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De Lviv a Bergara, pasando por Núremberg

Por Txema Montero - Sábado, 27 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:04h

Alos seguidores del Athletic la ciudad de Lviv les recordará el último partido internacional que los bilbaínos jugaron el pasado diciembre contra el Zorya. Los interesados en la historia europea conocen que Lviv es el nombre de la ciudad que antes se llamó Lamberg y Lwów, según perteneciera al Imperio Austro-Húngaro, Polonia, la URSS o, actualmente, Ucrania. La inmensa mayoría de los juristas ignorábamos, me temo, que en la facultad de Derecho de esa ciudad se formaron Hersch Lauterpacht y Raphael Lemkin, dos de los más influyentes jurisconsultos del siglo XX. Ambos eran judíos y consiguieron exiliarse respectivamente a Inglaterra y EEUU eludiendo el destino de sus familias y vecinos, aniquilados por el nazismo. Sus ideas han tenido una resonancia global, pues fueron quienes crearon dos nuevos conceptos jurídicos: el delito de crímenes contra la humanidad y el delito de genocidio. Su legado llegaría a todas partes y en primer lugar a Núremberg pues en el tribunal allí constituido para juzgar a los nazis ambos conceptos fueron parcialmente puestos en práctica por vez primera. Lo cuenta el abogado y escritor inglés Philippe Sands en su Calle Este-Oeste (Anagrama Editorial, 2017), que recomiendo sin reservas pues es una combinación irresistible de historia, derecho y vivencias familiares maravillosamente bien escrita.

¿Cuál es la diferencia entre crímenes contra la humanidad y genocidio? Imaginen una matanza de cien mil personas que resultan pertenecer a un mismo grupo, por ejemplo los judíos o polacos de la ciudad de Lviv. Para Lauterpacht, el asesinato de individuos, si se enmarca en un plan sistemático, sería un crimen contra la humanidad. Para Lemkin, lo importante sería el genocidio, el asesinato de muchos con la intención de destruir al grupo del que forman parte. Para un juez o fiscal actual, la diferencia entre ambos conceptos es en gran medida una cuestión de establecer la intencionalidad. Para probar el genocidio habría que mostrar que el acto del asesinato venía motivado por una intención de destruir al grupo, mientras que en el caso de los crímenes contra la humanidad no haría falta mostrar tal intención. Pero probar la intención de destruir a un grupo es tarea difícil, dado que las personas implicadas en tales matanzas tienden a no dejar ningún rastro de documentación que pudiera resultar de utilidad. Lauterpacht opinaba que el ser humano individual es la unidad última de todo el derecho;con un enfoque distinto, Lemkin pretendía la protección de los grupos y a tal fin acuñó un término para definir un nuevo delito y lo llamó “genocidio”, una mezcla del término griego “genos” (tribu o raza) y “cidio” (del latín “cidere”, matar). Pese a sus orígenes comunes y el deseo compartido de un planteamiento eficaz, Lauterpacht y Lemkin discrepaban claramente en las soluciones que proponían a una importante cuestión: ¿Cómo podía ayudar el derecho a evitar las matanzas? Proteged al individuo, decía Lauterpacht;proteged al grupo, replicaba Lemkin.

Pero, ¿quién protege a quién? La respuesta a esta pregunta fue el eje del debate de los procesos de Núremberg cuando las potencias vencedoras enjuiciaron a los dirigentes nazis que se defendieron escudándose en la obediencia debida: obedientes al Führer y a las leyes del Reich. Tal argumento defensivo fue rotundamente rechazado por Hartley Shawcross, fiscal general británico, empleando una formulación que se repetiría con frecuencia ante el tribunal y también mucho después. “El Estado no es un ente abstracto”, proclamó;“sus derechos y deberes son los derechos y deberes de los hombres”;sus acciones, las de los políticos, “no deberían poder buscar inmunidad tras la personalidad intangible del Estado”. Así, los individuos que actuaban en nombre de tal Estado eran “directamente responsables” y había que imponerles los castigos pertinentes. Era un punto de partida para reivindicar los “derechos del hombre” y ofrecerle protección contra “la crueldad y la barbaridad de su propio Estado”. Tales actos eran ilegales por más que el derecho alemán vigente durante el nazismo los permitiera o no los persiguiera.

Por supuesto que el juez de Bergara conoce y analiza el Derecho Internacional, los precedentes de Núremberg y sus consecuencias como la del Convenio de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (Londres, 1948) y las resoluciones 95 y 96 de la ONU a las que hemos hecho referencia;pero insiste en que la aplicación retroactiva de una ley actual a hechos ocurridos hace 80 años es una vulneración del principio de legalidad penal en toda su dimensión. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó en 2006 una sentencia (caso Kolk y Kislyly contra Estonia) sobre la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad cometidos por acusados de deportación a la URSS durante la ocupación de Estonia, hechos ocurridos apenas meses después del fin de la guerra mundial. El juez de Bergara toma nota de la sentencia, pero no la admite como precedente dado que la URSS fue potencia vencedora que elaboró los principios de Núremberg y pertenecía a la ONU cuando se aprobaron las resoluciones 95 y 96, por lo que la actual Federación Rusa sucesora de la URSS estaba obligada a cumplir la misma ley que promovió. Olvida que el Estado español -franquista- ingresó en la ONU en 1955 ratificando las resoluciones 95 y 96 que, por lo tanto, reconocía.

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