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Editorial

La rebelión de los mayores

Las manifestaciones de jubilados en cuarenta localidades para exigir una actualización adecuada de sus pensiones reflejan la creciente indignación entre quienes han traído a la sociedad a su nivel de desarrollo

Viernes, 23 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:04h

Las manifestaciones de jubilados en decenas de ciudades del Estado para exigir pensiones dignas y actualizadas conforme al IPC anual y no al 0,25 % que estableció el Gobierno del PP en 2013, entre ellas una de respuesta multitudinaria en Gasteiz y otra que colapsó los alrededores del Congreso de los Diputados en Madrid, responden al sentimiento creciente de indignación entre quienes por su edad han traído a la sociedad a los actuales niveles de desarrollo y, sin embargo, se sienten abandonados por quienes ahora la dirigen. La sensación de estafa que se extiende sobre los pensionistas -8,7 millones en el Estado, con una pensión media de 926 euros, y 550.000 en Euskadi, con 1.151 euros- tras haber completado su vida laboral (la media es de casi 35 años), al comprobar que las prestaciones a las que han contribuido durante decenios a través de las cotizaciones no les revierten una situación económica suficiente, se agrava con el empleo por el Gobierno del PP del Fondo de la Seguridad Social, la denominada hucha de las pensiones, en contingencias ajenas a su verdadero cometido y la reducción de la misma a 8.095 de los 66.851 millones de euros que la conformaban hace solo seis años;y especialmente con las desafortunadas declaraciones de representantes del PP que han abogado por asegurar la suficiencia de las pensiones mediante el ahorro personal o la prolongación de la vida laboral, bien sea con jubilaciones tardías o conjugando jubilación y empleo parcial. Pero la sostenibilidad del sistema de pensiones no descansa en los gastos que genera -un 12% del PIB, 140.000 millones, según los últimos presupuestos- sino en los ingresos, muy influidos por el desempleo y la precariedad laboral, y en la gestión de estos, además de en las prioridades económicas y sociales del gobierno de turno, lo que fundamenta sobradamente la reclamación reiterada desde Euskadi de un sistema propio que responda a las necesidades de los jubilados vascos. Los pensionistas tienen, por tanto, motivos fundados para la rebelión que parecen iniciar ahora y que puede provocar no solo protestas sociales sino un auténtico seismo político: los mayores de 65 años suponen un 25% del electorado en el Estado y los mayores de 55 años son el 40%, con el agravante para el PP de que ha sumado hasta ahora el 36% de los votos de los jubilados.

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