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Más allá de Baiona

Por Joxan Rekondo - Viernes, 21 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:14h

“ETA no dará nunca las armas al enemigo, ni las destruirá, las guardará”. Ésta era la conclusión de la vanguardia armada del MLNV en agosto de 2009. La cita pertenece al documento Proceso democrático, redactado en medio del debate llamado Bateragune. En su comunicado habitual del Gudari Eguna del mismo año 2009, la organización terrorista manifestó su disposición al “silencio de las armas”, a “interrumpir la lucha armada” y a “cesar su actividad armada”, siempre que el Gobierno español de Zapatero estuviera abierto a cumplir sus exigencias. En aquella época, en el lenguaje de la izquierda abertzale no existía el término desarme, la expresión elegida era la de “desmilitarización” que obligara a todas las partes del conflicto violento. El comunicado en el que ETA anunció el cese definitivo de sus actividades (20 octubre de 2011) siguió la misma línea. En aquel momento, ETA llamó a los gobiernos de España y Francia a un “diálogo directo” para superar “la confrontación armada”, en la línea citada de la desmilitarización bilateral. La realidad fue que los gobiernos de los estados no quisieron iniciar un diálogo bajo esos términos.

Al año del cese de sus atentados (noviembre de 2012), ETA planteó su propio desarme por primera vez. Y lo hizo en el marco de una nueva oferta de negociación a los gobiernos español y francés en la que incluyó el retorno a casa de presos y exiliados, la desmovilización de sus militantes y la desmilitarización de las fuerzas estatales. En marzo de 2013, la organización armada revolucionaria estaba todavía en la postura de exigir un desarme negociado. Además, rechazaba que la Comisión Internacional de Verificación pudiera comprobar su desarme, opinión que le parecía “malévola” porque tras ella veía un encubrimiento de la responsabilidad de los estados. En aquel comunicado, ETA aseguraba taxativamente que el desarme “queda fuera del mandato” que había asignado a los verificadores.

Sin embargo, la mayoría política y social en Euskadi sur que no quería legitimar a ETA se estaba haciendo cada vez más grande y le demandaba actuaciones incondicionales e inmediatas que le llevaran al cierre definitivo. Y los gobiernos al alimón (acaso, a instancias del español) se negaban a contemplar un escenario que no fuera su disolución incondicional. De ahí que las recomendaciones finales del primer Foro Social (marzo de 2013) hicieran decaer la viabilidad del desarme bilateral negociado que pretendía ETA. Aunque seguía esperando el inicio de conversaciones con los gobiernos de los estados, en julio de ese mismo año ETA sí se mostró dispuesta a trabajar en la línea planteada en el Foro Social.

Entre tanto, los verificadores plantearon a ETA un ultimátum. Si para septiembre de 2013 no realizaba un gesto relacionado con la entrega de los arsenales de armas, la Comisión Internacional de Verificación abandonaría su trabajo en Euskadi. A partir de ahí, la historia es más conocida. ETA siguió en contacto con el equipo de Manikkalingam y prepararon el primer acto de desarme de ETA en febrero de 2014. Este acto se presentó como un acontecimiento histórico y se celebró en medio de una parafernalia comunicativa impresionante. Pero provocó un ambiente de perplejidad general debido a la insignificancia material del gesto realizado y llevó a un desgaste de la imagen del propio grupo de verificadores. “Si los gobiernos no participan, ¿a quién se entregan las armas?”, se preguntó entonces Raymond Kendall, miembro del Grupo de Contacto cercano a la izquierda abertzale, de Brian Currin.

No era solo inyectar épica para neutralizar el efecto del golpe en su propia gente. Por ganar en el relato, han querido construir la posverdad del desarme

En julio de 2014, ETA anunció que había terminado el desmantelamiento de las estructuras logísticas y operativas de sus estructuras militares. En diciembre, sin embargo, Manikkalingam y los suyos solo pudieron acreditar que dicha organización seguía realizando el proceso de sellado y la puesta fuera de uso operativo de sus armas, munición y explosivos. Ante manifestaciones tan incongruentes, lo que de verdad parecía era que la verificación del desarme llevaría de nuevo a una decepción social general.

