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Informe Anual de la Institución

El Ararteko dice estar "desbordado" ante las más de 8.200 quejas recibidas en 2016

Manuel Lezertua presentará "de manera inminente" un informe diagnóstico sobre la RGI

EP - Miércoles, 29 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 13:14h

El ararteko, Manu Lezertua, entrega a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, el informe anual de esta institución.

El ararteko, Manu Lezertua, entrega a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, el informe anual de esta institución. (EFE)

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El ararteko, Manu Lezertua, entrega a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, el informe anual de esta institución.

El ararteko, Manuel Lezertua, ha afirmado este miércoles que Defensoría del Pueblo vasco está "algo desbordada" por el incremento de las quejas y consultas presentadas por los ciudadanos, que en 2016 casi alcanzaron las 8.200, la mayoría de ellas relacionadas con las prestaciones sociales de contenido económico, con reclamaciones por "el mal funcionamiento" de Lanbide y a su gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

GASTEIZ. Lezertua ha entregado a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, el Informe Anual de la Institución que dirige y posteriormente, ha comparecido ante los medios de comunicación para hacer un balance de su actividad en 2016.

Según ha informado, a lo largo de 2016 se han atendido un total de 10.958 actuaciones, lo que supone un incremento del 23% respecto al año anterior. De ellas, 8.171 corresponden a quejas presentadas ante el Ararteko y se ha iniciado la tramitación de 34 expedientes de oficio. "Estamos algo desbordados por el incremento de las quejas y consultas presentadas por los ciudadanos que alcanzan a las 8.200", ha reconocido.

En este sentido, ha detallado que "respecto al año 2010, en el que se comenzaron a visibilizar los efectos más graves de la crisis, se ha producido un incremento de quejas ciudadanas de un 70%, debido a múltiples razones, pero, principalmente, al gran peso de las quejas relativas a las prestaciones sociales de contenido económico".

Durante el año 2016, se han resuelto 1.652 expedientes de queja y se han dictado 1.299 resoluciones. En 538 casos existía alguna actuación incorrecta de la administración afectada --en cerca del 46% de ellos, porcentaje ligeramente superior al del año anterior (43%)-- y no se ha detectado actuación incorrecta alguna en un porcentaje cercano al 54% de los expedientes analizados.

Además, ha informado de que la administración afectada ha corregido y modificado la actuación que originó la reclamación en el 93% de los supuestos y en la mayoría de los casos no se ha precisado la emisión de una recomendación formal por parte del Ararteko.

En este sentido, ha destacado el "alto grado de respuesta" del Ayuntamiento de Bilbao y de los Departamentos de Educación y de Medio Ambiente del Gobierno vasco, y en el extremo contrario, la falta de respuesta de los ayuntamientos de Arrazua-Ubarrundia (Araba) y de Zierbena (Bizkaia).

LANBIDE Y RGI

En función del área temática con la que se relacionan las quejas presentadas, Lezertua ha explicado que han aumentado las reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social con 790 frente a las 755 de 2015. "Están lejos de las quejan registradas por este motivo en 2012 que ascendieron a 1.100 pero hay que reconocer que las quejas son más complejas y están volviendo a subir como constatamos ya el año pasado", ha indicado.

En concreto, el 96% de ellos se refieren a problemas diversos relacionados con el "mal funcionamiento" de Lanbide y a sus actuaciones en materia de gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), así como de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

Al respecto, ha señalado que existen muchas quejas, lo que genera un trabajo "muy importante" en la Defensoría, aunque ha destacado que Lanbide ha realizado "progresos muy importantes, muchas veces siguiendo las recomendaciones del Ararteko". "Nosotros mantenemos con Lanbide una relación fluida para que vaya mejorando", ha indicado.

