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El coste de desmantelar una central obsoleta

Mientras Iberdrola y Endesa debaten sobre la posible reapertura de Garoña, el Gobierno de Rajoy consigna una partida en los presupuestos para la reconversión de la planta burgalesa en almacén de residuos radiactivos.

Un reportaje de David Ortega. Fotografía Alex Larretxi - Domingo, 9 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:18h

En octubre de 2015 el Ministerio de Medio Ambiente concedía la necesaria declaración de impacto ambiental favorable a la construcción del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de Garoña, adjudicado a la ingeniería Idom por un coste de 10,7 millones.

En octubre de 2015 el Ministerio de Medio Ambiente concedía la necesaria declaración de impacto ambiental favorable a la construcción del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de Garoña, adjudicado a la ingeniería Idom por un coste de 10,7 millones. (EFE)

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En octubre de 2015 el Ministerio de Medio Ambiente concedía la necesaria declaración de impacto ambiental favorable a la construcción del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de Garoña, adjudicado a la ingeniería Idom por un coste de 10,7 millones.

al mismo tiempo que Iberdrola y Endesa, propietarias de Garoña, tratan de resolver su división de opiniones sobre el futuro de la central, con la primera posicionada abiertamente en contra de la reapertura y la segunda agazapada a la espera de que se pronuncie el ejecutivo de Rajoy -aún tiene de plazo hasta otoño, como el propio presidente recordó en febrero-, la planta burgalesa mantiene abierto un segundo frente, de menor calado que su reactivación pero no por eso menos preocupante, en forma de almacén temporal de residuos nucleares. Un proyecto, ligado irremediablemente al futuro de Garoña se produzca o no la reapertura, para el que los Presupuestos Generales del Estado de 2017 han consignado una partida de 3,4 millones de euros que serán sufragados por Enresa, la empresa nacional de residuos radiactivos. Y es que, abra o no sus puertas de nuevo, los residuos de Garoña tendrán que ir a parar a algún sitio, especialmente ante el eterno retraso en la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC), para el que el Ministerio de Energía ni siquiera ha concedido aún la autorización administrativa para su emplazamiento, previsto inicialmente en Cuenca.

Cuestionado por DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA sobre la puesta en marcha del almacén temporal de Garoña, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se limitó a responder que, por el momento, el espacio “se autorizó con condiciones el 17 de diciembre de 2014” con “una propuesta de dictamen técnico” que recogía “nueve condiciones a la autorización de ejecución y montaje”, además de requerimientos relacionados con la vigilancia radiológica ambiental o la protección contra incendios, entre otros. Sobre la fecha de su puesta en marcha en caso de que Garoña no reabra sus puertas, el CSN instó a este periódico a contactar con Nuclenor, que cuestionada al respecto no quiso realizar valoraciones.

Tras conocer esta semana la inclusión de esos 3,4 millones de euros en los Presupuestos generales para fortalecer la puesta en marcha del cementerio nuclear, el grupo ecologista Eguzki apuntaba que la noticia “evidencia un futuro acordado, escenificado y negro para Garoña”. “Se levanta el telón y el teatro ya tiene el siguiente acto anunciado. Si no se reabre la planta, las obras acometidas de las que tanto presume Nuclenor pueden ser para el almacenamiento de los residuos de otras plantas nucleares cuya vida se prolonga sine die”, denuncian.

“Engañando con discursos de rentabilidad y palabras bonitas se plantea una medida impopular y que mantiene el sistema energético, el negocio de Nuclenor y otros, anteponiendo los intereses del lobby nuclear a cualquier otro principio de seguridad, voluntad popular o modelo energético sostenible alternativo”, lamentan desde Eguzki, además de exigir a las formaciones políticas “un compromiso claro a favor del cierre definitivo y el desmantelamiento de Garoña, sin cementerio o almacén nuclear que los sustituya”.

acuíferosEl Almacén Temporal Individualizado (ATI) de Garoña fue adjudicado a la ingeniería Idom con un presupuesto inicial de 10,7 millones de euros. Un coste en el que sólo se incluían los primeros cinco contenedores encargados de albergar el material radiactivo, aunque el proyecto recoge la construcción de hasta dieciséis contenedores de almacenamiento -la capacidad máxima podría ampliarse a 32- levantados sobre dos losas sísmicas de hormigón. El silo de desechos nucleares de la planta burgalesa, ubicada a cuarenta kilómetros de Vitoria, se levantaría por cierto en un punto en el que bajo tierra sus aguas están conectadas de forma directa con el embalse subterráneo de la Llanada Alavesa, como la Diputación Foral de Álava denunció en junio del pasado año, cuando el Ayuntamiento burgalés del Valle de Tobalina concedió la licencia de obras para su construcción. Antes, en octubre de 2015, el Ministerio de Medio Ambiente concedía al proyecto la necesaria declaración de impacto ambiental favorable.

