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balance de la evolución del Plan de Convivencia

El Gobierno vasco quiere acordar con Madrid y París una nueva política penitenciaria

El primer reto es contribuir a materializar la "disolución unilateral, efectiva y definitiva de ETA"

EFE - Martes, 6 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 13:30h

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka durante la comparecencia tras la reunión de los consejeros del Gobierno Vasco

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka durante la comparecencia tras la reunión de los consejeros del Gobierno Vasco (EFE)

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El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka durante la comparecencia tras la reunión de los consejeros del Gobierno Vasco

El Gobierno vasco ha fijado entre sus retos para este año en materia de paz promover acuerdos con los ejecutivos español y francés y los grupos parlamentarios para favorecer una nueva orientación de la política penitenciaria en materia de acercamiento de presos.

GASTEIZ. El Consejo de Gobierno ha hecho hoy balance de la evolución del Plan de Convivencia y Derechos Humanos del Ejecutivo Vasco durante 2017 y ha fijado los retos para este año.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha precisado que el primer reto es contribuir a materializar la "disolución unilateral, efectiva y definitiva de ETA" y promover una "reflexión crítica" compartida sobre la "injusticia del daño causado" por las "violaciones de derechos humanos provocadas por el terrorismo y la violencia".

En política penitenciaria, además de darle una nueva orientación sobre acercamiento de presos, el Ejecutivo vasco quiere consensuar un decreto que permita desarrollar legalmente políticas activas de reinserción social.

El Gobierno vasco insiste también en la defensa de la "legalidad y constitucionalidad" de la conocida como ley de víctimas policiales (Ley 12/2016 de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999,) a pesar de que el Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de varios de sus artículos.

Así, se va a poner en marcha la Comisión de Valoración prevista en esa ley en todo aquello que no este suspendido mientras el TC se pronuncia sobre el recurso interpuesto por el Gobierno español.

El Ejecutivo español recurrió esa norma aprobada por el Parlamento Vasco al considerar, entre otras cuestiones, que la Comisión de Valoración, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas, no puede entrar a analizar casos de violencia policial, porque ésta es una labor que corresponde a los jueces.

Otro de los retos para 2018 es seguir buscando ámbitos de diálogo, cooperación y acuerdo con las víctimas del terrorismo a través del Consejo Vasco de Participación de Víctimas y de los acuerdos de colaboración con la AVT.

El Gobierno vasco quiere asimismo lograr el "más amplio consenso posible" en las políticas públicas de memoria y en el área educativa trasladar a la universidad el programa Adi-Adian, en el que víctimas de la violencia, entre ellas de ETA y de los GAL, dan su testimonio. Hasta ahora esta iniciativa se había llevado a cabo con alumnos de cuarto de la ESO y Bachillerato.

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