A finales del año 2014, a la vista de la falta de avance en el desarme de ETA, el Gobierno Vasco emplazó directamente a ETA con un plan que proponía crear un Comité para el Desarme tripartito, compuesto por el Foro Social, la Comisión Internacional de Verificación y el propio Gobierno vasco. Esta propuesta presentaba (al menos, dos) características de fondo que son importantes. La primera, que el desarme se convertía en un tema a dilucidar en el ámbito vasco, bajo el control de un comité que actuaría bajo el amparo institucional del Gobierno Vasco, despojando de trascendencia a una eventual negociación directa entre ETA y estados. La segunda, que la gestión de ese desarme no podía ignorar la legalidad vigente y debía buscar la colaboración de los estados. A los pocos días de ser presentada esta propuesta, la izquierda abertzale la rechazó de manera contundente. Acusó además al Gobierno de Urkullu de facilitar que “el PP y el Gobierno español actúen a sus anchas para boicotear la paz y el proceso de resolución” (Sortu). Pocas semanas antes de celebrarse las elecciones municipales del 2015, el lehendakari recibió la respuesta negativa de ETA, fundada en que “el Gobierno Vasco y la policía autonómica no son agentes neutrales”. Respuesta que fue confirmada hace casi dos meses (febrero de 2017) por David Pla, quien aseguró a Gara que la “propuesta del lehendakari nació muerta… porque quería representar que la culpa era de ETA”.

¿Por qué ha cedido ETA? La verdad es que si el desarme realizado el pasado 8 de abril ha sido acogido con la confianza social suficiente, y si ha logrado la permisividad de los estados, es porque responde al modelo propuesto por el lehendakari, tanto en sus aspectos formales como en sus contenidos. En lo formal, por la configuración trilateral de sus protagonistas principales, parte social, verificadores del CIV e instituciones públicas vascas de Iparralde y Hegoalde. En sus contenidos, por la centralidad que ha adquirido el ámbito vasco y porque se ha impuesto la entrega de armas en el marco de la legalidad, puestas a disposición de la justicia para que se utilicen en el esclarecimiento de los crímenes no resueltos.

¿Se han perdido casi seis años? Sin duda, ha sido necesaria la integración más o menos decidida de todos los agentes implicados. Para ello, ETA ha tenido que ser arrastrada a posiciones que no estaba dispuesta a ceder hasta ahora y que han llevado a que el desarme se haya desarrollado de acuerdo con los deseos ampliamente mayoritarios de la sociedad vasca. ¿Por qué ha cedido ETA? Porque carecía de margen estratégico para forzar una negociación sobre lo que llama “las consecuencias del conflicto”. Porque no tenía apoyo popular para impedir que las instituciones vascas que ha combatido (especialmente el Gobierno Vasco) encabecen el expediente de desarme. Y porque no podía impedir que ese desarme se materializase como entrega de armas al que considera su enemigo;proporcionándole así pistas para la investigación de causas en las que están implicados sus propios militantes. Seamos realistas, ETA solo ha cedido a golpe de presión institucional y popular. No hay más que ver la evolución de su discurso, desde el inicial “ni entrega ni destrucción de armas” hasta el final “entrega de armas a la justicia”. Podemos concluir que los cinco años y pico de toma y daca, de guerra de posiciones con negaciones y proposiciones, han estado bien empleados para vencer la resistencia de ETA y poder llegar a este escenario satisfactorio. Ésta es la realidad de las cosas.

El aporte de Sortu al modelo se ha limitado a la convocatoria de Baiona bajo el reclamo de que se trataba de un acontecimiento histórico que había que celebrar. No era solo la necesidad de inyectar épica para neutralizar el efecto del golpe en su propia gente. Por la ambición de ganar en el relato, han querido construir la posverdad del desarme. La celebración de Baiona quería representar un acto final masivo, dar por hecho que la batalla contra ETA estaba totalmente finiquitada y aflojar la presión social que les exige su disolución y una autocrítica intelectual.

Por eso, el lehendakari tenía toda la razón. Esto no es el comienzo, ni es todavía el final. ETA recurrió al crimen como medio de lucha, incluso contra el que llama su pueblo. Leer esta misma semana a dirigentes de la izquierda abertzale, hoy militantes de Sortu, que la violencia revolucionaria se justifica “con una base de apoyo popular” es la prueba más evidente de que aún falta lo más importante. Nos adeudan un desarme espiritual que no puede tardar si seguimos en esta línea. Michel Berhokoirigoin lo decía en Baiona: “Ezpirituen arma gabetzeariekin beharko diogu”. Sin duda, el gran acontecimiento está muy cerca, pero está todavía por llegar. Aunque lo tendremos que buscar más allá de Baiona.

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