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El juez Velasco envía a prisión sin fianza a Ignacio González y a Rodríguez Sobrino

López Madrid, consejero de OHL, podrá eludir la cárcel si abona una fianza de 100.00 euros antes de una semana

Txus Díez - Sábado, 22 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:14h

Ignacio González, a la salida del cuartel de Tres Cantos para dirigirse a la Audiencia Nacional.

Ignacio González, a la salida del cuartel de Tres Cantos para dirigirse a la Audiencia Nacional. (Foto: Efe)

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Ignacio González, a la salida del cuartel de Tres Cantos para dirigirse a la Audiencia Nacional.

madrid- Las dos horas largas de declaración de Ignacio González ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco no sirvieron para convencer al magistrado ni a la Fiscalía de su inocencia tras ser detenido en el marco de la operación Lezo por presunta corrupción en la gestión del Canal de Isabel II. Velasco atendió al criterio del fiscal y ordenó el ingreso en prisión sin fianza del expresidente de la Comunidad de Madrid.

Velasco también llevó a prisión sin fianza a Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte en Latinoamérica de Ignacio González. En cuanto al consejero de OHL Javier López Madrid, el juez le dejó en libertad bajo una fianza de 100.000 euros que deberá pagar antes del 28 de abril si no quiere entrar en la cárcel, una cantidad muy inferior al millón de euros que había solicitado la Fiscalía. La Guardia Civil detuvo la noche del jueves al consejero de OHL, que se encontraba en Londres, donde los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le comunicaron que estaba siendo investigado y que tenían una orden de detención contra él.

Idéntica fianza se exige a otro de los arrestados, el exconsejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás.

González, presunto cabecilla de la trama que investiga la Audiencia Nacional desde 2015, negó todos los hechos que le imputan y afirmó que siempre ha actuado en el plano de la legalidad, según fuentes de la acusación. El exmandatario regional será trasladado en las próximas horas a la cárcel de Soto del Real, informó Europa Press.

Por su parte, López Madrid (condenado a medio año de cárcel por el caso de las tarjetas black) declaró “efusivamente” durante poco más de una hora. Anticorrupción solicitaba para el yerno de Juan Miguel Villar Mir cárcel eludible bajo la citada fianza de un millón de euros por autorizar supuestamente el pago de una comisión por valor de 1,4 millones de euros al expresidente regional.

Velasco investiga, entre otras operaciones presuntamente fraudulentas, el desvío de fondos del Canal de Isabel II por importe de 23 millones de euros a través de sociedades y filiales en Latinoamérica. Imputa a los detenidos presuntos delitos de pertenencia en organización criminal -un cargo del que de momento no acusa la Fiscalía Anticorrupción-, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.

Velasco interrogó a Rodríguez Sobrino, quien fuera presidente de Inassa -filial del Canal en Latinoamérica- hasta que fue cesado por el Ejecutivo regional que preside Cristina Cifuentes tras aparecer su nombre en los papeles de Panamá. Fue el cuarto de los detenidos en la denominada operación Lezo contra la corrupción en el Canal de Isabel II en declarar ante el juez y el primero para el que dictó prisión provisional sin fianza.

El juez cree que fue el responsable de las propuestas para que el Canal invirtiera en 2013 un total 31 millones de dólares en la compra de la brasileña Emissao, empresa que fue “hipervalorada ficticiamente”, hasta el punto de que su patrimonio neto al cierre de aquel año era de 10,2 millones de dólares y en tan solo dos años había descendido a 5 millones de dólares, informa Efe.

En opinión del magistrado, el desfalco a las arcas públicas tan solo en la compra de esa empresa ascendería a unos 25 millones de dólares (23,3 millones de euros al cambio actual). También sabe que ocultó en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, de “origen desconocido”, que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal.

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