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Nueva controversia en el sector eléctrico

Por Juan Ignacio Unda - Lunes, 19 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Nuevamente nos vemos envueltos en una polémica relacionada con el sector eléctrico las tarifas eléctricas. El sr. Álvaro Nadal, ministro de Energía, ha intentado, que no conseguido, proponer una reforma de la retribución de algunos parámetros del transporte y distribución eléctrica, bajo la excusa de reducir las tarifas, mediante una enmienda al proyecto de ley de medidas urgentes para la sequía a su paso por el Senado, ley que nada tiene ver con el sector energético y que no hace mas que seguir introduciendo inseguridad jurídica e inestabilidad regulatoria en el sector. Ello a pesar de haberse aprobado hace escaso tiempo por el Ministerio el nuevo modelo retributivo basado en periodos regulatorios de 6 años, excepto el primero, que se establece entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019 y por tanto la revisión de sus parámetros se debe realizar en 2019. Y a pesar de que la retribución de la distribución en términos de coste unitario real (€/MWh), deflactada la inflación y demanda real, ha disminuido un 13,5% en el periodo 1997-2017 y es comparativamente la de menores costes en €/MW, €/MWh, €/km línea y €/cliente entre los países de Unión Europea, según un estudio de la consultora KPMG. La propuesta de Nadal, además, puede afectar a nuestras empresas de fabricación de bienes de equipo eléctrico y no solo a la empresa eléctrica.

Nadie duda de la necesidad de introducir en el sector eléctrico reformas que tengan en consideración aspectos como el cambio climático y la descarbonización del sector, la modificación del mercado mayorista de electricidad, creando mercados de capacidad además del existente de energía, las redes inteligentes, la eficiencia energética, las energías renovables, la generación distribuida, el autoconsumo, las emisiones de gases efecto invernadero, la movilidad eléctrica, el almacenamiento de energía... y, por supuesto, el recurrente asunto de las tarifas eléctricas, Hay que abordar todos ellos y dar una salida regulatoria en un nuevo marco energético debatido y consensuado.

A tal efecto se creó una Comisión de Expertos, puesta en marcha por el propio gobierno, todo sea dicho, para que elaborara una propuesta sobre medidas necesarias para abordar reformas en el sector que se plasmarían en una propuesta de ley sobre transición energética y cambio climático. Dicha Comisión presentará sus conclusiones a finales del mes de febrero. Por ello se entiende poco esa actuación ministerial de intento de reforma, bajo el pretexto de modificar las tarifas eléctricas, que si bien es importante, se debe abordar de forma global para que el impacto en la reducción sea significativo.

Me voy a centrar en este último aspecto, la polémica recurrente sobre las tarifas eléctricas, tratando de arrojar algo de luz al respecto de si son elevadas, a qué se debe y en si pueden existir soluciones que ayuden a mejorar la situación. Respecto a si son o no elevadas, sin duda alguna lo son, su comparativa (Eurostat) con los países de la Unión Europea así lo indica: mientras en 2008 se tenían precios inferiores a la media, en 2014 los precios de los consumidores, tanto domésticos como industriales, se situaban los cuartos mas caros de la UE (Eurelectric). Ahora bien, si analizamos las causas del porqué, nos encontraremos con algunas sorpresas.

Las tarifas retribuyen conceptos ajenos a la electricidad que en realidad son políticas de Estado medioambientales, sociales y territoriales cuya financiación no debe recaer en los consumidores

Para tratar de entender esas sorpresas podemos analizar los costes del suministro eléctrico que pagamos entre todos los consumidores en el reciente 2017, año aun con datos provisionales, resultando que los costes totales del sistema fueron de 39.331 millones de euros, desglosándose de la siguiente manera: el coste de generación fue de 12.992 millones (33%), el coste de los peajes de acceso, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica fue de 7.063 millones (18%), el coste de los cargos fue de 10.902 millones (27,7%) y las cargas impositivas fueron 8.371 millones (21,3%), lo que indica que los costes directamente relacionados con el suministro eléctrico son aproximadamente el 51% (costes de producción mas costes de peajes de acceso) frente a los costes no directamente relacionados que son el 49% (cargos mas sistema impositivo). Es decir, los costes no directamente relacionados con el suministro hacen cuasi duplicar las tarifas eléctricas, al recoger costes ajenos al propio suministro que retribuyen conceptos ajenos al mismo y que responden a políticas de Estado medioambientales, sociales y políticas territoriales que debieran ser financiados mediante otros mecanismos y no por las tarifas eléctricas. Ahí nace el problema.

