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investidura en catalunya

JxCat y ERC ofrecen a la CUP guiños sociales y otra consulta

El pacto incluye instituciones en el exilio, un proceso constituyente y reivindica a Puigdemont

Igor Santamaría - Viernes, 9 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:04h

Eduard Pujol y Elsa Artadi, de Junts per Catalunya, durante una sesión en el Parlament.

Eduard Pujol y Elsa Artadi, de Junts per Catalunya, durante una sesión en el Parlament. (efe)

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Eduard Pujol y Elsa Artadi, de Junts per Catalunya, durante una sesión en el Parlament.

BARCELONA- 77 días después, JxCat y ERC cerraron un acuerdo de investidura que trasladaron a la CUP para que lo valore en un intento de salvar la candidatura de Jordi Sànchez a la presidencia de la Generalitat. Un documento de 46 páginas donde, sin referencias a la declaración independentista del 27 de octubre y con el referéndum del 1-O como punto de partida, proponen a los anticapitalistas una nueva hoja de ruta que reafirma el compromiso con las políticas sociales, el proceso constituyente y una multiconsulta promovida por la sociedad civil en la línea del 9-N.

“El 1 de octubre todo el mundo pudo ver cómo se atacaban los derechos más básicos de toda persona humana, su integridad física, su seguridad, su libertad de expresión, su derecho inalienable a decidir”, arranca el escrito, en el que la internacionalización de este sentimiento es uno de los puntos principales del consenso, y aquí es donde gana importancia el Consejo de la República, que presidiría Carles Puigdemont desde Bélgica. Él sería el primer president de este órgano de nueva creación que ejercería como un Ejecutivo en el exilio que rendirá cuentas ante la Asamblea de Representantes por la República, que englobará a todos los miembros electos catalanes partidarios de la república y otras figuras de la sociedad civil. La internacionalización del procés y el impulso del proceso constituyente dependerían de estas nuevas estructuras para esquivar el acoso judicial.

Esta propuesta lleva a que sea la calle quien impulse los debates ciudadanos y que el Consejo de la República desde Bruselas y la Asamblea de Representantes por la República desde Catalunya sean los valedores. Ahora bien, quien coordinaría los debates sería otra instancia, ya que se prevé la gestación de un Pacto Nacional Constituyente en suelo catalán que se encargaría de definir sobre qué asuntos tratar. El Parlament carece a priori de papel pero se plantea la opción de crear distintas comisiones de estudio “que puedan tener por objeto profundizar en los debates nacionales”.

Todo pensado y dirigido para atraer a la CUP al redil. Y para más inri, acabada la fase de debate habría una multiconsulta sobre las cuestiones debatidas por la ciudadanía. En el documento se evita hablar de multireferéndum y tampoco se comprometen a hacer vinculantes los resultados. En todo caso, esta consulta culminaría con la redacción y la aprobación de un texto con la propuesta de bases de una futura Constitución de la República Catalana, sin especificar si se debería tramitar el Parlament.

La república, plantean JxCat y ERC, se construirá “en el espacio libre del exilio”, mientras que en Catalunya, el Parlament y el Govern impulsarían políticas dentro del marco autonómico para “ampliar los apoyos políticos y sociales” en la causa republicana. Desde Bruselas, Puigdemont sería el primer presidente del Consejo de la República y el encargado de nombrar a los miembros -no se contabilizan cuántos deben ser-, personas “representativas de la sociedad catalana, atendiendo a los criterios de excelencia y reconocimiento profesional “. El nombramiento debería hacerse de acuerdo con la Asamblea de Representantes, que Puigdemont, que se limitaría a cuestiones no ejecutivas, convocaría, mínimo, dos veces al año.

El plan de gobierno se basa, en primer lugar, en “revertir los efectos del 155”, y con guiños concretos a la CUP como la no renovación de los conciertos públicos de las escuelas e institutos que segregan por cuestión de sexo, la recuperación de Aigües Ter-Llobregat para gestionarla de forma pública, garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la desmilitarización de Catalunya, reducir la presión fiscal a las rentas más bajas, o promover un salario mínimo de al menos el 60% del salario medio, entre otras. Iniciativas divididas en cinco grandes áreas con acento social: sobre la cohesión y el progreso social, economía y fiscalidad, derechos y libertades, Catalunya en el mundo y governanza compartida.

sociales y económicas

De la banca pública a la Hacienda propia. Entre las medidas sociales destacan el despliegue de la agencia catalana de protección social, reorganizar la Direcció General de Atenció a la Infància, crear un programa contra la pobreza energética, abordar el problema de las personas sin hogar o impulsar un plan para la mejora de las listas de espera. El pacto incluye ampliar el parque público de viviendas y establecer un precio de referencia de alquiler que debe ser del 30% del salario medio. En educación se indican actuaciones para defender el plurilingüismo, fomentar el estudio y aprendizaje del aranés, o fortalecer el modelo de escuela catalana. En paralelo, se estudia crear una banca pública a partir de la reforma del Institut Català de Finances, que ya fue una estructura de Estado clave, como la Agència Tributària de Catalunya. En otro orden se alude a la desmilitarización en el plazo de seis meses tras configurarse el Govern. Además, se mantendría el Diplocat.

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