En este sentido, ha avanzado que el Ararteko va a presentar "de manera inminente" al Gobierno vasco un informe diagnóstico sobre la experiencia de la Defensoría en la última legislatura en relación con la RGI. "Pensamos que esto puede ayudar a comprender las cosas que no funcionan o que lo hacen insuficientemente bien y que se puedan corregir", ha señalado.

Lezertua ha recordado que desde el Ejecutivo están trabajando para reformar el sistema de protección social y ha reconocido que Euskadi cuenta con una legislación "compleja" que impone "condiciones y requisitos", de forma que "no se da la RGI a cualquiera".

"Esta legislación lleva a que en ocasiones se produzcan discrepancias porque la personas piensan que tienen derecho pero Lanbide se lo suspende porque considera que no ha presentado determinada documentación o porque considera que ha cobrado demasiado, y toda esta gestión de los ingresos indebidos son las cuestiones que más casos genera", ha explicado.

Tras defender que la RGI ha sido un instrumento "muy potente para reducir y paliar la incidencia de la pobreza en este país", ha señalado que "debe ser motivo de satisfacción que la solidaridad de los vascos haya permitido evitar que caigan en desprotección un número importantes de personas y de niños que sin la RGI no hubieran podido pasar esta crisis con la dignidad humana que se requiere".

HUELLA DIGITAL

Preguntado por la posibilidad de que se incluya la huella digital en la gestión de Lanbide, Lezertua ha recordado que los perceptores de las ayudas son personas "en riesgo de exclusión o en exclusión" por lo que ha defendido que cualquier medida que se adopte "no debe ser aplicada de manera que estigmatice a quienes ya llegan estigmatizados por situaciones de pobreza".

Lezertua ha señalado que este sistema de huella digital "no está relacionado con la lucha contra el fraude" y ha recordado que los datos de Lanbide indican que estos casos "son muy bajos y no llegan al 1%".

Además, ha aclarado que los pagos indebidos "en muchas ocasiones no se derivan de pagos a personas que han defraudado o escondido documentos o datos" sino que se producen por la propia gestión de Lanbide que "va por detrás de la gestión de los ingresos que se reciben por parte de otras fuentes, y a veces, necesita un tiempo para adaptar las cantidades". "Si paga demasiado un mes, al siguiente debe reclamarlo y esta es la inmensa mayoría de los cobros indebidos que se plantean", ha concretado.

DERECHOS SOCIALES

Otras áreas que presentan una elevada actividad son las de educación, vivienda, régimen jurídico, bienes y servicios de las administraciones públicas o hacienda, personal de las administraciones públicas y seguridad. Según ha explicado, más del 53% de los expedientes de queja tramitados por el Ararteko tienen relación con derechos sociales.

También las quejas escritas referidas a los colectivos de atención pública constituyen un número importante de las gestionadas en 2016. En torno al 42% de dichos expedientes --incluyendo los del área de inclusión social-- guardan relación con las políticas públicas dirigidas a garantizar la igualdad real y efectiva de todas las personas.

Según los datos sobre la proporción de los expedientes tramitados que afectan a cada una de las administraciones, al igual que en años anteriores, el Gobierno vasco ha sido la administración contra la que más reclamaciones escritas se han dirigido en 2016 (cerca del 65%), y han descendido ligeramente las referidas a actuaciones de los ayuntamientos vascos (24%).

El Ararteko ha anunciado que "próximamente" va a presentar un informe diagnóstico sobre la accesibilidad de los hospitales vascos para las personas con discapacidad;también trabaja en la implantación, asentamiento y supervisión de los servicios y programa de mediación;y está elaborando un informe sobre la transición en Euskadi a un modelo energético más sostenible y con menores emisiones de carbono.

Por último, ha destacado el número de expedientes en los que se tiene constancia de la presencia de niños, niñas y adolescentes alcanza en 2016 la cifra de 521, 1 de cada 5 de los presentados en la institución del Ararteko. La distribución de estas reclamaciones por áreas muestra que el 40% se refieren a situaciones de precariedad económica en las que se encuentran sus familias.

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