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Moderno, legal, democrático y europeo

Por Izaskun Bilbao - Martes, 27 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:03h

El documento presentado por el PNV en el Parlamento Vasco para actualizar el autogobierno vasco plantea un procedimiento innovador y realista para cumplir este objetivo, pero además moderniza conceptos politológicos aplicados cada día en la construcción europea. La propuesta ni propone, ni aspira, ni se basa en clonar la estructura de un Estado tradicional. Tampoco pretende desintegrar ninguno de los que existen. Por el contrario, articula el método para acordar una forma de convivir compartiendo soberanía, poder y responsabilidad con fórmulas en uso en el ámbito comunitario. Y ese procedimiento no es otro que poner en marcha un pacto continuo sobre la base del reconocimiento mutuo, el respeto y la vocación de seguir juntos. Pero con la lealtad responsable que se deben dos sujetos que se comprometen para convivir.

El planteamiento revela una evolución política evidente en la esfera del nacionalismo vasco. Todo él se vertebra sobre la base de la interdependencia, de la suma voluntaria, leal y convencida. Consciente tanto de la pluralidad del demos vasco como de la existencia de un demos español. Y centrado en la voluntad de sustituir enfrentamiento, unilateralidad o tacticismo por el pragmático deseo de resolver, con una fórmula del siglo XXI, una controversia atascada en conceptos del siglo XIX. No estaría de más, por lo tanto, que ese desarme doctrinal fuese correspondido por un desarme simétrico de los límites en los que se obcecan los más radicales partidarios del nacionalismo español. Un inmovilismo que confunde Estado con Nación, unidad con unión, igualdad con imposición, ciudadanía con identidad nacional o libertades básicas como la de expresión con rebeliones tumultuarias y que se ampara, sin disimulo, en flojísimas coartadas que no proponen nada.

La Constitución Española no anticipó lo que hoy es la Unión Europea y cómo compartir soberanía hacia arriba. Sin embargo, se ha hecho, lo que demuestra que, si se quiere, se puede. E ilustra sobre lo absurdo que resulta hoy petrificar la ley. Paradójicamente, la previsión de cómo hacerlo hacia abajo sí se hizo, porque esa era entonces, y sigue siendo hoy, una de las asignaturas pendientes para asentar convivencia. Eso significan las disposiciones referidas a los Derechos Históricos que otorgan carta de naturaleza, en el caso vasco, a una soberanía preexistente a la propia Constitución que se reconoce y ampara. Y que hace necesaria, razonable y legal una solución asimétrica para un punto de partida singular.

En el ámbito de la gestión material, el procedimiento está inventado. Se llama subsidiariedad y se sabe perfectamente lo que es, tanto que forma parte de nuestro ordenamiento.

Si españolas y españoles comparten soberanía con la ciudadanía de Suecia y evolucionan así el modelo tradicional de Estado, resulta incomprensible e incongruente que se niegue la posibilidad de hacer el mismo esfuerzo con vascas y vascos. Máxime cuando hay disposiciones legales que lo propician, realidades políticas que lo aconsejan y caminos ralentizados por intentos de golpes de Estado y su secuela en forma de des-cafe-inado para todos. La imposición, el enfrentamiento, ni integra, ni genera soluciones duraderas. Fabrica frustración, fortalece extremos, amenaza principios democráticos básicos y es incongruente con un proceso posibilista y pragmático de construcción europea. Porque es imposible sumar diversidad hacia arriba si ni se sabe, ni se quiere por puro cálculo partidista, integrar hacia abajo la que a uno mismo le caracteriza y compone.

Conviene, pues, consolidar a nivel jurídico, político y fáctico esta previsión constitucional. Y eso obliga a repensar y aportar a un mundo global, abierto, diverso, pluricultural, nuevos modelos de comunidad política. Hoy somos europeos. Nos afiliamos sin problema a ese demos compartido, moderno y democrático que acabó con la amenaza de la guerra y generó un espacio de libertad, igualdad, obligaciones y derechos que no por casualidad se llama Unión Europea. Es un ejercicio convencido de libre determinación frente a la imposición inmutable, indiscutible y ajena a la voluntad de las personas y al devenir de los tiempos que supone una unidad que, al parecer, aspira en España a seguir siendo de Destino en lo Universal. Transformar esa unidad obligatoria en unión voluntaria es uno de los objetivos y de las ventajas de esta propuesta.

En el ámbito de la gestión material, el procedimiento está inventado. Se llama subsidiariedad, se sabe perfectamente lo que es, tanto que forma parte de nuestro ordenamiento. Funciona de manera dinámica. Parte del reconocimiento de las capacidades, atribuciones, competencias y medios de que disponen los agentes que comparten soberanía y se basa en acercar las decisiones y la gestión a la ciudadanía. Hoy, por ejemplo, la mayor parte de los programas europeos centrados en promover la economía real se basan en la especialización inteligente, un concepto basado más en competencias, afinidades y sinergias que en banderas. Las áreas de desarrollo que dibuja esta dinámica nunca coinciden con las antiguas fronteras de los Estados miembros. Nada casualmente, los agentes activos sobre el terreno son las llamadas “regiones”, cortocircuitadas a veces por ese no se puedeque, al margen de lógica, leyes, igualdad, libertad, iniciativa, aptitudes, derechos y obligaciones, blanden más que agitan, bandera en ristre, los partidarios de la “unidad”.

La base de ese tipo de colaboración, la bilateralidad, funciona en nuestra realidad en el crítico terreno de los euros contantes y sonantes. Extender las virtudes de Concierto y Convenio a las relaciones políticas es el lógico corolario de su éxito. Gracias al esfuerzo de todas y todos catalizado por las capacidades de esta expresión de federalismo fiscal, hemos pasado de ser una ruina industrial en la década de los 80 del siglo pasado, momento en el que nadie hablaba de privilegios fiscales, a liderar el grupo de regiones europeas pioneras en industria 4.0. Hemos creado además un modelo de protección social que es nuestra principal seña de identidad. La Comisión Europea reconoce expresamente el éxito de la política industrial y de innovación vasca propiciada por el compromiso endógeno y catalizada por los recursos generados por ese esfuerzo, y reinvertidos en un modelo productivo propio y en políticas de cohesión gracias a la capacidad que otorga este ejercicio de responsabilidad fiscal y financiera. Por eso los informes europeos sobre fiscalidad aprobados en el Parlamento Europeo reconocen y alaban Concierto y Convenio.

En consecuencia, quienes se han lanzado a descalificar esta propuesta deberían explicar por qué no cabe interpretar las previsiones constitucionales sobre el reconocimiento de las nacionalidades con la misma amplitud de miras, apertura, creatividad y generosidad con que se interpreta el silencio constitucional a la hora de articular el proceso de construcción europea. Esta propuesta solo es incompatible con el pensamiento antiguo, con la mentalidad de quienes, anclados en el siglo XIX, creen que las doctrinas sobre identidad y soberanía de aquel tiempo siguen vigentes en un mundo que las desbordó hace décadas. Y desnuda a quienes utilizan a las vascas y a los vascos, a los distintos, a un otros interior, a falta de un claro otros foráneo, para articular el nacional-populismo con el que la brocha gorda intelectual y política busca el rédito electoral de corto plazo en muchos Estados europeos. Algo mucho más cómodo y fácil que proponer soluciones en ese tiempo de incertidumbres.

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