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El PP se abstuvo para no dar su apoyo a una propuesta unitaria

Todos los recursos parlamentarios contra la reapertura de Garoña

La cámara aprueba una iniciativa que faculta al legislativo a interponer recursos judiciales para evitar el reenganche de la planta

M. González Alex Larretxi - Viernes, 7 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:14h

Imagen de la manifestación que exigía el cierre de la central nuclear de Garoña el pasado 18 de marzo en las calles de Vitoria.

Imagen de una manifestación que exigía el cierre de la central nuclear de Garoña el pasado 18 de marzo en las calles de Vitoria.

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Imagen de la manifestación que exigía el cierre de la central nuclear de Garoña el pasado 18 de marzo en las calles de Vitoria.

los hechos

Antecedentes. Iberdrola es copropietaria al 50% de Nuclenor, que es quien opera la central de Santa María de Garoña. El presidente de esta multinacional eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, reconoció hace unos días en el transcurso de la asamblea general de accionistas que el recinto de la discordia no es viable económicamente y que trasladará a su socio en Nuclenor, la también multinacional Endesa, la necesidad de desistir en solicitar los permisos para volver a operar el complejo nuclear.

Marco regulatorio. Las palabras del alto ejecutivo llegaron ante un auditorio repleto de accionistas y con los medios de comunicación dispuestos a grabar y a transmitir unas buenas nuevas que, en síntesis, aclaran, negro sobre blanco, que el actual marco impositivo y regulatorio que han de cumplir las empresas de generación eléctrica nuclear hacen inviable económicamente poner en marcha Garoña.

Respuesta de Castilla. La Junta de Castilla y León no va a participar en la “ceremonia de la confusión” que se está produciendo en torno al futuro de Garoña y aseguró ayer en un comunicado que no puede valorar las razones aducidas por Iberdrola para cambiar su criterio y posicionarse ahora por el cierre de la planta ya que esta compañía “no ha tenido aún la deferencia de comunicar directamente” al gobierno regional las causas de este cambio de postura.

vitoria- Ahora que la continuidad de la central nuclear de Garoña está más en entredicho que nunca, con uno de los dos socios de su operadora dispuesto a cerrar el complejo, el Parlamento Vasco decidió ayer rearmar su capacidad jurídica y judicial para hacer frente al Gobierno central si al final éste decide ordenar la reapertura de la planta atómica ubicada en el burgalés Valle de Tobalina, municipio que linda con varias comarcas alavesas y que dista apenas 40 kilómetros de Vitoria. En concreto, el Parlamento Vasco aprobó una iniciativa en la que asume el compromiso de emplear “todos los recursos a su disposición” para impedir la reapertura de la central. Así, en caso de que el ejecutivo liderado por Mariano Rajoy acuerde la orden de reapertura, la disposición aprobada ayer faculta a la Mesa de la cámara a ordenar a los servicios jurídicos parlamentarios la interposición de recursos en contra de la resolución de apertura.

Finalmente, la iniciativa salió adelante con el apoyo de todos los grupos -con la excepción del Partido Popular (PP), que se abstuvo-, que votaron a favor de la iniciativa que presentó EH Bildu. Ésta hacía referencia al informe elaborado por la dirección técnica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) -organismo competente en España en materia de seguridad nuclear y protección radiológica-, que concluye que la central podrá volver a operar, condicionando la reapertura a una extensa lista de inversiones en materia de seguridad.

Según recoge la iniciativa, cabe recordar que el pasado 2 de febrero el Parlamento Vasco aprobó una proposición no de ley exigiendo el cierre definitivo de Garoña y en la que se incluía que los servicios jurídicos de la cámara estudiaran las posibles acciones jurídico-administrativas a emprender. El informe, elaborado por aquéllos, señala que el Parlamento puede interponer un recurso contra el informe del CSN. Por ello, en la iniciativa aprobada ayer, la cámara vasca asume el compromiso de emplear “todos los recursos a su disposición para impedir la reapertura” y acuerda interponer el recurso para “anular” la resolución del CSN.

Asimismo, en caso de que el Ministerio de Energía acordara la orden de reapertura de Garoña, el Parlamento faculta a la Mesa de la cámara a ordenar a los servicios jurídicos la interposición de recursos en contra de la resolución. Finalmente, el texto advierte de que la reapertura de Garoña sería “grave e inaceptable” y, en consecuencia, insta al Gobierno central a no volver a autorizar la reapertura de la central nuclear.

Debate político Durante el debate, según apunta Europa Press, el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero acusó al PP de “cercenar la posibilidad de la ciudadanía a expresarse”, y advirtió de que, si el Gobierno de Rajoy continúa con la misma actitud, va a llevar a la ciudadanía a un “problema” por “facilitar la apertura de Garoña o de las siguientes centrales” y por “tomar decisiones de espaldas a la ciudadanía en el oscuro órgano que es el Consejo de seguridad Nuclear”. También acusó al PP de “empeñarse en decir que no hay novedades” y le acusó de no querer escuchar. “¿Ustedes están a favor o en contra de la reapertura? No me ha quedado claro”.

El parlamentario del PNV Juan Carlos Ramírez-Escudero reconoció que “no es habitual” que una asamblea legislativa se persone como parte en un procedimiento administrativo, pero indicó que el Parlamento tiene “plena legitimación” para personarse “como depositario del mandato de los vascos y en defensa de los intereses colectivos”.

Desde Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra criticó que el Gobierno central “no ha hecho nada en estos años” para cerrar la central y agradeció la “diligencia y profesionalidad” de los servicios jurídicos de la cámara a la hora de “concretar las vías más adecuadas para hacer frente al entramado jurídico-administrativo que el propio oligopolio eléctrico y sus puertas giratorias han ido urdiendo entorno a la reapertura y que han quedado al descubierto en el informe”.

La parlamentaria del PSE Natalia Rojo defendió que la iniciativa de EH Bildu responde a la posibilidad de la cámara de personarse “en el caso de que al PP se le ocurra continuar con la reapertura de Garoña y acudir a un procedimiento administrativo”. Rojo defendió que el Consejo de Ministros “puede poner punto y final a la reapertura de Garoña”, ya que es “el secretario de Estado quien puede decir lo que puede pasar con la central”.

El parlamentario del PP Carmelo Barrio afirmó que “hoy estamos más cerca que nunca del cierre de Garoña y de su desmantelamiento”, y recordó que, en la actualidad, la central nuclear está cerrada, por lo que no ve “ninguna novedad en el trámite político o jurídico”.

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