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investidura en catalunya

Los letrados del Parlament no avalan la investidura de Puigdemont

El Constitucional analiza desde hoy una propuesta del PSC para que se ponga fecha a la sesión en la Cámara

Martes, 6 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Carles Puigdemont se hace a un lado

(AFP)

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Carles Puigdemont se hace a un lado

BARCELONA- El informe de los servicios jurídicos del Parlament, nuevamente sin unanimidad, avala la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat, aunque se deja claro que no podría admitirse a trámite si la “finalidad instrumental” fuera investir a Carles Puigdemont y se descarta un procedimiento de urgencia. El informe, al que ha tenido acceso Efe, está firmado únicamente por el secretario general del Parlament, Xavier Muro, debido a que las diferencias internas en el seno de los servicios jurídicos de la Cámara han llevado a que el letrado mayor, Antoni Bayona, haya acabado desmarcándose, según fuentes parlamentarias.

Según el informe, la proposición de ley de modificación de la ley de Presidencia impulsada por JxCat “no permite por sí misma apreciar ninguna causa de inadmisión” vinculadas a las medidas del artículo 155 de la Constitución respecto al Parlament, si bien “presenta algunos elementos fácticos asociados que permiten establecer presunciones sobre su finalidad instrumental”.

Así, los servicios jurídicos apuntan a que si la finalidad es investir a Puigdemont, se podría “contravenir” el deber de cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, en el sentido de que la investidura “no se pueda hacer por medios telemáticos o por persona interpuesta”, o que “en caso de comparecer personalmente, tuviera que obtener autorización judicial”. “Por eso, aunque la proposición se formule con carácter abstracto y general, podría llegarse a interferir, tanto por su contenido material como por el contexto en que se formula y el procedimiento abreviado solicitado para su tramitación, que se trata de una iniciativa instrumental para no dar cumplimiento a dichas medidas cautelares”, agrega el informe.

Aun así, en el texto se matiza que la adopción de dichas medidas por parte del TC se debieron a una “situación de urgencia y excepcionalidad como era la situación procesal” de Puigdemont, una circunstancia que “a día de hoy ha desaparecido, dado que el candidato ha comunicado la renuncia a su postulación”. Y, por otro lado, se avisa de que supone “un condicionante a tener en cuenta” el hecho de que no haya gobierno y, por lo tanto, no se hayan podido constituir las comisiones legislativas.

Debate en el constitucionalEn este contexto, el Constitucional debatirá a partir de hoy la cuestión presentada por el PSC que solicita la fijación de un plazo para la celebración de Pleno de Investidura en el Parlament. En su recurso, el PSC pide al tribunal de garantías que en el momento de admitir a trámite su recurso fije unas medidas cautelares que podrían suponer el desbloqueo de la actual situación política. Solicita concretamente que el Constitucional fije un plazo para celebrar el Pleno de investidura o una fecha límite a partir de la cual deba considerarse que ha tenido lugar un “hecho equivalente” a una primera votación, lo que permitiría dejar correr los plazos legales para convocar unas nuevas elecciones.

El presidente del Parlament, Roger Torrent aplazó el pleno de investidura de Puigdemont, que había anunciado inicialmente para el pasado 30 de enero después de que el TC dictara que no podría celebrarse a no ser que el candidato estuviera en el pleno y con autorización judicial. El presidente de la Cámara pidió entonces un informe a los letrados del Parlamento catalán para que dijeran si la cuenta atrás de dos meses para investir a un presidente había empezado a correr, si bien los juristas dictaminaron por unanimidad que los plazos no habían empezado y que el calendario se había congelado. Indicaron a Torrent que la situación no podía eternizarse y que tenía en sus manos activar la cuenta atrás. - Efe/Europa Press

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