Sobre el papel, el almacén temporal de Garoña debería albergar los residuos en seco durante un máximo de diez años, en lugar de en la piscina como hasta ahora -donde se guardan 2.505 elementos combustibles- pero el límite de tiempo lo fijará en última instancia la puesta en marcha -si llega- del citado almacén temporal centralizado de Villar de Cañas, en Cuenca. Con cerca de una hectárea de ocupación, de la que 7.207 metros cuadrados estarán pavimentados e impermeabilizados, las dos losas tendrán sesenta centímetros de espesor y 800 metros cuadrados.

En una reciente entrevista a este periódico, la exministra socialista y actual consejera del CSN, Cristina Narbona, apuntaba que “en un par de años” los residuos nucleares de Garoña que actualmente están en la piscina “podrían estar ya en su almacén temporal en condiciones de seguridad”. Mientras tanto, los ojos continúan puestos todavía en el principal foco de atracción: la posible reapertura de la central.

las frases

El Consejo de Seguridad Nuclear declinó responder a este periódico sobre la puesta en marcha del almacén de Garoña al considerar que debe ser Nuclenor, que tampoco quiso responder, la que informe al respecto.

El colectivo ecologista mantiene que los 3,4 millones consignados en los presupuestos “evidencian un futuro negro” para la central.

la cifra

16

El almacén de residuos nucleares de Garoña contará con dieciséis contenedores, aunque en su fase inicial el proyecto sólo recoge el gasto que supondrán los cinco primeros. En total, el recinto tendrá capacidad para albergar hasta 32 contenedores.

las claves

El cierre definitivo de Garoña supondría un gasto de unos 600 millones, de los que Nuclenor pagaría 100

vitoria- Desmantelar definitivamente la central nuclear de Santa María de Garoña tendría un coste de alrededor de 600 millones de euros, de los que Nuclenor, propietaria de la planta participada a medias por Iberdrola y Endesa, debería sufragar cerca de 100 millones de euros. El resto correría a cargo de Enresa, la empresa nacional de residuos radioactivos.

De ejecutarse finalmente, el proceso de desmantelamiento de la central ubicada a cuarenta kilómetros de Vitoria tendrá que ser asumido en un primer momento por su titular, Nuclenor, y posteriormente con recursos públicos procedentes de Enresa. En el caso del gasto privado, en el que se inscribe la llamada fase de predesmantelamiento, Nuclenor acumula provisiones por valor de 106 millones de euros para esta actividad, según el último informe anual de la empresa.

Los responsables de la planta señalaban el mes pasado que las tareas de predesmantelamiento están en marcha y tendrán una duración de tres años, aunque advertían de que la situación puede ser “reversible” si se produce un cambio en las circunstancias que condujeron a las empresas a detener la actividad en 2012. De llegar a su fin, la fase de predesmantelamiento concluiría con la extracción del combustible de la piscina, momento en el que la sociedad estatal Enresa se haría cargo de la titularidad de la instalación y de la totalidad de los costes del desmantelamiento propiamente dichos.

En ese momento, Enresa debería asumir, a tenor de experiencias anteriores en la industria nuclear, un coste cercano a los 500 millones de euros. El desmantelamiento de las centrales nucleares se financia con el Fondo para la Financiación de Actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, cuyo importe, a cierre de 2016, ascendía a 4.968 millones de euros. De esa cifra, la mayor parte, 2.703 millones de euros, proceden de las aportaciones de los consumidores a través de la tarifa eléctrica, frente a 1.939 millones de aportaciones de las centrales nucleares.

Por el momento, con agosto como final del plazo del que el Gobierno central dispone para posicionarse sobre Garoña tras el informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear, la central burgalesa, con cerca de doscientos empleados sólo en Nuclenor, mantiene la incertidumbre sobre su futuro. - DNA

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