuestionar fundadamente” el arresto.

Se trata de la primera sentencia que el tribunal de garantías dicta en este sentido después de que la se reformase la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) en 2015 e incorporase las directivas europeas dirigidas a garantizar los derechos de las personas detenidas.

datos ocultosLa sentencia relata que los hechos se produjeron en Madrid la madrugada del 15 de mayo de 2016 cuando W.S. fue detenido, junto a otros jóvenes, por su presunta participación en una reyerta con varios heridos. En ese momento, el recurrente fue informado de sus derechos y se le indicó que el arresto se debía a su presunta participación en un delito de lesiones y a su presencia en el lugar de los hechos.

Por su parte, el abogado que le fue asignado solicitó poder examinar los “elementos que justifican la legalidad” de la detención después de que la Policía le negara el atestado. Sin embargo, el Juzgado de guardia rechazó iniciar el procedimiento. Además, el arrestado no fue informado, entre otras cosas, de que varios testigos avisaron a la Policía de que se estaba produciendo una reyerta.

La resolución del Tribunal Constitucional recuerda que el artículo 17.3 de la Constitución establece que toda persona detenida tiene derecho a “ser informada de forma inmediata y clara de los derechos que le asisten y de las razones de su detención”. - E.P.

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