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desafío soberanista en catalunya

Madrid abre un frente judicial contra el referéndum y señala a Puigdemont

El Gobierno advierte de las consecuencias “penales” si la Generalitat desoye al Constitucional al no parar la consulta

Sábado, 1 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:15h

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras. (EFE)

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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras.

madrid- Venía advirtiendo de la posibilidad de presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional. Y el Gobierno español cumplió ayer sus amenazas. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó que recurrirán los presupuestos de la Generalitat por incluir partidas destinadas al referéndum soberanista. El Consejo de Ministros dio luz verde a la interposición de la suspensión automática, a la vez que apuntaron directamente hacia el president Carles Puigdemont y diversos altos cargos del Govern. Si no dan marcha atrás podrían verse apercibidos por la vía penal por incurrir en desobediencia. Puigdemont respondió que la colocación de “palos en las ruedas” del procés“no podrá evitar” que los catalanes acudan a las urnas.

A pesar de que esta misma semana Rajoy había tratado de tender puentes al entendimiento al presentar un paquete de inversiones para Catalunya, la maniobra de Moncloa vuelve a tensar la cuerda entre Madrid y la Generalitat y, de paso, ahonda en el frente judicial contra el proceso soberanista. El recurso de inconstitucionalidad, en concreto, insta a tumbar la disposición adicional 40 del presupuesto en la que se incluye garantizar los recursos necesarios para hacer frente a la consulta que el Govern confía en celebrar este otoño. Además, pide suspender tres partidas que facilitan la participación ciudadana y los procesos electorales, valorados en 5,8 millones de euros. Puigdemont desoirá el órdago del Gobierno español. “Plantaremos cara a estos recursos, pero eso no obstruirá la acción del gobierno de la Generalitat en todos y cada uno de los aspectos que forman nuestro plan de gobierno”, afirmó.

Sáenz de Santamaría, responsable máxima de Rajoy para los asuntos territoriales, reclama la suspensión automática de los preceptos impugnados del Presupuesto catalán aprobado la pasada semana gracias a los votos favorables de Junts pel Sí y la CUP. Esta condición aparejaría que las partidas podrían anularse incluso antes de que la Justicia decida sobre su legalidad. Asimismo, apuntó que los responsables del Govern serán notificados “personalmente”. En esa lista con nombres y apellidos no solo se incluye a Puigdemont y sus consellers, sino que también entran algunos miembros de su consejo, los secretarios del Govern y de la vicepresidencia, la interventora de la Generalitat y los directores de contratación pública y presupuestos. Ellos serían las personas encargadas de “autorizar y llevar a cabo actos de ejecución presupuestaria”. Si desobedecieran al Constitucional, la vicepresidenta alertó de que sobre ellos recaería “el apercibimiento de las correspondientes responsabilidades, incluso penales”.

La notificación advierte “a todos” los implicados de su “deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”, y que se “abstengan” de hacer acuerdo alguno de disposición de las partidas impugnadas o de dictar cualquier tipo de acuerdo de modificación de las cuentas públicas catalanas para poder sufragar el referéndum. De hecho, la propia Sáenz de Santamaría dejó caer que un nuevo proceso judicial podría emular al padecido por Artur Mas y sus exconsellers Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs, todos ellos inhabilitados tras desoir la paralización de la consulta del 9-N por parte del Tribunal Constitucional.

“Creo que cuando los propios letrados del Parlamento catalán advierten de que esto es inconstitucional, no es necesario que se lo diga nadie más. No van a ningún sitio y lo que es más importante, cada vez les acompaña menos gente”, ahondó Sáenz de Santamaría. Asimismo, argumentó que el poder público catalán “ha actuado al margen de la legalidad una vez más”, por lo que se han visto “obligados” a impugnar las cuentas. Eso sí, lo harán echando mano de la facultad constitucional del Ejecutivo, lo que diferenciará este recurso de los que han anunciado los grupos del PPC, PSC y C’s. Lo que el Govern debería de hacer es “eliminar” las partidas para el referéndum y “dedicarse a representar a los catalanes, ejerciendo las competencias que le atribuye el Estatuto de Autonomía”, proclamó.

“Absurdo” La presentación del recurso se une a la investigación abierta por la Fiscalía Superior de Catalunya sobre los preparativos del referéndum. Puigdemont, aún así, no dará marcha atrás. Desde Estados Unidos, donde ayer culminó su visita institucional, se reafirmó en que colocarán las urnas por ser “un compromiso que contrajimos con los electores y en el Parlament”. Calificó de “bastante absurdo” que el Gobierno español trate de tumbar la posibilidad de convocar consultas ciudadanas, cuando “constitucionalmente tengo la facultad de convocar elecciones en el momento que me parezca oportuno”.

El president enclavó las advertencias del Gobierno español en la errática política de Rajoy viene para con la cuestión catalana. “No ayudan a solucionar el problema, sino que lo empeoran”, asumió. Por ello, reclamó que lejos de ser un impedimento busque “formar parte de la solución”, ya que no se trata de un proyecto personal o partidista, sino de “la voluntad del pueblo de Catalunya”. “Las advertencias ya las tenemos, las iremos acumulando (...) Hemos ido a las elecciones, hemos presentado un programa electoral que la gente ha votado. ¿Qué esperan que hagamos? ¿Que renunciemos a todo esto?”, se cuestionó.

El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, por su parte, apuntó que “siempre” defenderán, “como siempre hemos defendido y defenderemos, los intereses de nuestros ciudadanos”, y recordó que las cuentas “incrementan en 1.355 millones de euros el gasto social”. - DNA / Agencias

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