¿Existen alternativas de solución que permitan minorar el precio de la factura eléctrica? Creo sinceramente que existen, pero las mismas debieran de cumplir una serie de requisitos mínimos para ser factible su aplicación, como que ayuden a resolver el problema de la financiación de las energías renovables, que reduzcan las distorsiones de la actual fiscalidad energética, que mejoren la competitividad de la industria, no creen conflictos con colectivos sensibles (industria, agricultura, pesca, transporte), no den lugar a pérdidas de ingresos fiscales, no incrementen la presión fiscal/parafiscal y estén en línea con llevado a cabo por los países del entorno, lo que limita el campo de soluciones.

Simplificadamente se podrían desarrollar tres alternativas diferentes, aunque fácilmente implementable solo una. Estas tres vías serían: una, la externalización de determinadas partidas de costes regulados actualmente incluidas en las tarifas eléctricas, como son los cargos regulados que retribuyen conceptos ajenos a la electricidad y al propio suministro y que en realidad son políticas de Estado medioambientales, sociales y territoriales cuya financiación no debería recaer, o al menos, no recaer de manera exclusiva, en los consumidores eléctricos, y que se han ido incluyendo en las tarifas como cajón de sastre;por ejemplo, entre otras, la compensación extrapeninsular (560 M€/año). Al ser políticas de Estado se debieran retribuir a través de los Presupuestos Generales del Estado. Esta alternativa, vistas las dificultades presupuestarias, es de difícil, por no decir imposible, aplicación en estos momentos.

Dos, la reducción de los impuestos de electricidad (5,11%) y cargas fiscales como el IVA (21%), que en otros países de nuestro entorno como Italia, Francia, Alemania etc., son inferiores. Esta solución también es de difícil aplicación si queremos no dar lugar a pérdida de ingresos fiscales que además en alguna medida van destinados a la financiación de las CCAA.

Tres, la reforma de la fiscalidad energética, solución adecuada para afrontar la problemática de las tarifas eléctricas y su minoración. Esta medida estaría relacionada con el ámbito de la política ambiental y “de quien contamina, paga”. Se podría implementar en su forma compleja estableciendo un sistema impositivo a las emisiones de CO2, SOx, NOX, partículas etc. pero entiendo que es de difícil desarrollo. También en una formulación sencilla por aplicación de la Directiva 2009/28/CE, que establece la necesidad de fomentar el uso de energía procedente de fuentes renovables y fija como entre sus objetivos generales conseguir una cuota del 20% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía en cada Estado miembro para el año 2020, que si bien implica a cuatro sectores energéticos -electricidad, gas y petróleo- resulta que el sector eléctrico es el principal contribuyente al objetivo renovable con algo más 5.315 M€/año, mientras que el sector de hidrocarburos líquidos apenas contribuye con unos 400 M€/año (Biocombustibles) y el sector de gas con unos 300 M€/año (Fiscalidad energética). Ahora bien, dado que la contribución por dichos otros sectores es limitada, cabría repartir el coste de las renovables con el resto de sectores energéticos, pues el cumplimiento de los objetivos responde a una política energética medioambiental de Estado, ligado al concepto de “quien contamina, paga” y, por tanto, la financiación no debiera recaer casi en exclusiva sobre los consumidores eléctricos.

Todo ello produciría un impacto positivo de bajada de coste de electricidad a la industria más que significativo, también a los consumidores domésticos, lo cual redundaría en una mejora de la competitividad industrial, de renta disponible, y a su vez de mejora del PIB y el empleo. Es la fórmula y no la del parcheo permanente.

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