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Editorial

La Audiencia Nacional a debate

Los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el Código Penal o la aprobación de la ‘Ley Mordaza’ han puesto en cuestión derechos democráticos y supuesto una regresión en las libertades fundamentales

Domingo, 2 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:14h

la condena a un año de cárcel por unos tuits irónicos sobre Carrero Blanco a la joven Cassandra Vera ha desatado una nueva oleada de indignación social y política. La Audiencia Nacional considera que esos mensajes en la red social constituyen un delito de humillación a las víctimas. Un exceso más que arrastra las consecuencias de la devaluación de una justicia garantista y democrática. Los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el Código Penal o la aprobación de la Ley Mordaza han puesto en cuestión derechos democráticos y supuesto una regresión en las libertades fundamentales de las personas. Todo ello ha creado una bomba de relojería jurídica que jueces y fiscales de la Audiencia Nacional utilizan ahora para perseguir la libertad de expresión y el humor como instrumento de crítica o cualquier disidencia con la verdad oficial. En pocos meses se ha encarcelado, juzgado y absuelto a titiriteros, cantantes, músicos y decenas de personas han sido detenidas y juzgadas con penas de cárcel o multas exorbitadas por participar en manifestaciones. Sin olvidar la acusación de presunto terrorismo contra ocho jóvenes de Alsasua o la misma tipificación penal para los detenidos, entre ellos un menor, tras los altercados callejeros en Iruñea. Es evidente que ambos hechos no son similares, pero ni uno ni otro son hechos terroristas. De hecho, es una de las claves de esta deriva judicial: desde que ETA anunciase su renuncia a la violencia en 2011, las condenas por delitos de exaltación del terrorismo o de humillación a las víctimas se han multiplicado. Se ha pasado del todo es ETA al todo es terrorismo. La Audiencia Nacional es un órgano de excepción y excepcional en el ordenamientos jurídico europeo. La excepción ha venido argumentada por ser un instrumento más, en este caso jurídico, en la lucha contra ETA, un discurso que ha servido para justificar los errores y asaltos a las líneas rojas que marcan la diferencia entre una justicia democrática y garantista en un Estado de Derecho de la que no lo es. Ahora la Audiencia Nacional persigue a tuiteros, cantantes, titiriteros, jóvenes y manifestantes en un intento por sobrevivir al fin de ETA. La defensa de la salud de la democracia debiera abrir el debate sobre su continuidad. Será bueno para la justicia garantista propia de un Estado de Derecho y bueno para agilizar una justicia anquilosada en la lentitud, que es otra forma de injusticia.

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