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La justicia castiga el ‘procés’ catalán al inhabilitar a Mas por la consulta del 9-N

El Tribunal Superior de Catalunya concluye que el expresident catalán, Rigau y Ortega desobedecieron al Constitucional

Humberto Unzueta - Martes, 14 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:14h

Artur Mas, acompañado ayer de las también condenadas Irene Rigau y Joana Ortega, y junto al president del Govern, Carles Puigdemont.

Artur Mas, acompañado ayer de las también condenadas Irene Rigau y Joana Ortega, y junto al president del Govern, Carles Puigdemont. (Foto: Efe)

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Artur Mas, acompañado ayer de las también condenadas Irene Rigau y Joana Ortega, y junto al president del Govern, Carles Puigdemont.

Barcelona- El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha concluido que el expresident de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau desobedecieron “consciente y deliberadamente” el mandato del Tribunal Constitucional (TC) al mantener la consulta participativa sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 en el que finalmente votaron 2,3 millones de catalanes pese a la orden de suspenderla. La sentencia hecha pública ayer condena por desobediencia a Mas a dos años de inhabilitación;a Ortega, a un año y nueve meses;y a Rigau, a un año y seis meses. En la práctica supone una advertencia al gobierno de Carles Puigdemont ya que con este castigo al expresident establece jurisprudencia de cara al referéndum independentista que pretende convocar antes de octubre de este año.

Los tres magistrados de la sala que ha estudiado el caso recalcan que el proceso judicial contra Mas, Ortega y Rigau no es por la convocatoria del proceso participativo -que se anunció el 14 de octubre- “ni tampoco sobre la colocación de urnas, como interesadamente se ha querido hacer ver”, y aseguran que se juzga la desobediencia de una orden del Constitucional. Los tres condenados tienen cinco días para interponer un recurso al Tribunal Supremo, instancia a la que le corresponde imponer la sentencie firme.

El tribunal de la Sala Civil y Penal del TSJC, presidida por Jesús María Barrientos, rechaza el argumento de las defensas de que el proceso participativo estaba en manos de los voluntarios: “Esos voluntarios estuvieron siempre bajo el control organizativo del Govern de la Generalitat”, asegura la sentencia. Detalla que los tres desoyeron la suspensión cautelar y sostiene que alegar -como hicieron los acusados en juicio- que todo quedó en manos de voluntarios “no se sostiene a partir de la verificación de la ingente, por no decir frenética, actividad preparativa”.

La sentencia también rebate el argumento de Artur Mas de que no recibió una orden concreta y personal de suspensión, y expone en la sentencia que la providencia del TC era “una orden directa meridiana y explícita del proceso participativo”. No obstante, descarta que los acusados cometieran un delito de prevaricación administrativa -como sí pretendía el fiscal- porque no identifica “un acto objetivamente injusto” -condición que requiere este tipo delictivo- más allá de su voluntad de desobedecer al Constitucional.

El TSJC considera que el no haber suspendido los preparativos de la consulta y la misma convocatoria del proceso participativo fueron actos ilegales “por desborde competencial”, pero que los condenados no tenían por qué saberlo en el momento de realizarlos porque todavía no se había pronunciado al respecto el alto tribunal.

La inhabilitación del expresident de la Generalitat y las exconsellers trunca aún más la denominada operación Diálogo que trata de llevar a efecto la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, con el fin de evitar el choque de trenes entre ambos ejecutivos al que parece abocado el procés soberanista. Una maniobra del Ejecutivo Rajoy que no tiene en cuenta la oferta de Puigdemont de un referéndum de independencia pactado entre ambos ejecutivos que también incluiría una pregunta formulada por el Gobierno español. Frente a esta posibilidad, Madrid blande el artículo 155 de la Constitución que prevé la suspensión de la autonomía.

Mas aseguró que no se “arrepiente” de la consulta del 9-N por la que ha sido inhabilitado y recurrirá hasta las instancias judiciales europeas. En rueda de prensa expresó su “plena serenidad y disconformidad” con la condena. “Es una sentencia que no tocaba y está cogida con fórceps. No es una sentencia que corresponda a un estado que se piense democrático”, aseveró. El expresident ha aseverado que en España “se persigue a la gente por sus ideas. España tiene la democracia amputada”.

El dirigente del PDeCat fue más allá en su crítica y señaló que “en España no todos somos iguales ante la ley”. Se refería Mas al hecho de que “el Gobierno español ha desobedecido sentencias del Tribunal Constitucional hasta decir basta, se ha pasado sentencias por el forro” y, sin embargo, el “único proceso abierto” ha sido a cuenta del 9-N.

Posteriormente, en una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, Puigdemont avisó de que “lo que la justicia española acaba de condenar lo indultará el pueblo de Catalunya votando en el referéndum”, que situó “entre finales de verano y principios de otoño”, descartando así la posibilidad de adelantarlo a antes del periodo estival. La proximidad de los domingos 10 y 17 de septiembre con la Diada de Catalunya, del día 11, los convierte en días improbables para la celebración del referéndum.

El vicepresidente del Govern catalán, Oriol Junqueras, subrayó que mantienen su “compromiso absoluto” con la convocatoria de un referéndum en septiembre pese a la sentencia. Destacó que esta situación no impedirá que el Gobierno catalán siga defendiendo su hoja de ruta “sin renunciar a acudir a instituciones internacionales ni dialogar con los ciudadanos españoles”.

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